Luego de que el tema saltara en el programa “La caja negra”, conducido por el periodista Jorge Torres y emitido por Unicanal, y después de que la Procuraduría General de la República (PGR) asegurara que se llegó a un conveniente acuerdo con la empresa Texos Oil en el marco de la demanda que le había entablado a Petropar, Sergio Coscia se desdijo y se dio cuenta de la imposibilidad de cumplir lo pactado.
Mediante una nota firmada por el procurador Sergio Coscia, el Estado paraguayo anunció el día de ayer que era imposible el cumplimiento del acuerdo de US$ 7 millones al que llegaron con la firma Texos, por lo que solicitó al Juzgado que deje sin efecto el mismo y se reanuden los trámites y plazos procesales. La petrolera estatal no ha tenido descanso de los escándalos este año, ya que luego de la salida de la cuestionada Patricia Samudio ahora explota este caso.
En conversación con La Nación, Coscia explicó que la cancelación del acuerdo se da debido a toda la polémica que se generó en torno al mismo. “Yo soy el defensor de los intereses patrimoniales de la República. Considero que el acuerdo al que se llegó es bueno. Cualquier otro abogado nos hubiera recomendado, pero vista la polémica que se generó, decidimos cancelar el contrato”, expresó.
Asimismo, indicó que el monto del acuerdo todavía no estaba contemplado dentro del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Recalcó que se tomó la decisión a fin de evitar cualquier suspicacia, polémica o sospecha. “El tiempo va a decir, cuando el monto sea más elevado quizás consideren que hubiese sido mejor pagar este acuerdo”, remarcó.
Días atrás, Coscia confirmó a este medio que el acuerdo era beneficioso para el Estado paraguayo, ya que lo que pedía Texos como compensación era cuatro veces superior como mínimo. “Como era la última etapa procesal en la que podíamos llegar a un acuerdo decidimos llegar a ese monto para no seguir perjudicando al Estado paraguayo”, había explicado.
De acuerdo con la investigación del programa “La caja negra”, emitido por Unicanal y conducido por el periodista Jorge Torres, cabe recordar que el contrato para provisión de combustible que le fue adjudicado en el 2010 a Texos era de US$ 31 millones como mínimo y de US$ 68 millones como máximo. Esta adjudicación fue revocada por Petropar y la licitación cancelada, supuestamente porque la empresa no contaba con todos los requerimientos solicitados durante el llamado.
“Ellos (Petropar) después de manera extemporánea sostuvieron supuestamente que la constitución de la sociedad no estaba conforme a los pedidos del pliego de bases y condiciones (PBC), lo cual es falso porque el PBC no decía nada al respecto, ellos fueron bien adjudicados, eso es categórico”, sostuvo Coscia. Asimismo, destacó que tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como la Contraloría General de la República (CGR) estuvieron de acuerdo en que Texos tenía razón.
El acuerdo de US$ 6.898.750 al que se llegó fue luego de una puja entre el Estado paraguayo y Texos. “Ellos nos hicieron una propuesta de lo que estimaban que era suficiente para subsanar el daño en concepto de pérdida de chance por la falta de suscripción del contrato. No estábamos de acuerdo con el monto, le hicimos una contrapropuesta sin varios conceptos como honorarios de abogados e intereses”, reveló el procurador.
INVESTIGACIÓN
Por otro lado, Coscia había adelantado que realizarán una investigación para hallar a los responsables de este daño patrimonial para el Estado y afirmó que ya solicitó informes a la DNCP y la CGR. “Vamos a contrastar todos los documentos entre sí para ver quién fue el responsable de que esto haya sido realizado de tan mala manera”, manifestó. En este sentido, dijo que los involucrados se exponen a una demanda civil contra sus bienes.
Cabe recordar que la firma Texos demandó a Petropar en el 2011 y obtuvo el embargo de los bienes inmuebles que la entidad paraguaya poseía en el distrito de Zárate, provincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná. El monto del embargo fue de 46 millones de pesos argentinos (aproximadamente US$ 3,5 millones), en concepto de capital, intereses y costas. Además de esta acción judicial, también intentaron embargar las cuentas bancarias de Petropar en nuestro país.
Afortunadamente para el ente, posteriormente en el 2016 obtuvo el levantamiento de los embargos. En la época que fue realizada la adjudicación y luego la cancelación de la firma de contrato estaba como presidente de Petropar Juan Alberto González Meyer y al frente de la CGR estaba Óscar Rubén Velázquez.