Mediante un cruce de datos entre lo publicado en la web de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y lo que realmente se ejecutó en concepto de ayuda social, este medio constató diferencias en la información compartida por la hidroeléctrica en la sección de “Transparencia” de su portal. Un ejemplo claro de esto son los pozos que figuran como construidos en una zona, pero se “mudaron” a otra.

Mediante un recorrido hecho por este medio se constató que dos de los cuatro pozos que figuran entre las inversiones sociales de la EBY para agua potable en realidad nunca fueron construidos porque fueron trasladados a otra zona. Este es el caso de los pozos del centro de distribución de la Essap en km 2, Asunción, y el de la Parroquia San Pío X de Fernando de la Mora.

Ambos pozos forman parte de una inversión de G. 2.905 millones que realizó Yacyretá, a cargo de Nicanor Duarte Frutos, en el 2019, como parte de la “construcción de cuatro pozos profundos y equipamiento en el departamento Central, dentro del marco del convenio con la Essap”. Sin embargo, tras verificar las zonas mencionadas, los responsables tanto de la Essap en km 2 como de la parroquia aseguraron que no se construyó ningún pozo allí.

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Tras esto, este medio volvió a consultar con los responsables de la Essap y de la EBY al respecto, quienes después de haber brindado una información incorrecta dijeron que en realidad los pozos no fueron construidos allí porque tras un estudio detectaron que no era viable. Tanto la directora de comunicación de la Essap, Adriana Arce, como la coordinadora general de la Coordinación Social de la EBY, Noelia Núñez, facilitaron hace solo dos semanas las ubicaciones de los pozos inexistentes.

“Efectivamente, tengo que asumir que los datos iniciales que te enviamos tuvieron un error porque no tuvimos en cuenta el cambio de lugar de dos pozos. Para que puedas entender ya en el proceso en los lugares inicialmente mencionados no se pudieron llevar a cabo por dos inconvenientes que se presentaron”, sostuvo Núñez.

Según la explicación de la funcionaria de la EBY, el pozo que debía realizarse en la Parroquia San Pío de Fernando de la Mora no se construyó en ese lugar porque la Essap no consiguió el permiso de la parroquia, entonces mudaron el pozo a la plaza 28 de Febrero de Fernando de la Mora. Igualmente el pozo que debía ser instalado en la Essap del km 2 pasó a la plaza Arsenio Erico de Loma Pytã.

Esto deja claro una vez más que los datos compartidos por Duarte Frutos en la sección de “Transparencia” no son confiables. En este sentido, hay que recordar que esta información fue facilitada por la hidroeléctrica gracias al amparo que ganó el Grupo Nación luego de la negativa de la EBY para brindar los datos sobre el uso de fondos sociales y gastos en publicidad y propaganda que no quiso compartir escudándose en su tratado internacional.

Es decir que los datos fueron levantados hace pocos meses atrás y por lo tanto deberían estar actualizados, ya que se trata de obras ejecutadas hace bastante tiempo. Además de los pozos, otras desprolijidades tienen que ver con los años en que se dieron donaciones de insumos a las juntas de saneamiento del Departamento de Cordillera, donde la EBY hizo figurar el 2020, pero en realidad ya se realizaron en el 2019.

Un ejemplo de esto son los 5.000 metros de caños de cuatro pulgadas y una motobomba de 15 HP por G. 197.150.000 entregados a la Junta de Saneamiento San Vicente del distrito de Atyrá por la EBY, según la planilla en el 2020. Sin embargo, este medio confirmó con los representantes de la Junta que en realidad la entrega se hizo el 4 de julio del 2019. Es decir, hace casi dos años.

Lo mismo ocurrió con 20 motobombas por G. 47.300.000 donadas a la Comisión de Cantereros de Emboscada supuestamente en el 2020. No obstante, mediante una búsqueda por internet, este medio también comprobó que la entrega se realizó exactamente el 16 de agosto del 2019, o sea, un año antes de lo que afirma la EBY.

Solo una auditoría podrá comprobar exactamente cómo se usó el dinero que debería ir a mejorar la calidad de vida de las personas más carenciadas. En este sentido, este miércoles en el Senado se tratará el proyecto para que la Contraloría General de la República audite estos fondos, tanto en Yacyretá como en Itaipú.

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