La senadora abdista Lilian Samaniego, erigida desde hace unos meses como la rescatista de los heridos y relegados que en el pasado fuera una modesta química farmacéutica del Instituto de Previsión Social (IPS), involucrada en caso de robo de medicamentos, está lejos de la triste realidad que pinta para reivindicarse como salvadora y arrastrar adherentes. Gracias a la política, la ex humilde funcionaria de la previsional, quien inició con un sueldo de G. 558 mil en la función pública, experimentó una extraordinaria prosperidad, que se ve reflejada principalmente en sus millonarias inversiones inmobiliarias. Es así que la hoy parlamentaria se pega el lujo de comprar media docena de departamentos en cotizados edificios, con cuotas mensuales que llegan hasta los USD 10.000, monto que supera incluso su sueldo en el Senado.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Seis departamentos que valuó en unos G. 5.181 millones adqui­ridos en un plazo de un año y medio aparecen en la última declaración jurada de bienes de la senadora abdista Lilian Samaniego.

La legisladora critica la realidad actual, habla de dolor y desesperanza, pero vive una realidad muy dis­tinta a quienes busca arras­trar con sus discursos.

Samaniego, quien en el pasado fue una modesta quí­mica farmacéutica del Ins­tituto de Previsión Social (IPS) que ingresó con un sueldo de G. 558.700, regis­tró exponenciales escaladas en sus finanzas.

En los documentos publica­dos por Contraloría figuran que entre agosto del 2018 a febrero del 2020, es decir, un año y medio, la sena­dora Samaniego compró 6 departamentos que valuó por total en G. 5.181 millo­nes. Estos inmuebles están ubicados en cotizados edi­ficios y complejos de depar­tamentos cuyos precios de mercado pueden ser aun más altos que los consig­nados. Si bien consignó compras en cuotas y con­tratos de reserva en algu­nos casos, los pagos contra entrega están por arriba de los USD 200.000 y las cuo­tas llegan hasta USD 10.000, compromisos que superan incluso su sueldo de parla­mentaria.

Llamativamente, en el caso de la compra con contrato de reserva que hacen a 4 departamentos a la firma Victoria Desa­rrollos Inmobiliarios SA declaró un importe de G. 1.320.887.460, sin embargo, el precio total asciende a G. 3.086 millones, monto que trasladó a deudas y con eso lógicamente reduce en un 57 % el valor de los inmue­bles.

Además de los seis depar­tamentos adquiridos entre 2018 y febrero de 2020, en la última declaración jurada de Samaniego aparecen otros dos departamentos en Fernando de la Mora, que fueron vendidos en 2019. A esto se suma otro departa­mento con cochera en el edi­ficio Habitalis de Asunción, adquirido en junio de 2017, valuado en G. 521 millones en cuotas se USD 6.600.

Solo en bienes inmobilia­rios consignados en 2023, en los haberes de la sena­dora aparecen 8 depar­tamentos de entre USD 100.000 y USD 200.000, 5 viviendas, casa de verano en San Bernardino y una decena de lotes en zonas consideradas top en las inmediaciones de Asun­ción, que suman G. 6.925 millones, pero en reali­dad ascienden a un total de 8.691 millones consi­derando que no registró el valor total de los 4 departa­mentos como se muestra en la infografía.

El salto económico, princi­palmente en inversiones de bienes raíces de la senadora Samaniego ha sido cons­tante en todos sus años en la función pública y cargos electivos. La fortuna que amasó tiene sus bases en los tiempos que estuvo en el IPS, al menos así indican sus declaraciones, como los documentos de Catas­tro, que registran compras a partir de 1992; es decir, después de su ingreso a la previsional.

Como se puede ver en la infografía que acompaña este artículo, (salvo una rectificación presentada en 2020), la cantidad de inmuebles aumentaron de manera importante en cada manifestación de bienes y el comporta­miento de los crecimien­tos patrimoniales inmobi­liarios se mantienen por arriba del 100 %. Esto pese a que Samaniego percibía un sueldo de G. 4 millones hasta fines de 2004 en la previsional, mientras que en el Congreso sus ingre­sos entre dieta y gastos de representación llegaban a G. 15 millones hasta 2014, precisamente periodo en que disparó sus inversio­nes en bienes raíces.

Cabe subrayar que la Con­traloría no cuenta con la declaración jurada de Samaniego al ingresar a la función pública, tampoco la que debió presentar al momento de asumir su pri­mer periodo parlamenta­rio y al pasar de suplente a titular. Sin embargo, las liquidaciones salariales obtenidas desde el IPS y el Ministerio de Economía, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública indican que los modestos sueldos en sus inicios como funcionaria farmacéutica hicieron maravillas en sus finanzas para ir acumu­lando inmuebles que luego permitieron ingresos en concepto de alquileres.

