Dinero circulante en total clandestinidad; Conajzar confirma que no tienen registros de transferencias de los municipios en concepto de ingresos provenientes de la explotación del juego que copa veredas, comercios e inmediaciones de instituciones en detrimento de la protección a la población vulnerable, como los menores de edad.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@gruponacion.com.py

Un esquema de inter­mediación a tra­vés de pequeños comercios como kioskos, almacenes, bodegas, polle­rías sostiene el negocio de las máquinas tragamone­das que pululan en el país y que mueve miles de millo­nes de guaraníes, sin apor­tar al tesoro público. “Tierra de nadie” reveló anoche cómo operan los “microempresa­rios” dueños de las cajitas luminosas que se manejan en el anonimato en connivencia con funcionarios de las muni­cipalidades.

Un negocio que desde hace una década, aproximada­mente, es boom por su pro­liferación a nivel nacional y genera millonarias ganan­cias sin aporte alguno al Estado, confirmado por la misma Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conaj­zar). El rubro se maneja en la absoluta clandestinidad con el guiño de las munici­palidades que en su mayoría declaran la guerra a la nueva modalidad de explotación de máquinas tragamonedas por parte del órgano de control, dependiente del Ministerio de Hacienda.

El negocio tiene tanto éxito de expansión que hasta ocu­pan peluquerías y estacio­nes de servicio, según pudi­mos visualizar en nuestros recorridos.

El año pasado, la Conajzar emitió una resolución, la número 34, por la cual “se autoriza la nueva modalidad de explotación con interven­ción en la operación del juego de azar de máquinas electró­nicas tragamonedas en loca­les cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar, de conformidad con el artículo 1° del Decreto N° 6206/99 y se aprueba el proyecto de regu­larización presentado por la firma Icrop SA”.

Los primeros censos esti­man que en el país existen unas 150 mil máquinas traga­monedas que, por lo bajo, en los peores momentos rinden ganancias de G. 2 millones al mes. Mediante consultas realizadas de manera encu­bierta por nuestro equipo de investigación, incluso confir­mamos que el lucro se puede duplicar, es decir, llegan hasta G. 4 millones a G. 5 millones en un mes. De aquí el cálculo de los G. 300 mil millones al mes del circulante en negro en el sector.

No tenemos registros de ingresos en concepto de este juego en particular, confirmó la abogada de la Conajzar, María Galván. De los más de 250 municipios existentes en el país, solo tres informa­ron que han tenido ingresos por autorizaciones otorga­das para explotación de jue­gos de azar, sin discriminar por tipo de juegos, y realiza­ron transferencias ínfimas al tesoro público en los últimos 3 años, según confirmaciones recibidas del ente de control.

El esquema funciona así: los propietarios de las máquinas tragamonedas se manejan en el anonimato, utilizan a los comerciantes para la explo­tación de las mismas y les pagan una comisión de las ganancias. Detrás de este trato están los recaudado­res municipales que pasan a cobrar “impuestos o canon”, de vez en cuando, sin ningún documento o factura de por medio, según datos apor­tados por los intermedia­rios y algunos dueños de las máquinas.

En visitas realizadas a bode­gas, peluquerías y almacenes en Ñemby y Fernando de la Mora, por ejemplo, los comer­ciantes señalaron que funcio­narios de la municipalidad, entre los cuales sobresalió un tal “Rodney”, van y pegan una calcomanía por las máquinas y cobran G. 100 mil por cada una. Se destacó incluso el “buen corazón” de “Rodney” y otros recaudadores, ya que en la pandemia hicieron una suerte de precio combo para el cobro de “canon”, con des­cuentos de los mismos, reba­jando los pagos de G. 500 mil a G. 300 mil por 5 máquinas.

Nadie sabe de los cobradores de “impuestos”, más que sus apodos o nombres sin apelli­dos y al parecer tampoco les importa mucho a quien dan el dinero. (Ver en el canal de GEN en Youtube).

Además de la informali­dad del negocio, existe un alto nivel de exposición de menores, que caen en el vicio debido al descontrol en la explotación del juego. Sobre el punto, la ministra de la Niñez, Teresa Martí­nez, comentó que son varios los intentos que realizaron con los municipios para el resguardo de la integridad de los menores, pero no hay avances.

Es que los propios inten­dentes hacen brazos caídos, dejando que estas máquinas funcionen en la propia calle y, según lo mencionado por los dueños de los comercios, son parte involucrada en el esquema en negro, mediante los funcionarios que, valién­dose del anonimato, pasan a cobrar “canon” sin expedir facturas.

Circulares alertando a los comerciantes de que ninguna empresa está autorizada por la municipalidad para el cobro de canon, reso­luciones rechazando la presencia de la concesionaria de la Conaj­zar en sus jurisdicciones y cobros con retroactivos son algunas de las reacciones de los intendentes que no quieren desprenderse del negocio y se revelan contra el órgano dependiente del Minis­terio de Hacienda.

En Arroyos y Esteros el intendente Lázaro Purísimo Ovelar y los concejales municipales aprobaron el reconocimiento de una Comi­sión Tragamonedas, como parte de la presión para bloquear el ingreso de la Conajzar.