En una conferencia de prensa centrada en la reiteración del ahorro de US$ 160 millones que se iba a obtener en el arreglo de la deuda con PDVSA, el jefe de Gabinete de la Presidencia mostró los borradores de las propuestas y subrayó que el caso es un asunto comercial entre Petropar y la petrolera venezolana, lo que descolocó aún más sobre su intervención.
Después de otra fuerte polémica desatada con el último comunicado emitido por el gobierno interino de Venezuela de que fueron ellos los que rechazaron el acuerdo de la deuda de Paraguay con PDVSA, el jefe de Gabinete Juan Ernesto Villamayor convocó ayer a una conferencia de prensa; sin embargo, quedaron picando las mismas sospechas, principalmente lo referente al pago de US$ 26 millones en concepto de honorarios al abogado intermediario que tiene vínculos con la familia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
El jefe de Gabinete de la Presidencia venía señalando que si bien el arreglo de la deuda era muy beneficioso para el Paraguay porque solo se iba a terminar pagando el 50% del capital, exonerados el 100% de los intereses, no se avanzó por un tema de seguridad de la legitimidad del gobierno interino de Juan Guaidó, quien había designado como comisionado para gestionar recuperación de activos en el exterior a Javier Troconis. Sin embargo, el gobierno del presidente interino de la República Bolivariana respondió al Washington Post, medio que destapó el caso de supuestos acuerdos irregulares, que fueron ellos los que desistieron por la no conveniencia a sus intereses.
En la conferencia de ayer, Villamayor señaló algunos criterios que no habían sido muy socializados, aunque se enfocó en el discurso de que Paraguay iba a ahorrar US$ 160 millones con el arreglo truncado. Según él mismo, el primer problema comenzó con la identificación del acuerdo extrajudicial que recibieron por parte de Venezuela.
El acuerdo extrajudicial planteado establece bases y condiciones a los efectos de que la República del Paraguay proceda a efectuar el pago del capital reclamado por PDVSA. “La República del Paraguay no le debe nada a PDVSA, quien le debe es Petropar, ningún abogado paraguayo hubiese caído en eso”, explicó Villamayor.
En todo momento insistió en que el acuerdo era imposible sin la sentencia de un laudo arbitral que garantice la representación legítima de la petrolera venezolana; sin embargo, avanzaron con borradores en los que incluso de manera prematura se cotizó hasta el pago al intermediario.
Sobre el punto que más sacude a Villamayor y al mismo Gobierno, dijo que el honorario del Dr. Vidal fue propuesta del Sr. Troconis, ya que es abogado de PDVSA.
Lo llamativo es que en los documentos ya aparece hasta la formalidad de pago al abogado, que según lo explicado por el jefe de Gabinete debía ser transferido de manera directa por Petropar conforme a la instrucción de giro que el Dr. Vidal acompaña junto con la factura correspondiente. “Deducido dicho monto, Petropar procederá a transferir el saldo remanente, a determinada cuenta identificada. Estamos hablando del capital del 50%”, leyó ayer Villamayor.
La deuda es un asunto comercial entre Petropar y PDVSA, pero las conversaciones, los borradores y las propuestas iban y venían sin la participación de la titular de la empresa estatal de ese entonces, cuando según las propias palabras de Villamayor es la cabeza de la empresa estatal la que debe suscribir cualquier acuerdo.