No solo en el lado paraguayo la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se resiste a entregar los datos sobre sus gastos socioambientales, sino que la margen izquierda, correspondiente a la Argentina, también padece de las mismas falencias en cuanto a transparencia en el uso de recursos.

Este medio se comunicó con el expresidente de Auditoría General de la Nación (AGN) de Argentina Óscar Lamberto, quien aseguró que la institución que estuvo a su cargo nunca pudo auditar la gestión de los directores de Yacyretá. Alegó que solamente han podido investigar los estados contables de la hidroeléctrica.

Auditamos la parte contable, el balance de gastos, ingresos, egresos. Yacyretá es como una embajada, sino hay una acción conjunta de los dos congresos es casi imposible que se audite”, sostuvo Lamberto. “Nosotros nunca pudimos auditar la gestión”, remarcó. Es decir, que tanto en Argentina como en Paraguay se mantiene una negativa de las autoridades de las binacionales para que el uso de los fondos de la hidroeléctrica pueda ser auditado.

El expresidente de Auditoría General de la Nación (AGN) de Argentina, Óscar Lamberto, aseguró que la institución que estuvo a su cargo nunca pudo auditar la gestión de los directores de Yacyretá. Foto: Gentileza.

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De hecho, en el caso de la Argentina el acceso a la información de la binacional es incluso mucho menor que en el lado paraguayo, ya que solamente se encuentran los balances financieros hasta el 2018. Igualmente, solamente está disponible al público la planilla de remuneración del personal correspondiente al año 2018.

Lamberto coincidió con el actual contralor paraguayo en que la AGN tiene la potestad de investigar los gastos socioambientales, pero que es necesario el trabajo coordinado de ambos países para llevar adelante el trabajo. En este sentido, el excontralor de la República Octavio Airaldi también expresó que la Contraloría General de la República (CGR) tiene la autoridad para auditar a las binacionales.

“Lo que pasa es que en mi época las direcciones o directores generales de ambas binacionales se resistieron a abrir sus puertas para el control, la Contraloría siempre ha entendido que tiene derecho a realizar esos controles”, expresó. Indicó que la parte argentina siempre se opuso a las investigaciones.

Recordó que incluso su equipo fue hasta Buenos Aires para realizar el control, pero volvieron con las manos vacías. Destacó que hasta la fecha la CGR no ha podido realizar este trabajo y que todo pasa por una voluntad política de ambas partes. Descartó que se necesite modificar el tratado o crear uno nuevo para intervenir en las hidroeléctricas.

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El excontralor de la República, Octavio Airaldi, también expresó que la Contraloría General de la República (CGR) tiene la autoridad de auditar a las binacionales. Foto: Gentileza.

“Nosotros tuvimos reuniones en mi época con el director general de la Auditoría General de la Nación de Argentina y estábamos con intenciones de realizar el control; nos reunimos con él y el director del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, pero lamentablemente no pudimos concretar el control a las binacionales en forma conjunta”, remarcó.

Descartó que las investigaciones que realiza la AGN en Argentina a los estados contables y balances de la EBY puedan ser consideradas como auditorías. “Son trabajos de suma y saldo y de acuerdo a la documentación que Yacyretá le proveía al lado argentino, pero no reviste las características de una auditoría”, sostuvo.

Airaldi señaló que la ley orgánica de la Contraloría paraguaya permite que se pueda controlar a las binacionales. Asimismo, indicó que el tratado no prohíbe tampoco a los órganos contralores a realizar las inspecciones. No obstante, comentó que tradicionalmente las hidroeléctricas se han amparado en la binacionalidad para evitar el control y han preferido contratar auditoría externa para supuestamente cumplir con reglas de transparencia.

“Esas auditorías externas contratadas por las binacionales siempre han sido a favor, no son fiables, los únicos órganos que pueden realizar un control serio son las actividades de control superior de los países, la Contraloría General de la República del Paraguay, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y la Auditoría General de la Nación de Argentina”, aseguró.

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