El banco de la familia Zuccolillo recibió del ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía una alerta y pedido de extradición en su contra, la suma de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero. La ley castiga el delito de lavado de dinero con hasta 10 años de cárcel. El banco se expone a fuerte multa o suspensión temporal de hasta 180 días.

• Por Jorge Torres, “La caja negra” - Unicanal

Los resultados de una auditoría interna ordenada por la Con­mebol de carácter confiden­cial realizada a las opera­ciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz revelan que la entidad de los Zuccolillo no aplicó el proce­dimiento debido para veri­ficar el origen del dinero de Leoz antes de constituir millonarios fideicomisos ni tampoco consta que haya reportado como operación sospechosa. Los gerentes y directores del banco Atlas podrían ser procesados penalmente.

De acuerdo con las normas y leyes que rigen al sistema bancario y tienen como fin la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, los bancos están obligados a: 1) Identificar al cliente, elaborar un per­fil del mismo que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; 2) Verificar la licitud de sus fondos; 3) Monitorear sus transaccio­nes a los efectos de verifi­car que el tipo y volumen de operaciones sea congruente con su actividad económica declarada, activos que posee y, en general, con su perfil del cliente; 4) Cada cliente debe tener un límite opera­tivo autorizado (LOA).

Si las operaciones del cliente no se ajustasen a su perfil y no hubiere justificación razonable para estas incongruencias, o si hubiere alguna operación que constituya una “señal de alerta” sin justificación sensata, la entidad debe remitir el reporte de opera­ción sospechosa (ROS) a la Seprelad dentro de un plazo máximo de 90 días compu­tados desde la detección del hecho.

El principal responsable de verificar la ejecución de estos procedimientos es el oficial de cumplimiento del sujeto obligado (conjunta­mente con el directorio y los gerentes de la entidad). El oficial de cumplimiento debe comunicar al Comité de Cumplimiento cualquier operación sospechosa, de acuerdo con las normas vigentes y procedimientos establecidos por la entidad o comunicar al Comité de Cumplimiento cualquier operación sospechosa

Nota de apercibimiento: con­siste en una comunicación escrita y dirigida directa y personalmente al sujeto obligado, en que el super­visor, luego de constatar en un sumario administrativo las faltas en las que aquel incurriere, le formula una advertencia u observación con respecto a la infracción cometida.

Amonestación pública: consiste en una comunicación pública que realiza el órgano supervisor sobre una falta del sujeto obligado consta­tada en un sumario admi­nistrativo. En la práctica, estas comunicaciones se realizan en uno o varios dia­rios de gran circulación del país. Los gastos de la publi­cación deben ser abonados por el ente sancionado.

Multa de entre el 50 (cin­cuenta) al 100 (cien) por ciento del monto de la ope­ración en la cual se cometió la infracción. Debe resal­tarse que la norma no alude al beneficio obtenido por el sujeto obligado. La norma se refiere directamente a un porcentaje de la operación realizada con indiferencia a las normas de prevención de lavado de dinero aplicables.

Además, en caso de confir­marse el no cumplimiento por parte del banco de las medidas de “debida diligencia” para cer­tificar el origen de los fondos invertidos por Leoz, los geren­tes o directorios del banco Atlas que integran el comité de cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero podrían ser procesa­dos por negligencia grave en el ejercicio de sus funciones.

Otro aspecto llamativo y que denota la responsabilidad de la entidad bancaria se rela­ciona con la propia finalidad del fideicomiso constituido, que estableció que el pro­ducto de los bienes que inte­gren el patrimonio autónomo serían utilizados para los pro­cesos judiciales que involu­cren a Leoz, por lo que, nue­vamente, la entidad fiduciaria, el banco Atlas, no solo debió haber conocido las circuns­tancias que envolvían a Leoz, sino también que esos mon­tos transferidos al banco se relacionaban con la defensa de Leoz en esas circunstancias.

Para los “clientes de alto riesgo” deben realizarse algunas gestiones adicio­nales que consisten, como mínimo, en la obtención de “información adicio­nal sobre el cliente: ocu­pación, volumen patrimo­nial, información obtenida a través de bases de datos públicas, internet, otros…” y “sobre el carácter que se pretende dar a la rela­ción comercial”. Por tanto, nuevamente, tanto por los hechos públicos el conte­nido contractual del fidei­comiso y su obligación reglamentaria de conocer el motivo de la operación solicitada, el banco Atlas debió haber sido proactivo en la recolección de la infor­mación del cliente y en el análisis de la justificación de la operación.

Otro punto cuestionable es lo dispuesto en la cláusula 10.1 de ambos contratos de fideicomiso, que estable­cía el derecho del fiducia­rio a “renunciar a su gestión en caso de incumplimiento de cualquiera de las obli­gaciones pactadas a cargo del fideicomitente, estable­cidas en el contrato o en la normativa aplicable y/o en el caso que por cualquier causa fuera sujeto a un procedi­miento o investigación por algún organismo de control o supervisión en razón del presente negocio fiduciario”.

Es decir, banco Atlas pactó expresamente que se reser­vaba el derecho a renunciar al fideicomiso si surgiere alguna investigación de algún organismo de control. Y es aquí donde nos pregun­tamos si ¿no debería haber sido el banco Atlas el pri­mer organismo de control del origen de los fondos y del propósito de la relación comercial a entablar?

El banco Atlas emitió un comunicado sobre el caso y señala que rechaza no haber reportado los hechos que las normas imponen, haber recibido dinero de origen ilícito de Nicolás Leoz, o de nadie, antes o en fechas posteriores a las publicaciones de denuncias en su contra; haber contribuido al ocultamiento de los bienes, y haber sido mencionado en informes de auditores independientes de la Conmebol.

Añade que el banco Atlas cumplió con su deber de sujeto obli­gado en tiempo y forma y que únicamente recibió de Leoz fondos de actividades comerciales locales habituales, cuyos orígenes son absolutamente trazables y su legalidad demostrable.

El comunicado dice también que el banco nunca se prestó a una estrategia de ocultamiento de bienes.

Además, niega que haya sido mencionado en el informe de Audi­toría Forense Independiente contratada por la Conmebol.