Todos los intentos realizados por el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, para no proveer la información detallada sobre el destino final de los millonarios gastos en publicidad como transferencias sociales explotaron en su contra y ahora requiere de un milagroso argumento para zafar del desacato.

• Por Rossana Escobar M.
• Editora de Investigación Grupo Nación

La tenacidad del perio­dista de nuestro medio, Jhojhanni Vega, ha logrado que varias institucio­nes del Estado e instancias judi­ciales, organismos de Transpa­rencia se pronuncien sobre los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública y en favor de su derecho a recibir los datos que solicitó a través de esta herramienta básica con­tra la corrupción. Por supuesto, esa perseverancia no tendría éxito sin el apoyo continuo de todo un holding de comunica­ción, los abogados expertos, en este caso, el Dr. Raúl Prono y equipo, recursos más que importantes a la hora de pedir explicaciones, nada menos que al director de Yacyretá y ex pre­sidente de la República, Nica­nor Duarte Frutos, un perso­naje más inclinado a ocultar que transparentar.

Muchas peleas generó el direc­tor de Yacyretá para evitar detallar el destino final de los gastos tanto de publicidad como transferencias econó­micas. Fue llevado a la justi­cia, así comenzó a liberar los datos solicitados para zafar una sentencia en contra, pero perdió y continúa haciendo la guerra a la transparencia proporcionando informes retaceados, incompletos e intentó rebatir mediante una apelación la resolución de la jueza Alice González, quien le ordenó cumplir con el pedido del periodista, sin embargo, la apelación fue otra jugada fallida para él y su equipo.

El Tribunal de Apelaciones, compuesto por los jueces Sil­vio Rodríguez, María del Car­men Romero y Gloria Bení­tez, confirmó la sentencia de la jueza González en la que se ordena a Yacyretá proveer el listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y pro­paganda incluyendo la des­cripción del servicio, fecha del contrato y la empresa benefi­ciaria, correspondientes a los años 2019/2020. Así también las transferencias económicas realizadas a organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales durante los años 2019/2020. Incluir el concepto de la ayuda eco­nómica, fecha, rendición de cuentas y nombre del respon­sable de la entidad que recibió el dinero. El plazo feneció el pasado viernes 26 de marzo y la administración de Duarte Frutos remitió un correo al periodista, pero sin la rendi­ción de gastos solicitados.

La rendición de cuentas es mostrar copias de facturas, contratos, acuses de recibos, justificar gastos y mostrar los resultados concretos, es decir, el destino final de cada plata transferida. Nada de esto llegó al correo del periodista Vega.

Con esto es más que evidente que el acceso a la información pública todavía es una misión imposible para muchos ciu­dadanos que quieran cono­cer cómo se ejecutan los gas­tos públicos. Políticos con oscuros antecedentes como Duarte Frutos hacen lo impo­sible para matar la transpa­rencia en la administración de recursos públicos.

Estadísticas del Portal Uni­ficado de Información del Estado revelan que más de 30 solicitudes de ciudadanos no fueron respondidas por Yacyretá durante la adminis­tración de Duarte Frutos en el último año, pisoteándose la normativa que en teoría rige para las binacionales.

La ministra de Justicia, Ceci­lia Pérez, titular de la cartera que coordina precisamente la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, dijo en ocasiones anteriores que urge al Estado contar con servido­res públicos que sean padrinos de la transparencia, que brin­den explicaciones y detalles de todo cuanto toca y se admi­nistra en el sector público. Sus declaraciones habían sido en el contexto de la puja entre el periodista Vega y el director de Yacyretá, que inicialmente había invocado el tratado internacional de la binacional para argumentar que necesi­taba de una autorización por parte de los socios argentinos para proveer lo solicitado.

Sin pérdida de tiempo, los asesores jurídicos del Minis­terio de Justicia habían sen­tado postura a favor del pedido del periodista. Un dictamen emitido el 27 de noviembre aniquiló el argu­mento de Duarte Frutos. Contundente el documento deja en claro que la binacional es una fuente pública, por tanto deben proveer la información.

Antes del dictamen del Minis­terio de Justicia, la Cancillería también echó por tierra que la información requerida debía tramitarse mediante la cartera de Relaciones Exteriores. La organización de transparencia IDEA, a través de su director Ezequiel Santagada, ha califi­cado que “El acceso a la infor­mación es un derecho humano y no pueden haber tratados internacionales que estén por encima de eso. Además, la ley es clarísima al respecto. Estas dos entidades (Itaipú y Yacyretá) están obligadas a entregar la información que cualquier ciu­dadano paraguayo solicite”, había señalado el abogado acti­vista por la transparencia.

A últimas horas de ayer, la EBY difundió una gaceti­lla utilizando parte del con­siderando de la resolución del Tribunal para decir que la “Cámara de Apelaciones reconoce que la EBY cumplió con Ley de Acceso a la Infor­mación” en cumplimiento a la orden del Juzgado de Pri­mera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, a cargo de la jueza Alice González Delo­renzi. Una nueva estrategia de Duarte Frutos y equipo para tratar de disfrazar la situación y desviar la atención ante el desacato de cumplir íntegra­mente con lo solicitado.

Parte del considerando dice también que el periodista recibió el correo con la infor­mación, pero se reserva el derecho de controlar si llegó completa. De hecho ya se publicó por varios medios que vino el mail, pero sin la totalidad de los datos requeri­dos. Las autoridades de la EBY ya están trazando la línea de acción para zafar el desacato que están cometiendo al ama­ñar la información que debie­ron remitir y no lo hicieron.

No están los nombres de los responsables de la entidad que recibieron las transferencias económicas, las rendicio­nes de cuentas. Los propios beneficiarios confirmaron que envían rendición de gas­tos a la EBY, es decir, la admi­nistración de Duarte Frutos debe proveer esa información.