De inmediato, ayer, apenas terminó la sesión de la Cámara de Senadores, la Contraloría General de la República (CGR), recibió la resolución para realizar una auditoría financiera y de gestión sobre el uso de los recursos de las binacionales (Itaipú y Yacyretá), en concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social.
De acuerdo al primer artículo, el periodo que será investigado abarcará desde el 15 de agosto del 2018 hasta la fecha de aprobación de la resolución que se dio ayer.
La resolución de los senadores, que se aprobó por unanimidad, fue en el marco de un extenso debate en el que el senador Blas Llano hizo mención a la resistencia del director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, en transparentar gastos sociales y publicidad, violentando incluso la Ley de Acceso a la Información Pública.
Asimismo, se realizará una auditoría de los años 2010, 2013 y 2017. Es decir que, la administración actual de ambas binacionales desde la asunción de Mario Abdo Benítez es la que estará sobre la lupa de la Contraloría en primera instancia.
Leé también: Crisis económica: Asepy solicita plan sustancial y atacar gastos superfluos
Gladys Fernández, directora de control gubernamental de la CGR, conversó esta mañana con Universo 970 y comentó que ya están preparando el equipo auditor que será multidisciplinario. Indicó que probablemente el lunes arrancaría la investigación y que los informes que se irán publicando serán de forma anual, arrancando por el año 2020 y luego por los años anteriores.
“Nosotros desde la Contraloría, ya conforme a instrucciones del contralor, estamos preparando el equipo multidisciplinario para estar a la altura del trabajo”, expresó.
Asimismo, recordó que precisamente en la época del gobierno de Nicanor Duarte Frutos fue la última vez que se realizó una auditoría a una binacional, precisamente en el año 2004, a la Itaipú. “Aquella vez fue la primera auditoría que realizó la Contraloría, fue a pedido del entonces presidente de la República”, comentó.
No obstante, sobre los fondos sociales de las entidades binacionales en los últimos años, comentó que no han podido ser investigados, debido a que no han tenido acceso a estos datos.
Te puede interesar: Continúa aglomeración en buses y nulo control en horario pico
Caber recordar que fue precisamente el actual titular de Yacyretá, Duarte Frutos, uno de los más reacios a transparentar sus gastos sociales, ya que se negó a compartir estos datos mediante un pedido de acceso a la información pública que fue hecho desde el Grupo Nación, escudándose en un principio en el tratado de la hidroeléctrica y que necesitaba el permiso del lado argentino para conceder la información.
Luego de la negativa, este medio recurrió al Poder Judicial y presentó un amparo para que la EBY pueda liberar los informes de sus gastos sociales y también de sus inversiones en publicidad y propaganda. Mediante esto, se logró acceder a una serie de listados que dan cuenta de que los recursos de Yacyretá fueron usados en muchos casos para favores a políticos, precandidatos y allegados del expresidente de la República.
Aun así, también hay que destacar que hasta el momento Duarte Frutos y su equipo no han liberado las rendiciones de cuentas de sus gastos (contratos, facturas, etc), que aún permaneces bien guardados. Debido a esto, el periodista de investigación, Jhojhanni Vega Fiorini, quien presentó el amparo, demandó también a la entidad por desacato, ya que no cumplió a cabalidad con el pedido y el dictamen del Juzgado.