En los antecedentes de la senadora abdista se regis­tra un sumario y una impu­tación en 1998, debido a que se detectó un millona­rio robo de medicamentos en el IPS.

De acuerdo con los fisca­les intervinientes, el robo de medicamentos era una constante en la previsio­nal en ese entonces. Sama­niego se desempeñaba como jefa del Parque Sani­tario cuando ocurrieron los hechos. El relato señala que la misma no realizó denun­cia alguna.

Según la versión fiscal que obra en los documentos existieron indicios sufi­cientes que justificaron la imputación de Samaniego en el escandaloso caso de robo de medicamentos que sacudió a la previsional en tiempos que esta era jefa del parque sanitario. Uno de los elementos más contun­dentes es que el camión en el que fueron encontrados los fármacos era propiedad de la ahora senadora. En la previsional no se había pro­fundizado el sumario a la exjefa de farmacias del IPS y en la Justicia, Samaniego supo sortear su suerte.

“Si vamos a medirnos con la misma vara, entonces la familia Zuccolillo, a través del préstamo de su avión a Hugo Velázquez, ganó licitaciones en el gobierno anterior”, dijo el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, ante la publicación tendenciosa realizada por el medio de comunicación Abc Color que apunta a instalar sospechas de tráfico de influencias entorno a la licitación de la entidad binacional Itaipú para la adquisición de 330.000 muebles escolares.

“Hay que ser sinceros, el medio Abc tiene una campaña de desprestigio contra el gobierno, cualquier cosa están publicando, bueno están en su juego. Este medio dice que podría haber una supuesta manipulación en la licitación. El propio gremio de madereros del Paraguay indicó que no tenían la posibilidad de proveer esa cantidad de pupitres, que les llevaría 3 años; es más, sería a un precio mucho más elevado ¿Entonces nosotros tendríamos que dejarles tres años sin pupitres a nuestros chicos?”, mencionó.

El medio de prensa que funge como un aliado mediático de la oposición y disidentes colorados expuso en sus páginas que el segundo del Poder Ejecutivo durante las campañas políticas, una vez electo y tras asumir el cargo, registró numerosos viajes en los 3 aviones del empresario chino Long Jian, quien es el principal accionista de la empresa Kamamya S.A., adjudicada por la hidroeléctrica para la provisión de los mobiliarios.

“El exvicepresidente Hugo Velázquez, quien reconoció que usó el avión de la familia Zuccolillo en plena campaña política. Llamativamente en el gobierno de Mario Abdo Benítez, su empresa Mercurio ganó más de G. 100.000 millones al año en licitaciones. Entonces yo puedo pensar lo mismo, que la familia Zuccolillo prestó a Velázquez su avión para que después puedan ganar las licitaciones, le pregunto a Abc”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Lejos de desconocer la situación, Alliana afirmó que también recibe asistencia para su movilidad aérea por parte de otros reconocidos empresarios que poseen contrataciones con el Estado. “No tengo absolutamente nada que ocultar. El hecho que prestemos los aviones no significa que nosotros juguemos a favor de tal o cual empresa. La empresa del señor Long Jian está instalada en el Paraguay desde el 2016 y 3.000 paraguayos trabajan para las distintas empresas de este señor. Su firma ganó la licitación con todas las de la ley”, remarcó.

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La sala penal de la Corte Suprema de Justicia se debe integrar para estudiar el pedido del Ministerio Público que solicitó anular los fallos de primera y segunda instancia del condenado a 3 años de cárcel, Justo Ferreira, presidente de Imedic S.A. (Insumos Médicos), quien fue encontrado culpable por el delito de contrabando por el ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.

La ministra e integrante de la sala penal de la Corte, Carolina Llanes, es la única que integra la máxima instancia judicial debido a que los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia se apartaron de entender en el presente proceso penal. Igualmente, se apartaron los altos magistrados, César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander.

Ahora el expediente fue al despacho del ministro Eugenio Jiménez, quien deberá decidir si acepta integrar el presente caso. Posteriormente se tendrá que buscar otro ministro para conformar la sala penal de la Corte, que estudiará si se realiza un nuevo juicio oral contra Justo Ferreira.

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El Ministerio Público pidió la nulidad de los fallos del tribunal de sentencia y del tribunal de apelación que solo condenaron a 3 años de cárcel a Justo Ferreira de la firma Imedic S.A. Solicitan e reenvío del presente caso para que otro colegiado pueda realizar el juzgamiento pertinente y se dicte una sentencia condenatoria más, atendiendo la gravedad del hecho juzgado y porque se jugó con la salud de los paraguayos durante la pandemia.

