Mediante requisitos excluyentes y ventajas competitivas la Gobernación de Caazapá estaba direccionando el proceso de adquisición del almuerzo escolar por G. 38.354 millones a favor de las firmas Eventos y Servicios SA (Essa), y La Parrilla de Charlot, ambas empresas relacionadas al senador Rodolfo Friedmann.
Se trata de un llamado para “Provisión de Almuerzo Escolar en Instituciones Escolares del Departamento de Caazapá-Plurianual 2021-2022” cuyo monto estimado es de G. 38.354 millones. Este estaba siendo direccionado con la inclusión de requisitos que favorecían a dos empresas. Todo con la venia de la Unidad de Contrataciones de la institución, que mediante estas jugadas excluía a otros potenciales oferentes
De acuerdo a la denuncia presentada por la firma Ladero Paraguayo SA, las empresas Essa y La Parrilla de Charlot, vinculadas al senador Rodolfo Friedmann, tenían información ventajosa por sobre los demás oferentes, asimismo, el llamado había sido adecuado para favorecer a estos proveedores gracias a la modificación de ciertas especificaciones técnicas y financieras en el pliego.
La licitación fue publicada en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), el pasado 12 de marzo de este año y estaba dirigida a 207 escuelas. Entre los principales cuestionamientos del proceso está la introducción intempestiva y precoz de un requisito sumamente limitante, como constituye realizar visitas al sitio de ejecución, con menos de dos días de antelación.
Cabe recordar que estas visitas se realizaron el 7 de abril y dos días antes, el 5 de ese mes, fueron notificados los oferentes, estando la apertura de ofertas establecida para el 15 de abril (solo restando 7 días hábiles para la presentación de ofertas). En este sentido, los oferentes destacaron que en un día de visitas se llegó solo a cinco escuelas y el total de instituciones beneficiadas es de 207, lo que implica a simple cálculo unos 41 días de recorridos, necesarios para completar todo el paquete.
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Sin embargo, la Gobernación de Caazapá, a cargo de Pedro “Pipo” Díaz Verón, de forma arbitraria determinó las instituciones a visitar (no se estableció en el PBC ninguna cantidad); y además, como guías del procedimiento; los funcionarios de la Gobernación manifestaron expresamente la imposibilidad de concretar una mayor cantidad de instituciones, pues ello conllevaría un tiempo imposible.
Debido a esto, en la oportunidad los oferentes quisieron dejar constatado en acta la actuación irregular y desprolija de los funcionarios, no obstante, recibieron una negativa constante y sin fundamento para poder dejar constancia de las actuaciones de la convocante sobre el requisito tan complejo de la realización de las visitas.
“Este hecho constituye una sospecha fundada de que dicha información formaría parte de un esquema para beneficiar a algún potencial oferente, que haya recibido previo a la publicación del requerimiento la información para adelantar dichas visitas, en vista al poco tiempo que resta para preparar ofertas”, reza la denuncia de los oferentes.
Igualmente, resaltaron que otra opción podría ser que hay oferentes que ya cuentan con dichos datos o documentos por haber realizado las visitas en anteriores ejecuciones contractuales, lo que constituye una ventaja indebida. “Cuentan con esta ventaja competitiva las firmas La Parrilla de Charlot de Néstor Francisco López Paniagua y Eventos Y Servicios (Essa)”, sostiene la denuncia.
Los proveedores recalcan lo irregular que fue la acción de la Gobernación que tras haberse cerrado las visitas el 7 de abril, se “sugiera” y se subentienda que el procedimiento se extiende fuera de dicho plazo legal específicamente establecido para otorgar ventaja a algún oferente en culminar todo el mapeo.
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“Entendemos que esta situación implicaría dentro del marco legal de la oferta una Declaración Jurada Falsa, ya que hemos sido testigos de que el procedimiento se limitó a sólo 5 instituciones en oportunidad de su realización y no podría ser posible en ningún sentido que un interesado que haya participado presente una cantidad mucho mayor a la misma”, expresaron.
Adecuaron los requisitos
Además de las inconsistencias en las visitas a las escuelas, la denuncia acercada a la DNCP también refiere que se detectó que la convocante incluyó un requisito modificado significativamente de los estándares habituales respecto a la capacidad financiera del presente llamado, realizando una modificación en el ratio de endeudamiento que usualmente es de 0,80 (80% del valor del activo total) a un valor de 0,20 (20% del valor del activo total).
Esto representa una diferencia de 0,60 (60%). “La condición expuesta resulta extremadamente limitativa y restrictiva a potenciales oferentes, pero el hecho significativo no radica allí, radica en que dicha condición ha sido modificada para constituirse en un filtro, es decir, que de su ‘cumplimiento’ solo pueda beneficiarse un determinado oferente”, puntualiza el reclamo.
Finalmente, también resaltaron “la falta total de especificación del documento requerido plano georreferencial y su forma y aspectos de presentación, lo que posteriormente deja una total y abierta subjetividad instalada sobre su forma de presentación con la oferta, no pudiendo evaluarse con objetividad, pudiendo beneficiar a uno o perjudicar a otro, por ejemplo: si el mismo debe estar avalado por un profesional agrimensor en el área específica”.