Por Jorge Torres Romero

Por disposición del comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), general del aire Juan Pablo Paredes González, la cuestionada adjudicación para la reparación de helicópteros sigue a tambor batiente. El militar pisoteó la recomendación de Contrataciones Públicas de retrotraer el proceso. La firma adjudicada que ni siquiera cumplió el plazo para la entrega del trabajo sería una empresa de maletín. Denuncia penal contra el proceso licitatorio señala hasta falsificación de documentos en el proceso.

La Fuerza Aérea Para­guaya (FAP), a cargo del general del aire Juan Pablo Paredes González, ignora por completo la deci­sión de la Dirección Nacional de Contrataciones de Públicas (DNCP) de frenar la ejecución del contrato con la firma Aero­partes SA para la reparación de helicópteros. El personal de la FAP recomendó una adjudi­cación de G. 2.799.000.000 a la firma Aeropartes SA en el marco de la licitación “Servi­cio de Inspección de 12 años, aplicación de boletín y repa­ración de componentes mayo­res del helicóptero UH-50 esquilo AS/350B series, por vencimiento de calendario y condición”.

El plazo de entrega lo deter­mina el pliego de bases en 90 días calendario contados a partir de la recepción de la orden de servicio. Dicha orden se emitió el 5 de diciembre del 2019, según mencionados en los documentos presentados en conferencia de prensa rea­lizada por la FAP. Entonces, el plazo de entrega se cumplió el 5 de marzo del 2020.

Resulta llamativo que los militares no se hayan expedido al res­pecto, con una nota de inti­mación, aplicación de mul­tas o el inicio del proceso de rescisión del contrato, por incumplimiento. Tampoco podría justificarse ningún atraso, pues la cuarentena de covid-19 se inició recién el 12 de marzo. Entonces, no existe argumento de fuerza mayor ni cortina de humo que pueda argumentar.

Lo actuado por la FAP en este proceso ya tiene incluso un proceso penal y también anulación del proceso de adjudicación por parte de la DNCP. Durante el veloz pro­ceso para entregar el dinero a la empresa adjudicada se encontraron groseras irre­gularidades y hasta se habla de que se falsificaron docu­mentos para iniciar los tra­bajos. El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, el general del aire Juan Pablo Paredes González, emitió un comunicado sobre los puntos cuestionados, sin embargo, el escrito que consta de unas 10 páginas no tiene firma ni sello y la persona que contestó las preguntas solo dio vueltas tra­tando de desviar la atención del hecho cuestionado.

Uno de los cuestionamien­tos hechos a la Fuerza Aérea fue el porqué se adjudicó a una empresa de maletín el millonario trabajo, a lo que respondieron que a ellos no les consta que eso sea así. Los comandados por el general Paredes Gonzá­lez no se tomaron el tiempo para verificar si la empresa ganadora existía en reali­dad. La empresa Aeropartes SA es representada por Fer­nando José Franco Olave.

La firma declara estar domici­liada sobre la ruta interna­cional camino al aeropuerto Silvio Pettirossi, en la ciu­dad de Luque. En el lugar no aparece ninguna empresa con esa denominación. El número telefónico que agre­gan en el contrato con ter­minaron 598 tampoco figura como activo a nombre de la empresa en la Copaco.

Ante la consulta hecha a la Fuerza Aérea del porqué ante el hallazgo de irregularida­des de parte de Contratacio­nes Públicas, de la Contralo­ría General de la República y del mismo Ministerio Público se hizo caso omiso a todo y se ratificaron enteramente su evaluación, la respuesta fue que: El hecho de haberse pre­sentado una denuncia no cam­bia en absoluto el contenido de los documentos presentados en las ofertas, todo lo presen­tado fue objeto de evaluación.

De esta forma dejan en evi­dencia que la Fuerza Aérea no le importa en absoluto las denuncias que van desde sim­ples irregularidades hasta fal­sificaciones de documentos, que lo único que tienen como prioridad es contratar los ser­vicios de las empresas y entre­gar el millonario monto que se destinó para reparar los heli­cópteros, es más se confirmó que ni la cuarentena sanita­ria dispuesta por el Gobierno en marzo pasado hizo que los trabajos se detengan.

Supuestamente los empleados de la firma adjudicada traba­jan con todos los protocolos de salubridad en plena pandemia para tratar de poner a punto los helicópteros si es que son requeridos para asistir a los enfermos.

Con esta excusa y pese a que hay una investigación en curso por las irregularidades que rayan con hechos delic­tivos los militares continúan con los trabajos y la empresa adjudicada ya cobró como anticipo G. 559.800.000. Lo único que quedó en claro es que el comandante de la Fuerza Aérea, general Juan Pablo Paredes González, se desentiende completamente de una grave situación que es una amañada y millonaria adjudicación que se dio a una empresa que solo aparece en los papeles.