En un nuevo capítulo de “Tierra de Nadie”, programa emitido ayer por el canal GEN, el equipo de investigación del Grupo Nación comprobó “el negocio con la salud” de algunos sanatorios privados al incurrir en el sobrecosto del servicio de terapia intensiva para pacientes con COVID-19 pese a existir una ley de gasto cero sancionada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo.

Los gastos generados durante la etapa crítica de la enfermedad pueden llegar a ser tan altos que fácilmente en 10 días de internación la cuenta hospitalaria llega hasta los G. 240 millones. Para que el sufrimiento de la familia no alcance un grado miserable, el espíritu de la Ley N° 6742/2021, “De gasto cero”, contempla la cobertura de medicamentos, insumos y los estudios y diagnósticos, durante la hospitalización en dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y en los sanatorios privados que se acojan a la norma.

Sin embargo, con las investigaciones del Grupo Nación se constató que algunos sanatorios privados no comunicaron al Ministerio de Salud la atención en sus unidades de terapia intensiva a pacientes con cuadros graves de COVID-19. Esta inacción ocasionó que la cartera estatal no pueda absorber la deuda generada, recayendo en su totalidad en la familia del paciente.

Más de 15 son las denuncias por sobrecostos en los centros asistenciales. Según la Superintendencia de Salud, el factor común en todos los casos es el no acatamiento de la Ley de Gasto Cero para pacientes internados por coronavirus, por más que exista un convenio entre el Ministerio de Salud y el sector privado. “Directamente no se cumple con la ley”, explicó Fredy López, asesor jurídico de la superintendencia del Ministerio de Salud.

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Un caso de sobrecosto se registró en Ciudad del Este, en el Sanatorio Santa Lucía, ubicado en el kilómetro 4 de la supercarretera Itaipú. Allí estuvo internada en terapia intensiva a causa del coronavirus desde el 9 de junio la fiscala Lolia Zunilda Martínez hasta el martes 6 de julio, día en que falleció. Solamente por aproximadamente 10 días de internación el total de gastos fue de G. 240 millones, se pudieron pagar G. 112 millones, quedando una deuda de G. 130 millones. La denuncia hecha por la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay señala que el sanatorio aparentemente se desentendió para que no se acoja a los beneficios de la Ley de Gasto Cero.

Continuamos en el departamento de Alto Paraná, en la ciudad de Presidente Franco, donde Blas Alcides González ingresó a terapia intensiva del sanatorio Sagrada Familia por 10 días falleciendo a causa de las complicaciones por coronavirus. La deuda de internación alcanzó los G. 200 millones. Su familia consiguió pagar G. 140 millones y firmó un pagaré por G 40 millones.

Solicitamos hablar con los directivos, pero Mirtha Colmán, una de las propietarias, no quiso dar declaraciones ante las cámaras de TDN.

La denuncia por sobrecosto en la internación llegó a la Superintendencia de Salud. Se solicitó un informe al sanatorio que remitió un contrato privado firmado por la viuda, en donde se acuerda la devolución de G. 66 millones y el pagaré, hecho reconocido por el propietario del sanatorio, Carlos César Gómez Martínez.

Desde la Asociación de Sanatorios Privados indicaron que Santa Lucía no forma parte de su organización, compuesta por 30 centros asistenciales que, a causa del colapso sanitario de salud pública, reciben a los pacientes de coronavirus en sus salas de terapia intensiva y comunes gracias a un convenio de cooperación firmado el año pasado, por el cual se cubría hasta G. 13 millones por día a cada paciente.

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El sanatorio Samaritano de Asunción también estuvo envuelto en escándalos tras la denuncia de sobrecostos realizada por Karen Benítez, cuyo padre falleció a causa del coronavirus en una de las salas de terapia intensiva de ese hospital. Allí, para entregar el cuerpo, le exigían el pago de la deuda, que ascendía a G. 180 millones. Lo llamativo del caso son los 27 salarios mínimos a pagar en concepto de honorarios médicos.

Jorge Zarza, médico y presidente de la Asociación de Sanatorios Privados, explicó que es “muy difícil que un médico pueda cobrar 27 salarios mínimos como honorario”.

Así como hubo personas que padecieron los sobrecostos, otras tuvieron una “buena experiencia con el COVID Gasto Cero, pero debemos consolidar sus tres aristas, que son el correcto funcionamiento, sostenibilidad en el tiempo y facilitar el pago a los sanatorios privados, porque si cierran son camas con las que dejamos de contar para la población”, señaló el diputado Raúl Latorre, proyectista de la ley.

En representación del Ministerio de Salud, el Dr. Ángel Núñez, director de terapias, confirmó que se tendrán recursos solo hasta fines de agosto, ya que se agotaron los fondos de emergencia (parte del préstamo de 1.600 millones de dólares) aproximadamente casi G. 100 mil millones y ahora ejecutarán los 30 millones de dólares provenientes de readecuaciones, reprogramaciones presupuestarias y de los fondos sociales de las binacionales. A este ritmo 20 millones de dólares mensuales cuesta al Estado esta ley de gasto cero, tanto en terapia como camas comunes.

Lo cierto y concreto es que mientras la pandemia perdure, existirán casos leves y graves de la enfermedad, seguirán registrándose muertes en los hospitales y si no se logra afianzar la sostenibilidad de esta ley, las familias cargarán con el peso de las deudas hospitalarias.

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