Tras la negativa que recibió la Contraloría por parte de la Itaipú y la evasión de Yacyretá para abrir paso a la auditoría, cada vez se cierra más la posibilidad de transparentar gastos de las hidroeléctricas. Desde el Senado se intenta llegar a los datos a través de la Ande, pero el ente contralor señala que podría no ser la mejor vía, ya que existe un precedente desalentador.

Desde la Contraloría General de la República (CGR) se estudia la via­bilidad de realizar una audito­ría a la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande), en su calidad de parte integrante de los entes binacionales Itaipú y Yacyretá, para así obtener los datos sobre los gastos socia­les de ambas hidroeléctricas, conforme pidió el Senado. Sin embargo, tienen pocas espe­ranzas, ya que en el pasado se intentó la misma estrategia, pero sin éxito.

Por su lado, el titular de la Ande, Félix Sosa, señaló que entregarán todos los docu­mentos que poseen a la institu­ción. No obstante, consultado sobre qué documentaciones específicamente tienen en su poder con relación a las bina­cionales, dijo que solo se trata de los balances y descartó que estén en sus manos los contra­tos, facturas o los informes sobre los gastos sociales.

Es decir, sería en vano una auditoría a la empresa esta­tal, ya que lo que pretenden los legisladores es acceder precisamente a las rendicio­nes de cuentas de estos gas­tos por parte de los directo­res paraguayos. Sosa también indicó que aún no recibieron el pedido oficial por parte de la Contraloría, que podría darse la siguiente semana.

Al ser interrogado sobre el despilfarro de los recursos de las binacionales por medio de los gastos sociales y las contra­taciones de parientes u opera­dores políticos de autorida­des, Sosa no respondió más a los mensajes. Este medio constató gracias a una serie de investigaciones que son numerosas las repartijas que se hicieron en Yacyretá para beneficiar a allegados del titu­lar paraguayo del ente.

Cabe recordar que la resolu­ción aprobada en el Senado menciona que se “encomienda a la Contraloría General de la República efectuar una audi­toría especial a la Ande sobre toda la documentación con­cerniente a la administración, en representación del Estado paraguayo, de las binaciona­les Itaipú y Yacyretá”.

Se solicita también a este órgano superior de control realizar todas las acciones necesarias tendientes a garantizar la trans­parencia sobre esta documen­tación, en especial atendiendo la revisión del Anexo C del Tra­tado de Itaipú en el 2023. El pedido de los senadores se sos­tiene en el derecho a la informa­ción pública, consagrado en la Constitución Nacional.

En el documento también se hace mención a la necesidad urgente de dar respuesta a la crisis sanitaria con recursos genuinos de la renta eléctrica en Paraguay. El Senado ya había solicitado a la Contraloría que audite ambas entidades bina­cionales. En este sentido, Itaipú prohibió el acceso a la CGR para el control de sus gastos sociales.

Debido a esto, el contralor Camilo Benítez ya solicitó a la Justicia una orden de alla­namiento, que fue evadida en primera instancia por el juez Édgar Rivas, quien derivó a la Corte Suprema de Justicia la solicitud del contralor argu­mentando que es la máxima autoridad judicial la que debe decidir si corresponde o no auditar las hidroeléctricas.

Por su parte, la Entidad Binacio­nal Yacyretá (EBY) entregó una serie de expedientes para esqui­var la auditoría. Estos docu­mentos están siendo analiza­dos por el equipo de la CGR, que adelantó que se trata de infor­mación parcial de todo lo que se le demandó al ente a cargo de Nicanor Duarte Frutos.

Como hizo con varios, Nicanor Duarte Frutos recompensó a un ex candidato a gobernador de su movimiento.

Los casos sobre los privilegia­dos correligionarios de Nica­nor Duarte Frutos no dejan de aparecer y en este caso habla­mos de Ronald Darío Rodrí­guez, quien fue candidato a gobernador de Presidente Hayes por el movimiento Pro­gresista Colorado, liderado por Duarte Frutos.

A pesar de que Rodríguez per­dió las elecciones, gracias a Nicanor consiguió un cargo en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y de esta forma se suma a larga lista de operadores polí­ticos que ingresaron a la bina­cional en este último período.

Ronald Rodríguez es un funcio­nario permanente de la bina­cional y fue incorporado el 17 de agosto del 2018; presta fun­ciones en una de las direcciones de Yacyretá, pero no se especi­fica en cuál. Su sueldo básico es de G. 19.724.250, pero mensualmente percibe unos G. 32.900.704 gracias a las dife­rentes bonificaciones con las que es beneficiado, tales como subsidio familiar y dedicación funcional. Solo este último con­cepto lo hace merecedor de casi G. 4.000.000 al mes, mucho más de lo que un trabajador percibe como sueldo mínimo en el sector privado.

Una vez más, se ejemplifica cómo son usados los recursos en las binacionales. Se repar­ten cargos, para algunos más privilegiados incluso se crean dependencias y a todos se les asignan remu­neraciones envidiables.­