Fabián y Ana Ramírez Mora, representantes legales de la hija de Rodrigo Quintana, sostienen que el suboficial Arnaldo Báez tuvo también participación en el hecho del crimen, por lo que presentaron la acusación en su contra, mientras que el Ministerio Público ahora pidió su sobreseimiento definitivo.

El abogado querellante, quien representa a la hija de 12 años de Rodrigo Quintana, tras su trágica muerte el 1 de abril del 2017, Fabián Ramírez Mora, aseguró que luego de apare­cer nuevas imágenes ya está con la duda de quién mató al joven dirigente liberal en la sede del Partido Liberal Radi­cal Auténtico.

“Nosotros nos basamos en la investigación fiscal, con ese convencimiento acusamos a Florentín, sin embargo, ahora, con la apa­rición de las nuevas imáge­nes, ya no estamos conven­cidos, de quién fue”, dijo Ramírez.

Ramírez también mencionó que le habían acusado al sub­oficial Arnaldo Báez, por homicidio doloso en grado de coautoría, ya que parti­cipó del hecho que acabó con la vida de Quintana, se ayu­daron entre sí, sin embargo, ahora el Ministerio Público, representado por los fiscales Marlene González y Hernán Galeano, solicitan el sobreseimiento definitivo del mencionado policía en el requerimiento conclusivo que habían presentado.

“Nuestra acusación fue en base a las imágenes que hemos visto; la Fiscalía jamás nos mostró estas filmacio­nes que ahora aparecen, que evidentemente muestran muchas cosas sospechosas que ahora nos generan una gran duda. Nosotros creímos que el suboficial Báez había sido retenido por los libera­les, sin embargo, ahora vemos que se estaba paseando por el local”, dijo Ramírez Mora.

El representante legal de la hija del extinto líder juve­nil del PLRA explicó que el Ministerio Público solo acusó por las imágenes del circuito cerrado, donde se observa al suboficial Gustavo Florentín, quien encabezaba la entrada al recinto partidario, no así por lo que dice el informe pericial, que genera duda de la autoría del crimen. Dijo que la bala salió de un cartucho, pero no se identificó dicha vainilla.

El viernes pasado, Arnaldo Báez fue beneficiado con libertad ambulatoria tras tres años de arresto domi­ciliario y como es una medida cautelar, el plazo de apelación es tan solo de 24 horas, pero recién ayer apareció en sistema elec­trónico del Poder Judicial, y de esa manera los abogados Ramírez Mora ya no tenían el plazo para presentar la apelación correspondiente.

Sobre la posible alteración de la escena del crimen, el pro­fesional del derecho mani­festó que dicho acto es un delito, y que el Ministerio Público debe abrir una inves­tigación contra las personas que aparecen en las distin­tas filmaciones. Dijo que el Ministerio Público obvió dichas filmaciones, que en estos tres años de proceso estuvieron escondiendo.

“Aquí el abogado de la otra querella debe apartarse del caso. Nosotros buscamos la verdad, de quiénes son los responsables del crimen de Rodrigo Quintana; la otra querella solo está con fines políticos. Guillermo Duarte Cacavelos es muy ligado al titu­lar del partido, Efraín Alegre; creo que ellos luego le pagan al abogado en esta causa, ya que los padres del fallecido no tienen recursos”, dijo Fabián Ramírez.

En otro momento también manifestó que la actual fiscala de la causa, Marlene González, tiene una sospechosa preferencia hacia los padres del desaparecido dirigente juvenil del PLRA.

Marlene González y Guillermo Duarte Cacavelos fueron por cua­tro años compañeros en un curso de maestría y por ética la repre­sentante del Ministerio Público debería de inhibirse del caso. Es más, de todas las causas en que habían coincidido se había apar­tado de los casos, menos en este.

Raquel Fernández, representante del Ministerio Público que inició pesquisa del crimen de Rodrigo Quintana, había dicho en su momento que nadie le iba a salvar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por lo que renunció.

Desde el primer momento del crimen de Rodrigo Quintana, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) politizó el homicidio ocurrido en el inte­rior del local partidario, el 1 de abril del 2017, con la incur­sión del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, quien ade­más representaba a la quere­lla por parte de los padres del fallecido, pero pagado por Efraín Alegre.

A decir de la ex fiscala de la causa, Raquel Fernández, quien manifestó hace unos dias a este medio que en las filmaciones que existen se observa la fabricación de bombas molotov en la sede del PLRA, semanas antes de los sucesos del 31-M, cuando ocu­rrió la quema del Congreso, ya los azules estaban prepa­rando un escenario bélico en aquel entonces.

Más aún cuando ocurrió el crimen del joven dirigente liberal, los líderes en todo momento quisieron inculpar al Gobierno de turno de ser el responsable del mencionado y lamentable homicidio.

Fue así que Guillermo Duarte Cacavelos pidió en reitera­das ocasiones la inclusión del cruce de llamadas entre quien fuera comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, con varios políticos de turno como, por ejemplo, Luis Canillas, quien era asesor de Yacyretá, como de José Ortiz, gerente de la Tabacalera del Este, durante esos hechos.

Pero lejos de investigar los mencionados cruces, la ex fiscala Raquel Fernández había decidido no incluir en la investigación, al no consi­derar gravitante, ya que tenía una película bastante clara de cómo sucedieron los hechos, por lo que imputó y lo sindicó como principal autor al subo­ficial Gustavo Florentín.

Ante esta situación, Duarte Cacavelos recusó a la fiscala y asumieron las fiscalas Teresa Rojas y Marlene González, esta última amiga íntima del mencionado abogado, quien ya no se apartó del caso.

Actualmente, Marlene Gon­zález sigue siendo la fiscala de la causa y Guillermo Duarte Cacavelos abogado quere­llante, figura cuestionada por la defensa, los abogados Víctor Raúl y Ricardo Estiga­rribia y Sandra Barrios, ade­más de Fabián y Ana Ramírez Mora, por la otra querella.