La agente del Ministerio Público Esmilda Álvarez, quien fue designada para investigar sobre las nuevas imágenes en el crimen de Rodrigo Quintana, ya solicitó a sus colegas Hernán Galeano y Marlene González una copia del disco duro que se había incautado de la sede partidaria.
Con el objetivo de identificar a las personas y de determinar la conducta penal de cada una, la agente fiscal de la unidad ordinaria Esmilda Álvarez ya empezó con las diligencias correspondientes en los nuevos hechos que saltaron a la luz tras el crimen de Rodrigo Quintana, aquella trágica madrugada del 1 de abril del 2017.
“Tengo entendido que las filmaciones incautadas en su oportunidad no fueron analizadas en su totalidad, que solo fue estudiado una fracción de todo el contenido”, manifestó Álvarez.
Para iniciar el presente trabajo, la representante del Ministerio Público ya solicitó el disco duro que contiene todas las imágenes y en el que se encuentran elementos sospechosos que no fueron investigados en su momento por la fiscala original.
“Vamos a trabajar con la gente del laboratorio forense para identificar a las personas que de alguna u otra manera tuvieron una actitud sospechosa y si habrían interferido en el hecho original investigado, como ser el crimen del joven dirigente liberal”, manifestó.
En otro momento, también mencionó que en este tipo de casos hay que tener una precisión de todos los hechos para no dejar posteriormente cabos sueltos.
“También ya enviamos informes a todos los canales de televisión para que nos remitan todas las imágenes que tengan con respecto a lo sucedido en la sede del PLRA y de un informe pormenorizado, junto con el equipo periodístico que trabajó ese día en dicho local partidario”, mencionó.
La fiscala habló de una posible frustración a la persecución penal, ya que varias personas podrían haber alterado la escena del crimen.
Posterior a la identificación de las personas que participaron en la alteración de la escena del crimen, serán llamadas a indagatoria o testimonial, todo de acuerdo a sus conductas que saltan en las filmaciones.
Para el abogado Ricardo Estigarribia, defensor de Gustavo Florentín, quien junto a su padre Víctor Raúl Estigarribia y Sandra Barrios descubrieron las nuevas imágenes de la alteración de la escena del crimen tras el asesinato de Quintana, manifestó que en la nueva investigación que ahora se inicia, Esmilda Álvarez será de suma importancia, ya que la resulta del proceso puede afectar la causa de su defendido.
“Si la investigación arroja que efectivamente se plantaron evidencias, lo que se observa en las imágenes, dichos elementos no podrían ser utilizados contra Florentín”, dijo Estigarribia.
En otro momento, manifestó que es muy valioso el destaque que le da la Fiscalía General del Estado para iniciar una investigación ante estos graves hechos.
“La Policía Nacional podría ayudar en la identificación de las personas que participaron en el hecho”, pidió.
DENUNCIAN UNA CORPORACIÓN JUDICIAL EN EL CASO
Tanto Ana Mora como Fabián Ramírez Mora, abogados querellantes por parte de la hija menor de Rodrigo Quintana, denunciaron un corporativismo judicial para dejarlos fuera del caso, ya que eran un estorbo para el grupo compuesto por el juez penal de Garantías Alcides Corbeta, la fiscala Marlene González y el abogado, el otro querellante, Guillermo Duarte Cacavelos.
“Demasiado alevoso es el sistema corporativo que se le presta al Poder Judicial. Dando un ejemplo simple, en una audiencia de revisión, Duarte Cacavelos recitó lo que minutos antes había dicho Marlene González ante un pedido de sanción para nuestra personería, ya que supuestamente estábamos obstaculizando el proceso, cuando son los mismos actores los que no quieren la audiencia preliminar”, dijo Fabián Ramírez.
En otro momento, Ramírez dijo que ellos son familia de la hija de Quintana, por tanto tienen la prioridad de participar de la acción penal. “Nosotros somos familia, no actuamos bajo intereses políticos ni económicos”, manifestó.
Además, sostuvo que el juez Alcides Corbeta le negó participación activa en la causa por más de diez meses, ya que se presentaron como querella el 10 de abril del 2017 y recién en febrero del 2018 fueron considerados; sin embargo, Duarte Cacavelos estuvo desde el principio del caso.