Mediante una didáctica resolución, la jueza Alice González Delorenzi expuso a Yacyretá los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública, los canales y los plazos establecidos en la normativa. La magistrada se ocupó de argumentar claramente que los datos requeridos no afectan al tratado internacional en el que se quiere escudar el director de la binacional y ratificó que son de carácter público.

Este viernes, la Justicia resolvió que el direc­tor del lado para­guayo de la Entidad Binacio­nal Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, tiene 10 días hábiles para entregar los datos de sus gastos en publi­cidad y ayuda social. La jueza Alice González Delorenzi fue tajante en su resolución y se encargó de desplegar su argu­mento aclarando que la infor­mación requerida por la Ley de Transparencia no se con­trapone al tratado internacio­nal de la binacional.

“Resulta fácil determinar conforme a nuestra norma que lo requerido por el ciu­dadano Jhojhanni Vega Fio­rini no constituye patrimo­nio documental. Es más, su solicitud compone un reque­rimiento de informaciones a una fuente pública, acerca de gastos públicos e inversiones del dinero que pertenece a los ciudadanos de nuestra Repú­blica”, es parte de la demole­dora resolución que le salió en contra de Yacyretá.

Luego de casi cinco meses del pedido realizado por el perio­dista de investigación Jho­jhanni Vega Fiorini, la Justicia resolvió que la hidroeléctrica debe rendir cuentas. La jueza sostuvo que el argumento que usó Duarte Frutos para evitar proveer los datos escudándose en el tratado no es válido, ya que lo requerido no afecta a la norma supranacional.

“El Juzgado ha corroborado que a peticiones similares del amparista la entidad le ha pro­veído la información reque­rida sin hacer mención de algún tipo de requerimiento como el expuesto en este caso y que hace alusión a la autori­zación de la margen izquierda para proporcionar la informa­ción solicitada, lo que nos lleva a concluir que la autorización no es necesaria”, explicó.

Asimismo, a criterio del Juz­gado, la respuesta de Nicanor debió ser más precisa debiendo contestar con la información que le fuera posible conceder y hacer reserva sobre la que no pudiese proporcionar, “y fun­darla siempre en normas lega­les, de manera que no consti­tuya un rechazo encubierto o una denegatoria indirecta o tácita”, reza el escrito.

Las explicaciones de la magis­trada coinciden con las del Dr. Raúl Prono, abogado del Grupo Nación, quien actuó en representación de los pedidos realizados por el periodista de investigación Vega Fiorini. El asesor había dicho que “la Ley de Acceso a la Información Pública viene de una regla­mentación constitucional, donde se consagra la liber­tad de todo ciudadano del libre acceso a la información pública y fuentes públicas y en esta última están definidas las entidades binacionales”.

Prono ya había adelantado que no existe ninguna informa­ción comprometedora entre lo solicitado por los periodis­tas. “Se trata de gastos, rendi­ciones o importes, pero como no hubo manera de conseguir esto de forma directa con la EBY, se presentó un amparo”, añadió.

También la magistrada alegó que no toda la información solicitada por este medio se encontraba en el portal de la binacional, desmintiendo el discurso que sostiene el equipo de Nicanor de que “todo está en la web”. En su respuesta, la jueza aclaró que corroboró que el informe pre­sentado por la EBY y los datos en su web no abarcan la tota­lidad del informe peticionado por el Grupo Nación.

El Juzgado emplazó por un periodo de 10 días hábiles a las autoridades de Yacyretá a proveer la información sobre el listado de pagos en concepto de publicidad, eventos y pro­paganda, al igual que las ren­diciones de cuentas de las transferencias económicas realizadas a organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales durante el 2019 y el 2020.

La resolución de la jueza Gon­zález Delorenzi tuvo gran repercusión en redes y la ciu­dadanía demostró satisfac­ción al tiempo de que las pre­guntas de los internautas se referían a si realmente esto será acatado por la admi­nistración de Duarte Fru­tos. Sobre el punto, desde la EBY, Juan Carlos Duarte, asesor jurídico, indicó que van a evaluar la pertinencia de una apelación. “Aún no recibimos la notificación por parte del Juzgado y, conforme a eso, si es que la resolución no vulnera los principios del tra­tado (que es lo que debemos precautelar como entidad paraguaya y argentina), ire­mos completando lo que falte, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública, por­que tengo entendido que ya gran parte de la información requerida la tenemos contes­tada”, expresó.

El abogado Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Eco­nomía Ambiental (IDEA), celebró la decisión de la jueza que salió a favor del Grupo Nación. Para el profesional, es una victoria que hace soñar con un país más transparente.

“Es bueno que a los prepotentes, a los que querían ser presidente por un cuarto de siglo, a los que entraron a la función pública sin un cobre y hoy son potentados, se les haga rendir cuentas con órde­nes judiciales. Son pequeños detalles que nos hacen soñar con una República posible”, expresó a través de su cuenta de Twitter.