Director jurídico de la binacional, Juan Carlos Duarte, se las ingenia para justificar resistencia a entregar detalles de gastos de publicidad y transferencias sociales.
- Por Jhojhanni Vega Fiorini
- Periodista de Investigación del GN
Arrinconado por la intimación que realizó este medio, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) decidió agregar una pestaña sobre los gastos en ayuda social a su portal web, para de esta manera intentar responder de forma retaceada la información requerida a través del portal de Acceso a la Información Pública. No obstante, los datos cargados en la plataforma no están completos y la rendición de los gastos en publicidad requerida sigue siendo inexistente.
Cabe recordar que el pasado lunes 25 de enero, periodistas del diario La Nación presentaron ante la sede de la hidroeléctrica una nota de intimación en la que se le daba 72 horas a la binacional para que facilite la información solicitada a través de la Ley Nº 5.282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Este jueves justamente terminó el tiempo y la EBY no ha brindado toda la información demandada.
Al ser consultado sobre si responderá o no la EBY a la intimación, el director jurídico de Yacyretá, Juan Carlos Duarte, manifestó que está preparando un dictamen que necesita la firma del director del lado paraguayo, Nicanor Duarte Frutos. Sin embargo, Duarte no supo precisar cuándo estará listo el dictamen, aunque adelantó que continuarán publicando en la web informaciones sobre inversiones sociales de la EBY.
“La parte documental lo que para nosotros es casi imposible de dar por el tema del tratado, porque es un patrimonio documental, ese nomas es nuestro problema. Todo lo que podamos dar, sí vamos a dar”, indicó. Cabe recordar que recientemente Yacyretá agregó la pestaña “Acceso a la información pública”, en donde publicaron solo una parte de las inversiones sociales que realizaron y que tampoco está completa ya que en muchas categorías como la de “asistencia a pescadores” no se especifica el monto recibido por cada beneficiario.
Con respecto al tratado, desde un principio la binacional se ha mantenido en su argumento de que se necesita de la aprobación del lado argentino para brindar la información solicitada por La Nación, en un primer momento dijeron que para esto se debía canalizar el pedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ente que ya respondió que debe ser la misma EBY la que debe tramitar la solicitud.
Por otro lado, de acuerdo con especialistas del derecho como el abogado Federico Legal, del Departamento Jurídico de Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), el tratado no impide proveer los datos, ya que, aunque la EBY pretenda hacer valer un instrumento internacional, no puede dejar de aplicar arbitrariamente la Ley de Acceso a la Información, que no ha sido declarada inconstitucional.
“El argumento brindado carece de la más mínima lógica jurídica, ya que la Constitución está por encima del tratado y la ley no hace sino reglamentar lo que está en la Constitución. La Ley de Acceso a la Información Pública solo posibilita el mejor ejercicio de un derecho humano fundamental”, mencionó el letrado. Asimismo, cabe recordar que ya el Ministerio de Justicia también dictaminó que Yacyretá está obligada a proveer los datos debido a que se encuentra alcanzada por la norma de Transparencia.
Igualmente, otro argumento a favor de la provisión de datos es que ya la Itaipú Binacional no tuvo inconvenientes en facilitar la misma información que le fue solicitada a la EBY, demostrando así que en realidad no hay ningún impedimento para esto por parte de las binacionales. Incluso, el ex director de Yacyretá, Ángel María Recalde, manifestó que no existe impedimento legal para dar los datos. “La ley es clara y debe cumplirse”, había dicho.
US$ 70 MILLONES SIN TRANSPARENTAR
De acuerdo a una investigación llevada adelante por este medio, desde que asumió el cargo de director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos entregó más de G. 500 mil millones (US$ 70 millones) en concepto de inversiones sociales, cuyas rendiciones permanecen celosamente guardadas por el director paraguayo. Mientras tanto, Duarte moviliza a su equipo jurídico para elaborar dictámenes que justifiquen la negativa de proveer información al respecto.
Este enorme presupuesto que viene manejando de forma discrecional Duarte Frutos, en estos dos años y medio, supera con creces los montos que tienen para 2021 varios entes del Ejecutivo. De hecho, esta plata gastada sobrepasa por mucho al presupuesto de instituciones como el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que cuenta con G. 297.226 millones; al Ministerio de Defensa Pública, que cuenta con G. 261.615 millones, y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con G. 75.531 millones, entre otros.
OBRA INCONCLUSA
Como ejemplo de lo importante que resulta transparentar estos gastos podemos citar la obra del mercado de abasto en San Estanislao (Santaní), que sufrió varios retrasos e incluso llegó a quedarse inconclusa. Esta construcción estuvo a cargo de la empresa Smart Line Painting, y la inauguración debía realizarse ya en el 2019. La EBY culpó de los retrasos al cambio de director del lado argentino de la binacional en el 2019 y a la pandemia en el 2020.
Los trabajos fueron divididos en tres etapas y sólo la primera contó con una adjudicación por G. 5.147 millones tras una licitación de Yacyretá en la que ganó la mencionada constructora. Sin embargo, la segunda etapa fue realizada mediante una adenda, cuyo monto es desconocido debido a que la EBY no rinde cuentas y mantiene bajo siete llaves los datos de todos los gastos sociales; y para la tercera etapa no se previó financiamiento alguno.