Hoy a las 9:30, en el Palacio de Justicia, fueron convocados los representantes del Grupo Nación de Comunicaciones y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en el marco de la demanda por desacatado planteada por el periodista Jhojhanni Vega Fiorini contra la hidroeléctrica, que no entregó todas las documentaciones solicitadas, pese a que existe una resolución judicial que lo ordena.
La reunión fue establecida por la jueza Alice González, a modo de ordenar la documentación para tener la certeza sobre la existencia del delito de parte de la hidroeléctrica, luego de que la administración de Nicanor Duarte Frutos se resistiera a entregar sus rendiciones de cuentas. Cabe recordar que la magistrada había dado un plazo, que ya feneció, para que el equipo de Duarte Frutos entregue toda la documentación.
Cabe destacar que hasta la fecha, luego de ocho meses del pedido del comunicador vía acceso a la información pública, la EBY no ha facilitado la copia de todos sus contratos y convenios. Tampoco proveyó la fecha de la firma de esos contratos, el objeto, los montos involucrados, la o las personas físicas que firmaron los acuses de recibo del dinero y/o de los bienes, con sus datos personales completos, plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas de lo pagado o entregado.
Este medio corroboró que existe información de muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que rindieron cuentas a la EBY de lo recibido por transferencias económicas durante los años 2019 y 2020, lo cual implica, definitivamente, que esas rendiciones de cuentas se encuentran en poder de Yacyretá. De hecho, fueron los mismos beneficiarios de estas transferencias quienes aclararon que entregaron la documentación al ente.
Teniendo en cuenta esto último y debido a que la EBY no presentó la información faltante, dentro del plazo previsto, el periodista demandó a la entidad por el delito de desacato. En este sentido, hay que señalar que el delito conlleva una pena privativa de libertad de hasta cinco años, dado que el juzgado intimó a la EBY bajo apercibimiento concreto, lo que significa que si no cumple con lo exigido en la comunicación, se da paso a una sanción.
También es importante resaltar que la EBY aún no ha remitido la totalidad de los datos sobre transferencias económicas realizadas. Haciendo un cruce de datos entre lo publicado en el portal web y lo remitido al correo, se observa que existen varios gastos hechos por la entidad que no se hallan dentro de los diferentes listados enviados al mail.
En realidad, Yacyretá solo ha compartido parte de la información, ya que, de acuerdo a una investigación anterior de este medio, son más de US$ 70 millones los que ya se repartieron en ayuda social, según lo publicado en la web de la binacional, y solo se ha subido información por valor de G. 7.178 millones (US$ 1,1 millones).