Derlis Alcides Céspedes, exministro de Justicia y Trabajo (2005 – 2007), y Julio Javier Ríos, exministro de Justicia (2018-2019), y Ricardo Merlo, quien el jueves último renunció al Ministerio Público, se presentaron como representantes legales en la causa “Hangar Arrayán”, en el que se investiga la presunta participación en la liberación del líder paraguayo del grupo criminal Comando Vermelho, Jorge Samudio, alias Samura, y que fue allanado por los fiscales Alicia Sapriza y Marcelo Pecci, siguiendo las pistas del escape del mencionado capo narco, ocurrido el 11 de setiembre del 2019.
Céspedes se presentó como abogado del dueño del hangar, Gustavo Enrique Bogado, en cuya propiedad fueron encontradas ocho avionetas y un helicóptero, que tenían inscripciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Precisamente, los abogados que se presentaron en representación de Leonardo Spokojny, de la empresa Beech Flying SA, son Julio Javier Ríos, exministro de Justicia, que precisamente renunció tras la liberación de Samura; y el ahora es agente del Ministerio Público, Ricardo Merlo.
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Según el fiscal Marcelo Pecci, la víspera, Julio Javier Ríos presentó una serie de documentos sobre el mencionado helicóptero a pedido de su cliente, quien a varios medios de comunicación de su país negó toda participación en hechos de narcotráfico u otros hechos delictivos.
Por su parte Ricarlo Merlo manifestó que efectivamente el helicóptero se trajo al país el 31 de marzo del 2019, para reparaciones, ya que había llegado a sus 12 años de vuelo y que desde esa fecha no estaba operativo, ya que no tenía varios componentes y por ende no podía realizar ningún viaje. Confirmó que ayer presentaron ante el Ministerio Público todas las documentaciones que dicho aparato llegó al país para reparación y que no estaba operativo.
“Esa máquina se trajo al hangar Arrayán por el bajo costo en el presupuesto para la reparación, ya que en los hangares del Silvio Pettirossi nos duplicaron y triplicaron el monto”, dijo Merlo. Explicó además que el helicóptero estaba siendo utilizado por el gobierno provincial para la vigilancia aérea en las playas de Buenos Aires y además también servía para capacitaciones de nuevos pilotos.
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Según fuentes del departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, el mencionado helicóptero ingresó al país en marzo del año pasado y que están pidiendo a las autoridades de la Dirección de Aeronáutica Civil, los documentos de ingreso de la mencionada máquina al territorio nacional.
Tanto las ocho avionetas como el helicóptero ya pasaron por el proceso de aspirado narcótico y la próxima semana se tendrán los resultados de los estudios para descartar o confirmar si las máquinas tendrían participación con el narcotráfico.