El director de la binacional, Nicanor Duarte Frutos, sin rendir cuentas de sus gastos en publicidad e inversiones sociales y para confundir a la Justicia libera datos sin los detalles solicitados.

Luego de que este medio realizara constan­temente el mismo pedido de acceso a la infor­mación pública, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) solo ha esquivado la solici­tud para transparentar sus gastos en publicidad y ayuda social, tanto así que se tuvo que recurrir a instancias judiciales para presionar al director del lado paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, para que entregue lo requerido. Sin embargo, este se man­tiene firme en su decisión de ocultar los datos.

Hay que recordar que el pasado viernes 12 de febrero, el Grupo Nación presentó un recurso de amparo constitu­cional ante el Poder Judicial para que la EBY entregue información pública solici­tada por el diario La Nación, con respecto a gastos ejecu­tados para publicidades y gastos sociales. La jueza del caso, Alice de Lorenzi, con­vocó a las partes para que se ratifiquen en las pruebas que se presentaron.

La cita se desarrollará hoy viernes 25 de febrero, a las 13:00, en el primer piso, secretaría N°3 del segundo turno de la Niñez y la Ado­lescencia, en el Palacio de Justicia. El recurso judicial fue patrocinado por el Dr. Raúl Prono, asesor jurídico del Grupo Nación, en repre­sentación a los pedidos rea­lizados a través de la Ley de Acceso a la Información Pública promovidos por Jho­jhanni Vega.

Desde la hidroeléctrica solo han atinado a mostrar un poco de la información requerida por medio de su página web, ya que el día en que el Grupo Nación entregó una nota de intimación a la binacional antes de accio­nar judicialmente, el equipo de Nicanor habilitó una pes­taña de “Acceso a la infor­mación pública”, en la que se encuentra parte de lo deman­dado por el periodista.

Dentro de esta pestaña están datos parciales de gastos hechos por la EBY en edu­cación, agua potable, salud, proyectos productivos, bonos sociales y asistencia a pescadores. No obstante, no está todo lo citado por medio de la Ley Nº 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Infor­mación Pública y Transpa­rencia Gubernamental, ya que no están los contratos con los proveedores o la lista de las personas responsa­bles de los montos, como es el caso de salud, donde solo está los nombres de los hos­pitales beneficiados.

Lo mismo ocurre en el caso de la categoría de “agua pota­ble”, donde la EBY compartió información sobre los pro­yectos que financió, el año, la cantidad de sistemas de redes de distribución de agua potable, la zona, inversión y el número de familias, pero no dio a conocer las empre­sas contratadas para los tra­bajos, ni los responsables de estas obras. Una clara mues­tra de cómo intenta evadir por medio de estos pequeños datos, las verdaderas rendi­ciones de cuentas acerca de sus gastos.

Cabe destacar que luego de que este medio publicara que en el caso del listado de pescadores beneficiados con una inversión de G. 1.088 millones, no se especificaba el monto recibido de forma individual, la EBY agregó el dato. No así en el tema de los bonos sociales, donde no se detalla a qué proyectos fue­ron destinados.

En este asunto solo se men­cionan los montos tota­les para los departamentos de Itapúa y Misiones, que ascienden a G. 3.998 millo­nes y 4.898 millones, res­pectivamente. En los gráfi­cos sobre estas inversiones se menciona que el precio de cada bono es de G. 100 mil. El único apartado que podría decirse que es preciso es el caso de “Educación”, en donde se compartió el lis­tado de los beneficiarios de las becas.

Por otro lado, con respecto a los montos ejecutados desde Yacyretá para reali­zar publicidad a favor de la hidroeléctrica, se desconoce por completo el monto al que ascendería, ya que Nicanor Duarte Frutos no ha reve­lado nada relacionado a ello, se sospecha que al igual que en el caso de los gastos socia­les, los montos podrían ser bastante elevados.

Recordemos que de acuerdo a una investigación llevada adelante por La Nación utili­zando como fuente las publi­caciones de la EBY desde la era Nicanor, se reveló que más de US$ 70 millones ya fueron repartidos por el director desde que asumió el cargo en agosto del 2018, tras la asunción del nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez.