Un año después de que una investigación periodística del Grupo Nación haya puesto en evidencia el nulo control sobre el sistema de las apuestas deportivas del país, la principal casa del mercado cambia su sistema y pasa a tener un registro de apostadores.
En un escueto comunicado dado a conocer el pasado lunes, Aposta.La, la empresa que explota las apuestas deportivas en el país, informó a sus clientes que los apostadores online tienen tiempo hasta el próximo 25 de diciembre de este año para llenar un registro de apostadores, en donde tendrán que poner sus datos personales para poder seguir haciendo sus apuestas.
Este registro es una cuestión tan simple como vital a la hora de evitar situaciones oscuras dentro del complejo micromundo de las apuestas deportivas. En efecto, registrar a los apostadores ya no permitirá lo que hasta hace poco era normal dentro del esquema: Que cualquier persona se anote en forma anónima o inclusive con nombre falso y pueda retirar 10.000 dólares en premios.
Hasta ahora, el sistema permite que una, diez, cien o miles de personas puedan apostar hasta esos 3.000 dólares en Aposta.La, sin dejar datos reales ni rastros. Actualmente hay dos maneras de apostar a través de la web de esta empresa, la primera es con un registro de datos y posterior inicio de sesión. La segunda es la que resulta nula de control y opera de la siguiente forma: Un usuario ingresa a la web, ingresa los montos y realiza la apuesta. Al momento de hacerlo, el sistema le pedirá un nombre –el que puede ser ficticio–, una vez generado el juego se emiten números de cinco a seis cifras que el apostador debe presentar con el dinero en una agencia de la empresa Aposta.La.
Allí, la apuesta se concreta, y siempre que no supere los 3.000 dólares no existe control sobre la identidad del apostador. Tanto es así que un equipo del canal GEN, en el marco de la investigación periodística sobre las apuestas del grupo LN, hizo que Edgar Vivar –el Señor Barriga– sea un apostador. Y el sistema registró sin ningún problemas. Si el premio no supera los 10.000 dólares, el ganador podrá retirar el premio sin haber dejado siquiera su nombre real ni un número de cédula de identidad.
En este punto de la operación de apuestas en Paraguay entra en un marco muy oscuro, ya que despierta sospechas sobre la posibilidad de amañar no solo partidos o resultados, sino incidencias. No solo se pueden apostar cuántos goles se marcarán, también cantidad de faltas, de saques de esquinas, tarjetas amarillas o penales, entre una infinidad de opciones.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) trabajó en los últimos meses sobre el tema de las apuestas por lo que estas acciones, como la de registrar los apostadores y otros que tomó la casa de apuestas, estarían vinculadas justamente a estas pesquisas realizadas por los de la Seprelad. Además, esta investigación podría terminar en el Ministerio Público, teniendo en cuenta las evidencias que se puedan encontrar dentro de este proceso.
VINCULACIÓN CON TROVATO
El mundo del fútbol se vio convulsionado en setiembre de este año cuando la propia FIFA determinó sancionar de por vida a Marco Antonio Trovato, hoy ex presidente del club Olimpia, por amaño de partidos correspondientes al fútbol local. La sanción se dio a conocer el 28 de setiembre, semanas después de que se filtrara a la prensa algunas conversaciones por whatsapp donde supuestamente se arreglaban partidos o situaciones dentro de estos encuentros deportivos.
En la primera parte de la investigación que abrió FIFA se menciona que el ex dirigente deportivo es directivo de Trovato CISA, propietaria de la empresa FastPay, vinculada a todo el sistema de pagos electrónicos de las apuestas deportivas del país. Además, el propio representante legal de la firma, Carlos Alberto Sacco, también fue presidente de Olimpia Kings, la división de baloncesto del club Olimpia.
Estas conexiones ya habían sido publicadas también por La Nación y el Canal GEN dentro de toda la investigación sobre las apuestas en el mundo del deporte en Paraguay, que genera millones de dólares al año y que no tiene control estatal.