Luego de que este medio publicara que los miembros del órgano rector del Sinafocal, conformado por representantes de centrales obreras como la CUT, eran los mismos que se estaban beneficiando con grandes transferencias para organizar cursos de capacitación laboral, la Asinfocap repudió el hecho mediante un comunicado. Los institutos sostienen que los sindicalistas no pueden ser juez y parte a la vez.
Por Jhohanni Fiorini
Periodista de Investigación del GN
La Asociación de Instituciones de Formación y Capacitación del Paraguay (Asinfocap) expresó su “profunda indignación por el manejo de los recursos financieros genuinos del Sinafocal” mediante una dura nota dirigida a la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo. El escrito, que fue entregado el pasado viernes 22 de enero, se da en el marco de las publicaciones que viene realizando este medio sobre las llamativas transferencias con gigantescos presupuestos que son dirigidos a centrales obreras y fundaciones.
Aseguraron que se están direccionando erróneamente astronómicos montos a centrales obreras, gremios y ONGs mediante el objeto del gasto 842 (transferencias) a través de firmas de convenios. “No se encuentran bajo el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo que consideramos que estos convenios firmados por el Sinafocal están direccionados a instituciones que en su gran mayoría no están habilitadas para tales fines”, sostienen.
El documento firmado por el presidente de la entidad, Silvino Amarilla, manifiesta que estas prácticas de repartir dinero a ONGs y centrales obreras anulan las competencias para contratar proveedores de instituciones de educación superior y técnica calificadas y con experiencia en cursos de formación profesional. Asimismo, aseguran que se limita el acceso a precios más competitivos por cursos (costos más bajos) para el uso eficiente de los recursos financieros limitados del Sinafocal.
Recuerdan además que las centrales obreras (CNT, CUT y CGT) son integrantes del sistema como miembros del órgano rector, según lo establece la Ley 1652/00 de creación del Sinafocal. “Consideramos que se encuentran infringiendo la citada ley al convertirse en juez y parte a la vez, que elaboran, aprueban y ejecutan sus propios programas de formación y capacitación laboral”, reza parte de la nota.
En este sentido, cabe destacar que dentro del órgano rector se encuentran por ejemplo Pedro Giménez, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Dionisio Palma, en representación de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), y Sonia Leguizamón, presidenta de la Central General del Trabajo (CGT). Todas estas organizaciones recibieron en promedio G. 400 millones cada una el año pasado para organizar cursos.
Igualmente, los educadores manifestaron su total desacuerdo con lo declarado por Alfredo Mongelós, secretario técnico del Sinafocal, quien dijo que los cursos mediante transferencias son de alta tecnología o para capacitaciones que no pueden hacerse por medio de licitaciones. La Asinfocap respondió que las capacitaciones impartidas por las ONGs corresponden a los mismos cursos con contenidos programáticos similares, pero con menor carga horaria en algunos casos.
“Es importante resaltar que en las licitaciones se exige un nivel alto de perfil docente tanto en la formación académica y contar con experiencias como docente y en trabajos de la especialidad a ser impartida, los cuales son evaluados por el comité de evaluadores del Sinafocal, de manera de garantizar la calidad en el servicio de capacitación”, recordaron.
Los institutos también contradijeron lo que dijo Mongelós sobre que supuestamente el ente a su cargo lleva a cabo actualizaciones de las mallas curriculares y contenidos programáticos. Al respecto, manifestaron que, basados en la experiencia técnica sobre las mallas curriculares y contenidos programáticos, “no responden en su gran mayoría a la oferta y demanda del mercado en la formación profesional a nivel país y/o en las tecnologías digitales”.
Finalmente, los miembros de la Asinfocap solicitaron a la ministra Bacigalupo que los recursos financieros genuinos del Sinafocal sean canalizados por medio de licitaciones públicas nacionales reguladas por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Argumentaron que esta “constituye una alta exigencia y transparencia en el uso de los fondos públicos. Asimismo, es una herramienta que fomenta la trazabilidad a través del PBC y la calidad del servicio”.
AUMENTAZO EN TRANSFERENCIAS
Gracias a los documentos proveídos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), se pudo corroborar que, mediante una clara evasión al proceso de Contrataciones Públicas, el Sinafocal ha venido realizando una serie de transferencias para financiar cursos de capacitación laboral dictados por diferentes oenegés, entre las que se incluyen centrales de trabajadores. De hecho, se aumentó considerablemente el monto correspondiente a estas transferencias (rubro 842), ya que de los G. 9.259 millones ejecutados en el 2019 se pasó a más de G. 20 mil millones en el 2020.
Un aumento más que significativo, sobre todo teniendo en cuenta que por medio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) solo se llevó a cabo una licitación de G. 13.775 millones para cursos de capacitación laboral, que hasta la fecha no ha podido ser ejecutada debido a las numerosas protestas con las que cuenta. Esto deja entrever que se está destinando más dinero por medio de las transferencias antes que para las licitaciones.