Yacyretá debe entregar la rendición de cuentas requerida por el Grupo Nación antes de que venza el plazo este viernes, de lo contrario, implica un desacato por parte de la máxima autoridad, Nicanor Duarte Frutos.
Este viernes 26 de marzo vence el plazo de 10 días hábiles que el juzgado otorgó a Yacyretá para que provea las informaciones sobre sus gastos en publicidad y ayuda social; de no hacerlo, el ex presidente de la República, actual director de la binacional, Nicanor Duarte Frutos, se expone a cinco años de prisión. El recurso que presentó la binacional será analizado por la Cámara de Apelaciones, pero no afecta la decisión de la jueza Alice González, que concedió el amparo al Grupo Nación para que provea la información requerida en el mencionado período.
Ante esto, ayer martes el Dr. Raúl Prono, abogado del periodista de investigación del Grupo Nación Jhojhanni Vega, explicó que presentaron un escrito al juez que atiende ahora la causa, Guillermo Trobato, para solicitarle que se asegure que en el texto de la providencia de concepción de los recursos expresamente se consigne que se concede el recurso de la apelación de la EBY sin efectos suspensivos. Es decir, que se acepte analizar la apelación, pero sin que esto altere la entrega de las rendiciones de cuentas.
“Le hemos pedido también que retenga en su juzgado el expediente principal o en el área compulsa, de modo a que se pueda justificar dentro de ese expediente el cumplimiento o no de esta orden judicial este viernes, lo cual se denunciaría, supongo, el lunes o martes de la semana que viene si es que no se cumple”, explicó Prono en comunicación con la radio 970 AM/GEN.
El abogado también declaró que en este caso la EBY ya no va a poder invocar el discurso de que, toda la documentación que tiene que presentar ahora la puede subir a la web, ya que aquí hay una orden judicial expresa que establece que la hidroeléctrica debe proveer esta información pública en el correo electrónico del periodista o personalmente con el comunicador.
Prono también advirtió que si Yacyretá no provee los datos al periodista, estaría violando el artículo 581 del Código Procesal Penal paraguayo, que establece que el juzgado debe conceder ese recurso de apelación sin efecto suspensivo, de modo que la sentencia de primera instancia debe cumplirse aun cuando se tramite una apelación. Es decir, si no proporciona la información, se comete el hecho punible de desacato a una orden judicial.
Este delito a su vez conlleva una pena privativa de libertad de hasta cinco años, dado que el juzgado intimó a la EBY bajo apercibimiento concreto, lo que significa que si no cumple con lo exigido en la comunicación, se da paso a una sanción. “Un eventual desacato es finalmente un delito contra la administración pública y es el juez el que tiene que denunciar ese incumplimiento desde su orden, remitiendo los antecedentes al fiscal penal de turno”, comentó Prono.
Cabe recordar que la EBY no ha cumplido hace más de cinco meses con el pedido de acceso a la información pública realizado por el periodista de investigación Jhojhanni Vega, en el que se le solicitó vía web de transparencia el listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y propaganda, incluyendo la descripción de los servicios, fechas de los contratos y las empresas beneficiarias, correspondientes a los años 2019 y 2020.
Igualmente, no ha remitido aún las rendiciones de cuentas de las transferencias económicas a organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales realizadas durante los años 2019 y 2020, incluyendo los conceptos de ayuda económica, fecha y nombres de los responsables que recibieron los pagos.
APELACIÓN
Para evadir el cumplimiento de la disposición de la jueza que determinó que la EBY en 10 días hábiles debe entregar la información, desde la binacional se apeló la decisión de la magistrada Alice González, y como principal argumento se sostiene que el amparo no es la vía para el reclamo del comunicador.
Los abogados de Nicanor incluso trataron a la magistrada de “investigadora parcialista”, por haber salido a favor del Grupo Nación. En el escrito del equipo jurídico de Duarte Frutos refiere que ya se entregó toda la información demandada por el periodista, y que a criterio de la parte demandada no se ha hecho “ningún acto u omisión ilegítima e ilegal por parte de la EBY”, a pesar de que nunca se entregó toda la información a través de los canales correspondientes.