Duarte Frutos había dicho que era necesario el permiso de los argentinos para dar los datos; sin embargo, a medida que la presión mediática y judicial fue aumentando, poco a poco fue cediendo. Todavía no transparentó la totalidad de sus gastos, no proveyó aún las rendiciones de cuentas ni los contratos con los proveedores ni el nombre de los responsables de todos los proyectos.
El director del lado paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, cedió este fin de semana pasado a los reiterados pedidos de información que realizó el Grupo Nación para conocer los gastos que realiza la hidroeléctrica en publicidad y ayuda social. Si bien ya liberó una parte de los datos demandados por este medio, aún no ha transparentado las rendiciones de cuentas, no ha liberado los contratos ni tampoco las especificaciones de cada uno de los proyectos que ejecutó.
El ex presidente de la República no tuvo más remedio que dar parte de los datos que tan celosamente guardaba bajo siete llaves debido al amparo presentado por el diario La Nación ante el Poder Judicial, ya que el medio de prensa demandó a Nicanor por no cumplir la Ley Nº 5282 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” que reglamenta el Artículo 28 de la Constitución Nacional referente al derecho a informarse.
Si bien en un primer momento el equipo de Nicanor había denegado la información argumentando que necesitaban el permiso del lado argentino, unos meses después y tras la presentación de la demanda, se pusieron las pilas y subieron parte de los datos sin necesidad de la aprobación del vecino país. No obstante, todavía no cumplieron con la norma, ya que se solicitó la rendición de cuentas de los mencionados gastos, que incluyen los contratos, la lista de proveedores y el nombre del responsable de la entidad que recibió el dinero.
Asimismo, se solicitó que toda esta información sea remitida por medio del correo electrónico, cosa que tras cuatro meses no se ha hecho. Cabe destacar además que al inicio de las acciones judiciales desde la EBY se dijo que toda la información solicitada por el periodista de investigación Jhojhanni Vega se encontraba en web de la entidad; sin embargo, no fue hasta este fin de semana que se levantaron al portal los primeros datos sobre los gastos en publicidad.
Los listados referentes a gastos sociales no contenían todos los datos solicitados, ya que en lo referente a los proyectos de salud, por ejemplo, no se sabe cómo se ejecutaron las obras, quiénes son los responsables de este dinero ni tampoco si realmente se rindieron estos gastos ante la propia EBY. Asimismo, respecto a los bonos sociales solo hay datos generales con gráficos llamativos para despistar sobre el verdadero uso de estos montos cuyos destinos son aún desconocidos.
“No es verdad que la información alojada en dicha página web sea incompleta o sesgada. En realidad, dicha información cubre aspectos mucho más relevantes, detallados y ampliados de los que se menciona en el escrito de promoción del presente amparo”, reza la primera respuesta de la EBY dirigida a la jueza Alice de Lorenzi, en el marco de la acción judicial planteada por el periodista Jhojhanni Vega. Sin embargo, cuando se respondió esto a la magistrada, la binacional ni siquiera había cargado los datos de publicidad en su portal.
REPARTIJA
Dentro del listado de empresas que recibieron financiación de Yacyretá para publicidad se encuentran incluso medios del Estado como la propia TV Pública, que recibió 30 millones en el 2019 para difundir el mensaje presidencial, un completo absurdo teniendo en cuenta que esta función le corresponde naturalmente al canal que cuenta con presupuesto propio para el efecto.
Asimismo, en el listado aparece la TV Cámara, que recibió 10 millones por 8 meses durante la pandemia para trasmitir publicidad de la EBY en el programa “En cuarentena Py”, conducido por César Villalba. También en el extenso listado de 230 contratos por publicidad figura por ejemplo que la EBY pagó por espacios en programas deportivos, de boleros, agropecuarios, folclóricos e incluso de chistes.
Asimismo, también es llamativo que sean el Grupo Vierci (Telefuturo, Latele, NPY) junto con el Grupo de Abc Color, propiedad de Natalia Zuccolillo, los medios cuyas facturaciones son las más grandes en la era Nicanor, siendo el primero de G. 524 millones en total y el segundo de G. 215 millones.
Igualmente, ex empleados del Grupo Vierci como el caso de la periodista Gabriela León recibieron plata de la hidroeléctrica, siendo esta última beneficiada con dos pagos de G. 20 millones para publicidad por un periodo de tres meses en su programa del canal Lobo TV, denominado “Patrulla Nocturna”. También el canal 5 Días recibió dos pagos de G. 10 millones por tres meses y de G. 5 millones por 18 meses entre el 2018 y el 2020.