El abogado Federico Legal, miembro de la organización de transparencia IDEA, afirmó que no existe ningún impedimento legal para que la Contraloría audite las binacionales.

La Contraloría General de la República (CGR) comunicó a las binacionales Itaipú y Yacyretá que serán sometidos a una auditoría los gastos de los fondos socioambientales de ambas entidades.

Tanto Itaipú como Yacyretá se excusaron y alegaron que la cuestión de la binacionalidad es un impedimento para que la Contraloría realice la auditoría. Sobre este punto, el abogado Federico Legal Aguilar, gerente del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), institución activa en pos de la transparencia, afirmó que la Contraloría tiene potestad para auditar las binacionales, así como cualquier otra entidad del Estado.

Indicó que Yacyretá es parte del Estado y por ende debe ser sometida a los controles de la Contraloría como toda institución gubernamental. “Es simplemente una forma de tratar de evitar el control”, expresó el abogado y agregó que es una interpretación errónea la que se hace del tratado bilateral.

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Mencionó que no es la primera vez que se recurre a este tipo de argumentos, los que no forman parte del tratado, y recordó el caso del Grupo Nación, que solicitó a la EBY información sobre gastos en publicidad, propaganda y eventos, informe que fue negado por la entidad, que posteriormente fue denunciada por desacato.

Sobre la afirmación del director de Itaipú, Manuel Cáceres, que existe la necesidad de una nota reversal que autorice a la contraloría paraguaya y de las naciones socias Argentina y Brasil realizar la auditoría a las binacionales, Legal sostuvo que esto no es necesario, dado que la Contraloría de cada nación auditará solo lo correspondiente a la margen de su jurisdicción.

La EBY ha venido negando información sobre uso de fondos sociales, gastos en publicidad, contrato de funcionarios y servicios tercerizados, escudándose en el tratado binacional.

Esta decisión es contraria a lo que se establece en la Ley de Transparencia, que establece que los datos respecto a gastos y contratos de todas las instituciones estatales deben ser de público acceso.

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