La ex pareja y madre de la hija del fallecido dirigente liberal, a través de sus representantes, pide que el cuestionado abogado del PLRA ya no intervenga en el proceso, ya que por el código procesal penal tiene orden de prelación ella y la menor.

Con un recurso de excepción por falta de acción presentado el 26 de mayo pasado, Ana Mora y Fabián Ramírez Mora, abo­gados de Leticia Redes, viuda y madre de la hija menor del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, muerto el 1 de abril del 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), solicitó al Juzgado Penal de Garantías la cancelación de la persone­ría jurídica del abogado Gui­llermo Duarte Cacavelos, que representa a los padres de la víctima en esta mencio­nada causa.

Los abogados argumentan que por orden de prelación y enunciando el artículo 67, inciso 2 del Código Procesal Penal es su cónyuge quien tiene el mayor derecho en el proceso, por lo que se tiene que excluir a los otros querellan­tes, en este caso los padres, ya que están representados por el Ministerio Público.

Los mencionados querellan­tes hicieron mención en el escrito los motivos que pro­piciaron el pedido del apar­tamiento del abogado Duarte Cacavelos de la presente causa, ya que este, como la actual fiscala Marlene Gon­zález, han intentado perjudi­carles deliberadamente.

“Es clarísimo que se ha omitido deliberadamente resol­ver la cuestión propuesta, cual es la falta de acción que debió resolverse en instancia del Tribunal de Apelaciones (otorgando el plazo de gra­cia en la continuidad de su participación en el proceso penal), para seguir utilizando esta causa penal como estan­darte de la campaña política por intermedio de la quere­lla financiada por el Partido Liberal, el PDP y sus adheren­tes”, dice una parte del escrito.

En otro párrafo, los abogados Mora y Ramírez dicen que lo irónico es que el abo­gado Duarte Cacavelos se llena la boca para pedir la sanción de los representan­tes de la viuda, por supuesta­mente “dilatar el proceso”, que comenzó en el 2017, cuando el proceso penal que fue instruido a Rafael Filizzola por la megaes­tafa y lesión de confianza en la sobrefacturación de la compra de helicópteros, había iniciado en el año 2013 y hasta la fecha aún no ha avanzado a juicio oral, por­que el abogado, que pide la sanción, es el mayor sujeto chicanero, que ha recurrido en todas las decisiones para dilatar la causa penal del citado delincuente.

“Qué altura moral puede tener el sujeto que se encuentra vinculado por su participación en la comisión de tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), confeso y de conocimiento público por la difusión de los audios, es el sujeto que pretende nuestra sanción; el mismo sujeto que tuvo que declinar a su candida­tura al Senado de la Nación paraguaya por sus oscuros precedentes que lo obliga­ron apartarse de la postula­ción. El sujeto que da infor­mación a la prensa desde la sede de un partido político sobre la evolución de la causa penal, porque su interven­ción está financiada por esos intereses políticos, ese es el sujeto que requiere nuestra sanción”, expresa el escrito.

En cuanto a la fiscala Marlene González dicen qué altura moral puede tener una agente del Ministerio Público interviniente en la presente causa penal que desde sus inicios ha violado todos los preceptos del Código Procesal Penal, quien ha descuidado la cadena de custodia.

En cuanto a la fiscala Mar­lene González dicen: qué altura moral puede tener una agente del Ministerio Público interviniente en la presente causa penal que desde sus inicios ha vio­lado todos los preceptos del Código Procesal Penal, quien ha descuidado la cadena de custodia.

“Imagínese la falsa moral de una agente fiscal “Anti­corrupción”, cuyo hijo es el rostro de hechos de corrup­ción en la compra de tapabo­cas en la Dirección Nacio­nal de Aeronáutica Civil (Dinac).

En cuanto al proceso legal, el ejercicio de la querella adhesiva como derecho de la víctima no pasa simple­mente por la acreditación de un vínculo de parentesco y de la intervención mediante acreditación de los requisi­tos conforme al artículo 291 y siguientes del Código Pro­cesal Penal, sino a partici­par en muchos de los actos en los que necesariamente se requiere la participación de la víctima y otros en los que no se requiere pero tiene derecho a participar”, sos­tienen los abogados.

Es decir, que ante una demanda civil, también tiene prioridad la hija menor de la víctima que está repre­sentada por la madre, como herederas.

Según el recurso presen­tado, la parte no pretende solo una condena, que es el objetivo principal, para los responsables del hecho, sino además la reparación integral del daño causado a la menor, quien ha quedado desamparada ante la ausen­cia precipitada de su padre.

Según los abogados quere­llantes, la afirmación rea­lizada por dicha parte en la que sostienen que el artículo 67 del Código Procesal Penal se complementa con los artículos 2.575 y 2.446 del Código Civil, no resulta de una simple afirmación diá­fana, sin sustento legal, sino de la relación establecida por el propio Código Penal y Pro­cesal Penal paraguayo en los que consagra el ejercicio de la acción por medio de los herederos.

Víctor Raúl Estigarribia, Ricardo Estigarribia y Sandra Barrios, abogados de Gustavo Florentín, también ya habían promo­vido el recurso de excepción por falta de acción, en el que pidieron el apartamiento del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, por una cuestión de mejor legitimación, ya que consideran que es la hija quien tiene el mayor interés y priori­dad en el mencionado proceso.

“Se torna pues necesario determinar quién ostenta la mejor legitimación activa para seguir ejerciendo la querella adhe­siva en la presente causa. El artículo 67 del Código Procesal Penal menciona las personas que tienen legitimación para promover una querella adhesiva en el orden de prelación establecido: en primer lugar el cónyuge o conviviente, en segundo lugar el pariente dentro del cuarto grado de consan­guinidad o por adopción, en tercer lugar el pariente por afini­dad dentro del segundo grado”, dice el escrito.