Celeste Amarilla vendió el discurso de que está fuera del negocio, pero registra cuentas por cobrar en una de las firmas más cuestionadas ya siendo parlamentaria y no explica en qué concepto.

  • Por Rossana Escobar M.
  • Jhojhanni Fiorini

Las empresas Arcángel SA, Pinoty SA y Nutri­guay SRL, relaciona­das con la diputada Celeste Josefina Amarilla, fueron adjudicadas con unos US$ 45 millones a lo largo de la última década, gracias en gran parte a los megacontratos otorgados desde intendencias y gober­naciones administradas por correligionarios del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que favorecieron a firmas vinculadas con jugo­sos contratos.

Al asumir el cargo la diputada había intentado desmarcarse mediáticamente del negocio, sosteniendo en varias ocasio­nes que ya no tiene acciones en una de las empresas (prin­cipalmente). En su declaración jurada de bienes presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) se observa que tiene aún cuentas por cobrar por parte de Arcángel SA y Pinoty SA por un valor total de G. 9.000 millones, cifra que se redujo a G. 7.973 millo­nes en el 2019, principalmente por los cobros a Pinoty.

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Sin embargo, las cuentas por cobrar de Amarilla a la firma Arcángel aumentaron de G. 3.000 millones declarados en el 2018 a G. 3.425 millones en el 2019, evidenciándose así que la legisladora todavía sigue recibiendo dinero por parte de estas empresas proveedoras del Estado.

De acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP), Arcángel SA ha ganado un total de 20 licitaciones en la última década, de estos llamados, nueve pertenecen a goberna­ciones que fueron manejadas por liberales en el momento de firmar el contrato; es decir, el 45% de los contratos fue­ron firmados con institucio­nes amigas. Mientras que solo cinco (25%) fueron con gobier­nos colorados, y el resto (30%) fue con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Una situación similar se da con la empresa Pinoty SA que a la fecha ya ha ganado un total de 30 licitaciones, de las cuales la mayoría fueron adjudicadas entre los años 2012 y 2013. En esta época, 13 contratos fue­ron otorgados por municipios y gobernaciones administra­das por el PLRA, mientras que siete fueron ganados con insti­tuciones públicas bajo el con­trol de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Cabe también destacar que dentro de este paquete de lici­taciones están nombres con casos muy sonados, como el del actual ministro de Desa­rrollo Social, Mario Varela (ANR), que es recordado por su millonaria adquisición de “miel de oro” a G. 220 mil el litro. Varela otorgó a la firma Pinoty SA un total de tres con­tratos entre el 2014 y el 2015 que ascienden a un total de G. 27.230 millones, lo que equi­vale a más de US$ 4 millones al cambio actual que fueron entregados en solo dos años, para provisión de alimentos para almuerzo escolar en el departamento de Caaguazú, donde fue gobernador.

Al igual que Varela, otro de los nombres que sobresalen es el de Carlos Amarilla Cañete (PLRA), quien como gober­nador de Central otorgó cua­tro contratos a Pinoty SA entre el 2012 y el 2013 por un total de G. 14.008 millones (US$ 2,1 millones), también para adqui­sición de almuerzo escolar para instituciones educativas del área central.

Es oportuno recordar también que Carlos Amarilla Cañete fue imputado por la fiscala Victoria Acuña por supuestas irregularidades en la ejecu­ción de los presupuestos de los ejercicios fiscales de los años 2012 y 2013 (cuando se dieron los contratos con la empresa vinculada a Celeste Amarilla), cuyo perjuicio patrimonial al Estado asciende a más de G. 3.187 millones.

NO ACLARA EL PAGO PENDIENTE

La expresiva diputada Amarilla que despotrica normalmente contra los abusos de poder sor­prendió con su silencio sobre el tema, principalmente en redes en donde los internautas rea­lizaron cuestionamientos y le mencionaron como una mujer privilegiada en los negocios con el Estado. Guardó reserva como lo hizo ante las consultas de La Nación que por medio de llamadas y mensajes intentó obtener alguna respuesta sobre los montos por cobrar a la proveedora.

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