Los cuatro fiscales, encabezado por Marlene González, acusaron a Gustavo Florentín mediante el informe de los agentes de Criminalística y del Laboratorio Forense, que el 1 de abril del 2017 levantaron evidencias ya alteradas.
Teresa Rojas de Jara, Marlene González de Ovelar, Clara Ruiz Díaz Parris y Hernán Galeano Bogado fueron los fiscales que presentaron la acusación contra el suboficial Gustavo Florentín de ser el autor del crimen de Rodrigo Quintana, y los mismos se basaron en todo el informe pericial de los expertos del departamento de Criminalística de la Policía Nacional, como del Laboratorio Forense, los mismos a quienes se les observan levantar elementos que ya fueron alterados de la escena del suceso, aquella madrugada del 1 de abril del 2017.
En la acusación no aparece el informe pericial, principalmente el análisis del mortal cartucho desde donde salieron las balas de plomo que impactaron en Quintana y que posteriormente le produjo la muerte. Ese día se observa en las imágenes que los expertos en criminalística levantaron varios cartuchos, ya alterados y plantados en la escena del crimen.
“Por otra parte, obra el acta de constitución del Ministerio Público, de fecha 0l/04/l7, a las 2:25, en sede del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, donde la agente fiscal a cargo de la investigación, Raquel Fernández, acompañada de funcionarios del Laboratorio Forense, personal de Criminalística y agentes de la Policía, procedió a levantar evidencias del lugar del hecho, entre ellas, muestras de las manchas de color rojo, vainas servidas y percutidas”, dice parte de la acusación; sin embargo, en toda la extensión del documento no describe cuál es el cartucho de donde salieron los balines de plomo que dieron en la víctima.
Para el abogado defensor de Gustavo Florentín, Víctor Raúl Estigarribia, dicho cartucho no existe, desapareció del lugar del hecho, se sacó de la escena del crimen, es por eso que no se encuentra ningún informe pericial sobre dicho material, que es una pieza clave para la investigación.
“Ese cartucho no existe, se sacó de la escena del crimen, hay que saber quién sacó y para qué sacó, bajo las ordenes de quién”, dijo Estigarribia.
En otro momento, el abogado también explicó que la escopeta, calibre 12 Maverick con serie MV38050 P, que Criminalística llegó a peritar y que supuestamente utilizó Florentín ese día, fue entregada en la armería del Departamento de Investigación de Delitos, a las 10:00 del 1 de abril del 2017, por el oficial primero Osvaldo Daniel Ortiz, al suboficial mayor Críspulo Báez. Dicha arma fue entregada posteriormente al Ministerio Público el 3 de abril.
La mencionada arma en cuestión, supuestamente fue encontrada por el oficial Ortiz y que era la utilizada por Florentín; sin embargo, en la madrugada del 1 de abril del 2017, a la 1:49:50, Gustavo Florentín llega con su arma hasta la Comandancia, donde entrega su escopeta, también calibre 12 de la marca Maverick con número de serie MV39793 P.
“La pericia habla de que la escopeta que fue entregada por el oficial Ortiz, que no fue entregada por Florentín, realizó disparos de balas de plomo, pero no se sabe quién disparó desde ese entonces, ya que violó la cadena de custodia, porque fue un oficial quien entregó a las 10 de la mañana y tres días después a la Fiscalía; entonces, se pudo haber disparado más con balas de plomo esos días antes de que llegue en poder del Ministerio Público”, dijo Estigarribia.
CIRCUITO CERRADO
El otro dato clave del Ministerio Público es el informe del responsable de la sección acústica Gustavo Gómez Rambado. Este se encargó de la pericia de todo el sistema de circuito cerrado de la sede partidaria y los que se obviaron en dichos informes son los movimientos extraños de todas las CPU que se encontraban en el primer piso, donde funciona la oficina de presidencia de Efraín Alegre, donde además se tiene la línea central de todas las cámaras, que unas horas antes ya fueron llevadas a otro sitio, por el propio hijo del líder liberal, Efraín Alegre Irún.
Los agentes expertos también fueron vilmente engañados por los adherentes del partido, ya que movieron a su antojo todo el aparato magnetofónico, como también la escena del crimen.
“El licenciado Gustavo Gómez Rambado, de la sección acústica e imagen, y en presencia de los representantes del partido, se procedió a lacrar y trasladar el equipo de CCTV hasta el Laboratorio Forense del Ministerio Público, para su resguardo como evidencia, previa extracción de una copia de las imágenes grabadas y dejando constancia que, de acuerdo a la verificación realizada por el operador Gustavo Rambado, la fecha del CCTV coincide con la fecha de verificación (01/04/17), pero existe una diferencia de 12 minutos (7:45) con relación al tiempo real (7:57)”, esto decía parte del informe fiscal.