Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) solicitara mediante notas las rendiciones de cuentas de los gastos sociales de Yacyretá e Itaipú, desde ambas binacionales respondieron que no pueden ser auditadas porque supuestamente el tratado que las rige lo impide.

El contralor Camilo Benítez sostuvo que solicitará a la Justicia el allanamiento de ambas hidroeléctricas para obtener la documentación requerida.

La Nación ya anticipó en su edición de ayer la negativa, principalmente por parte de Yacyretá. Alrededor del mediodía de ayer, notificaron la decisión de cerrar las puertas al organismo de control.

La entidad binacional Itaipú alegó en su respuesta a la Contraloría que se rige por las disposiciones del tratado firmado por Paraguay y Brasil el 26 de abril de 1973, “no por las normas del derecho interno de cada país, pues su naturaleza se circunscribe a las instituciones y personas de derecho internacional público”; por lo tanto, arguyen que “no se pueden establecer mecanismos de control y fiscalización de manera aislada sin transgredir la igualdad de derechos y la soberanía de las altas partes contratantes”.

De forma muy similar el titular de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, en su carta de contestación, refirió que “por su condición de establecimiento público internacional creado por un tratado bilateral, la entidad escapa al alcance de las leyes internas tanto argentinas como paraguayas, salvo en los casos en que expresamente el tratado ha previsto la aplicación de las leyes nacionales respectivas”.

Además, sostienen que la fiscalización de una de las hidroeléctricas, por parte de los órganos del Estado paraguayo, sería tanto a paraguayos como a brasileños, ya que “la entidad es una sola en condominio de ambos, lo que necesariamente llevaría a inmiscuirse en cuestiones que hacen a los asuntos internos como externos del vecino país”, reza la respuesta del director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres.

Con estos argumentos las dos entidades se niegan a brindar las documentaciones solicitadas desde la Contraloría para auditar ambas gestiones y se mantienen firmes en su impedimento de transparentar sus gastos en ayuda social. Cabe recordar que el pedido que la CGR envió a las binacionales nació en el pleno del Senado, que pidió que se auditen ambas entidades con el objetivo de conocer el manejo de los fondos.

La misión de auditoría proviene de la Cámara Alta que pidió que se elabore un informe sobre el uso de los fondos sociales y la CGR otorgó el pasado 3 de mayo un plazo de 5 días a las hidroeléctricas para obtener lo requerido. El pedido de la Contraloría incluye el presupuesto de los años 2019 y 2020, además de la norma que autoriza la transferencia de los recursos de la institución en cada caso.

“Nosotros tenemos un mandato constitucional, creemos, y yo en particular, que la competencia constitucional de la Contraloría está por encima de las demás normativas que rigen nuestro ordenamiento jurídico, está por encima del tratado, y por tanto no comparto el criterio de que la Contraloría no pueda auditar el margen derecho de las binacionales”, señaló el contralor Camilo Benítez, en contacto con el canal GEN.

El titular de la CGR anticipó que agotará todas las instancias para realizar la auditoría que le fue peticionada desde el Legislativo. Cabe destacar que la Contraloría remitió también un pedido de informe sobre las inversiones de Yacyretá en becas de los años 2019 y 2020, junto con las copias de las autorizaciones de transferencia de recursos, entre otros gastos.

Además, la binacional ya cuenta con una denuncia por desacato, dado que no proveyó información completa sobre la utilización de fondos sociales, incumpliendo de esta forma con la Ley Transparencia en el marco de una demanda presentada por el Grupo Nación que fue apelada por el equipo jurídico de Yacyretá. La Cámara de Apelaciones salió a favor del medio y ratificó que la EBY debe cumplir con la norma de transparencia.

BONIFICACIÓN POR COMPENSACIONES

Gracias a una serie de compensaciones, algunos funcionarios llegaron a cobrar casi G. 100 millones.

Además del enorme gasto en ayuda social que realizó la administración de Nicanor Duarte Frutos desde que asumió en agosto del 2018, ahora se suma el despilfarro en ingresos a favor de los funcionarios de las binacionales que cobran millonarias sumas de dinero con base en misteriosos conceptos. Este es el caso de las “compensaciones mensuales” que recibieron los funcionarios de la EBY en enero del 2021.

De acuerdo con la nómina de funcionarios cargada al portal de la Entidad Binacional Yacyretá, los funcionarios llegaron a percibir hasta G. 18,3 millones dentro del concepto de “Comp. Mensual Res CE: 19304/20”, otro invento de la administración de la binacional para repartir los recursos y que va de contramano con la realidad de cientos de miles de paraguayos que incluso quedaron sin trabajo.

Además, existen otras bonificaciones por título de más de G. 8 millones, por antigüedad por casi 20 millones en algunos casos, entre otros, que hacen que un funcionario de una binacional pueda alcanzar con facilidad la suma de G. 100 millones mensuales incluyendo su salario, como es el caso de Alejandro Takahashi, jefe administrativo de Yacyretá.

Ahora se opone, pero cuando fue presidente pidió auditoría a la EBY

Resolución de la Contraloría de marzo del 2004 por la cual se autoriza la auditoría a la EBY, solicitada por Nicanor Duarte Frutos.

El titular del lado paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, entró en una enorme contradicción ayer, luego de conocerse su posición de impedir que la Contraloría General de la República (CGR) realice una auditoría al ente a su cargo, ya que durante su paso por la Presidencia de la República había solicitado a la misma institución que realice un examen especial a la EBY.

El ex presidente de la República ha mantenido una actitud completamente contraria hacia la transparencia desde que asumió su gestión luego de la asunción de Mario Abdo Benítez en agosto del 2018. Desde entonces, Duarte Frutos ha hecho todo lo posible por mantener bajo siete llaves las documentaciones vinculadas con sus gastos para ayuda social realizados desde la EBY.

Este medio incluso recurrió a la Justicia para que el ente entregue informaciones sobre estos montos junto con los gastos en publicidad y propaganda que intentó ocultar con la excusa de que se trata de un ente binacional, y por lo tanto necesita la aprobación de los argentinos. Sin embargo, él mismo quería auditar los estados contables y financieros de la misma hidroeléctrica que ahora administra cuando fue presidente.

El comportamiento del ahora titular de la EBY entra en una enorme contrariedad, ya que parece ser que a su criterio la EBY solo puede ser investigada cuando se trata de un pedido suyo.

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