Paraguay hubiera descomprimido su sistema penitenciario si el exministro de Justicia Julio Javier Ríos no cancelaba la licitación clave para la construcción de nuevas cárceles.

El 27 de diciembre del 2017, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones publicó un llamado a contratación para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en la ciudad de Emboscada, bajo la modalidad de licitación pública internacional.

Llamativamente, el 16 de agosto del 2018, a 24 horas de haber asumido el entonces nuevo gobierno, el ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, mediante la resolución 1320 dispuso cancelar el llamado teniendo en consideración una nota recibida por el entonces ministro de Justicia, Julio Javier Ríos.

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En el documento, se mencionó que la cancelación se hacía en el marco de las nuevas políticas del gobierno entrante y a fin de realizar una mayor profundización del proceso, a los efectos de garantizar que su ejecución reúna los presupuestos de transparencia, eficiencia e igualdad de oportunidad consagrada en la legislación positiva vigente.

Intereses empresariales planteados mediante protestas en licitación fueron más importantes, al punto de extender la bomba de tiempo del hacinamiento que esta vez detonó con trágicas muertes en Tacumbú.

Históricamente, se sabe que el sistema penitenciario en Paraguay es una bomba de tiempo; sin embargo, el gobierno de Mario Abdo Benítez concedió más plazo al riesgo y la desgracia.

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Perdieron un año y siete meses para firmar el contrato para la construcción de las nuevas cárceles que se había proyectado desde diciembre del 2017, pero que fue inconsciente y torpemente postergado.

Tuvo que darse pie al sangriento amotinamiento en la cárcel de San Pedro del 16 de junio del 2019 para proceder a la adjudicación. Cabe recordar que el 29 de julio del 2019 se firmó el contrato de construcción de nuevas penitenciarías, un mes después de los trágicos enfrentamientos entre grupos criminales en la cárcel de San Pedro.

Foto: Gentileza.

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