La acusación de la Fiscalía sostuvo que durante la pandemia de covid-19, Imedic debió entregar al Ministerio de Salud mascarillas con filtro, trajes para riesgos biológicos y camas manuales para pacientes, sin embargo, Justo Ferreira introdujo al país en forma irregular 50 camas hospitalarias.

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Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) nunca profundizaron el sumario abierto en su momento a la hoy senadora Lilian Samaniego, quien se desempeñaba como funcionaria de la previsional. Mientras ocupaba el cargo de jefa del parque sanitario, el robo de medicamentos era una constante y la misma nunca realizó las denuncias correspondientes.

• Unidad de Investigación Nación Media

La senadora Lilian Samaniego decidió abrir el paraguas y ponerse a la defensiva hace unos días. Esto luego de que el IPS reviera su postura de negar información pública y finalmente entregara –aun­que parcialmente– los docu­mentos que forman parte del legajo de servicio de Sama­niego, quien ocupaba cargos en la previsional antes de lle­gar al Senado.

Samaniego inició como una modesta funcionaria de la farmacia del Hospital Cen­tral del IPS y de ahí tuvo millonarios crecimientos. La senadora dijo estar tran­quila porque fue sobreseída en su momento de las causas administrativas y judicia­les abiertas en su contra. Sin embargo, tal tranquilidad no se notaba puesto que ella fue quien convocó a una confe­rencia de prensa antes de que se publicara nada.

La senadora abdista fue sumaria e imputada en 1998, debido a que se detectó un millonario robo de medica­mentos. El proceso tuvo ori­gen en julio de 1998 cuando la ciudadana boliviana Villalba Acosta fue detenida con un importante lote de medica­mentos con la inscripción ‘’Uso exclusivo del IPS’', que pensaba llevar a Bolivia para su comercialización.

La extranjera relató que los medicamentos fueron pro­veídos por Martha Barúa de Arnold, quien fue dete­nida por la Policía. La mujer mencionó que normalmente adquiría estos medicamen­tos en las inmediaciones del Mercado 4, según se puede extraer de los archivos. Pos­teriormente se comprobó que el esposo de esta, Teo­doro Arnold, también estaba implicado en la venta ilegal de los fármacos.

La investigación policial per­mitió la detención de Franco López, propietario de un camión en cuya carrocería fueron encontradas cajas con fármacos del IPS. El procedi­miento se llevó a cabo en una vivienda situada en el barrio San Vicente, vecina a la casa de la hoy senadora.

De acuerdo con los fiscales intervinientes, el robo de medicamentos era una cons­tante en la previsional en ese entonces. Samaniego se des­empeñaba como jefa del par­que sanitario cuando ocu­rrieron los hechos. El relato señala que la misma no rea­lizó denuncia alguna.

Según la versión fiscal que obra en los documentos, exis­tieron indicios suficientes que justificaron la imputación de Samaniego en el escandaloso caso de robo de medicamen­tos que sacudió a la previsio­nal en tiempos que esta era jefa del parque sanitario. Uno de los indicios más contun­dentes es que el camión en el que fueron encontrados los fármacos era propiedad de la ahora senadora.

La previsional tiene pen­diente aún la entrega de los documentos completos del sumario abierto a Samaniego en ese entonces. Sin embargo, una parte del considerando de la resolución del Consejo de Administración de noviem­bre de 1998 por la que fue absuelta la entonces funcio­naria revela que la institución ni siquiera ahondó en el caso.

La citada resolución del Consejo entregado a nuestro medio, señala que los repre­sentantes de la previsional reconocieron que “no se ago­taron los trámites sumaria­les”, bajo el argumento de que dejaban en manos de la Jus­ticia la investigación sobre Samaniego. Curiosamente, el Poder Judicial decidió sobre­seer a la entonces funciona­ria, quien fue repuesta en el cargo.

De acuerdo con los documen­tos publicados por el IPS, una joven Lilian Samaniego ingresó a la institución en julio de 1992. El Consejo de Administración de la insti­tución la nombró para cum­plir funciones en la farmacia del Hospital Central del IPS.

En ese entonces, ingresó con un sueldo de G. 558.700. Los documentos –aún incomple­tos– revelan que en 2001 fue promovida a asesora química de la Presidencia del IPS. Para ese entonces, su sueldo supe­raba los G. 3.343.200, siempre de acuerdo con lo que se des­prende del legajo incompleto. En junio de 2003, Samaniego solicitó permiso de seis meses tras ser electa como senadora: permiso que le fue renovado en noviembre de 2004, por el término de un año. La previ­sional no adjuntó documento alguno que demuestre si la senadora fue dada de baja por completo o si el permiso vol­vió a ser renovado.