Luego de que se tardaran tres años en salir a la luz los videos del circuito cerrado del PLRA que revelaban la adulteración de la escena del crimen de Rodrigo Quintana, la Justicia dictaminó que la causa ya prescribió. En el caso estaban imputados Stiben Patrón, Olga Paredes y el hijo de Efraín Alegre.

El Tribunal de Apela­ciones confirmó ayer la prescripción de la acción penal a favor de los dirigentes liberales Stiben Patrón, Olga Paredes y Efraín Alegre Irún, imputados por adulteración de la escena del crimen en el marco del homi­cidio de Rodrigo Quintana, ocurrido el pasado 31 de marzo del 2017. Después de haberse tardado tres años para conseguir los videos luego del asesinato el Ministerio Público ahora desecha la causa.

No demostraron inocencia, les salvó la campana a los mencionados liberales fuer­temente comprometidos en sabotaje y alteración de evi­dencias en la noche del cri­men de Quintana. El fallo a favor de los adherentes al Par­tido Liberal Radical Autén­tico (PLRA), se dio luego de que ya el juez Gustavo Ama­rilla resolviera hacer lugar al pedido realizado por el abo­gado Cristian González López a favor de los imputados. Hay que recordar que la agente del Ministerio Público, Esmilda Álvarez, había indicado que la causa penal no puede pres­cribir, ya que el inciso 2 del artículo 102 del mencionado código indica que “el plazo correrá desde el momento en que termine la conducta punible”.

“La negligencia es made in Fiscalía, al punto que está arriesgando la causa prin­cipal del caso del homici­dio de Rodrigo Quintana. La falla que se tuvo en todo este tiempo de no haberse investigado. Mi equipo y yo con computadoras caseras en una semana dimos la vuelta este caso, tumbamos todo el montaje que se hizo y ¿cómo el Ministerio Público, que tiene un megalaboratorio en dos años no encontró?”, expresó Víctor Raúl Estiga­rribia, abogado del suboficial Gustavo Florentín, acusado por la Fiscalía de la muerte de Quintana.

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre el caso de Rodrigo Quintana.

El abogado recordó que tras haber tomado el caso, un año y medio después de lo ocu­rrido, en mayo del año 2020 el juez de la causa decidió brindar las filmaciones del circuito cerrado de la sede del partido donde ocurrió el hecho. “Pone en riesgo el pro­ceso principal donde se tiene que encontrar al culpable de un homicidio tan mediático, tan sonado, que golpeó terri­blemente a la sociedad”, sos­tuvo Estigarribia.

Por su parte, Fabián Ramírez Mora, representante legal de la hija de Rodrigo Quintana, dijo que en dos ocasiones soli­citó la intervención en el caso a la Fiscalía pero que le fue negada. “Álvarez dijo que no somos afectados por el pro­blema, pese a que yo le dije cómo no voy a ser afectado si lo que se investigó se nos pasó como una información objetiva, pero realmente fue alterada y nos causó un per­juicio por el hecho que nos hizo entender mal la situa­ción”, indicó.

“Yo adelanté al inicio que la fiscala que sea asignada a este caso, tendría un asunto como objetivo, el cual es blin­dar a sus compañeros fiscales que encubrieron esto. En las declaraciones Marlene Gon­zález siempre dijo que esto no es nada nuevo, o sea que ellos sabían de esto y ocultaron hasta que la defensa de Flo­rentín hizo pública la situa­ción”, recordó.

Asimismo, explicó que evi­dentemente se escondie­ron muchos elementos rele­vantes para las pruebas del caso. “No solamente altera­ción de datos. Si este caso era calificado de esta forma, el tipo penal tiene una expec­tativa penal de hasta 5 años, por ende, la prescripción no hubiera ocurrido”, indicó. También dijo que “hay una tendencia de confirmar a favor de la gente de Efraín Alegre”.

El asesinato del joven libe­ral Rodrigo Quintana suce­dió entre el 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, mientras se hacían manifestaciones en las adyacencias del Congreso Nacional. A la par de estos dis­turbios, ocurrió la tragedia en la sede del PLRA, donde falle­ció el dirigente. El comisario Tomás Paredes Palma y el ofi­cial Guido Amarilla fueron imputados por el Ministerio Público por haber ingresado al local partidario aquella noche. Tres años después de lo suce­dido, se comprobó que los mis­mos liberales que se encontra­ban en el lugar de lo sucedido manipularon la escena del cri­men y se abrió una nueva causa para investigarla.

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