Mientras la ciudadanía en general ayudó quedándose en sus casas, siguiendo las instrucciones del Gobierno Nacional y de quien entonces se erigía como “el capitán del barco”, aquel que nos guiaría para atravesar por la pandemia de covid-19, oportunistas cocinaban entre cuatro paredes una millonaria licitación para la compra de insumos médicos.

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Dijo Horacio, un poeta latino, que “si el vaso no está limpio, lo que en él se derrame se corrom­perá”, y esta histórica cita nos hace reflexionar. Julio Mazzoleni, un hombre que inspira confianza o al menos lo hacía, capitanea un Minis­terio de Salud sumido en denuncias de corrupción.

Tras las huellas del nego­ciado en una licitación de G. 85.220 millones que estaba en marcha, salió a flote un clan familiar con fuertes vínculos políticos, toda una rosca corrupta de funcio­narios operativa. El control ciudadano y el acompaña­miento de varios medios de comunicación que se hicie­ron eco fueron el contra­peso para truncar el per­verso plan.

Ya en cuarentena total dis­puesta por el Gobierno, como medida sanitaria, el Minis­terio de Salud llama el 31 de marzo a una licitación para la adquisición de insumos y camas hospitalarias, por vía de la excepción.

La licitación por valor de nada más y nada menos que G. 85.220 millones, llevó a Salud no más de 72 horas.

La veloz adjudicación de una licitación por semejante monto levantó sospechas, que se acentuaron cuando se supo cuáles eran las empre­sas “ganadoras”.

Registraríamos a Insumos Médicos SA y Eurotec SA con nombres diferentes pero que funcionan en una misma ofi­cina y hasta tienen el mismo número de teléfono. Son empresas de una misma familia que tiene como cabeza a Justo Ferreira, un empresario que administra varias otras firmas que fac­turan al Estado. Insumos Médicos está representada por Patricia Ferreira y Euro­tec por Marcelo Ferreira; son hijos de Justo Ferreira.

El 3 de abril, misma fecha en que se adjudicó la licita­ción, el director de Gestión de Insumos Estratégicos, Nery Rodríguez, en repre­sentación de Salud, firmó contratos; uno con Insu­mos Médicos por valor de G. 47.952 millones y otro con Eurotec por G. 37.268 millones.

Luego de la firma de contra­tos la urgencia mermó y se tardó 10 días en el proceso de emisión y notificación de las órdenes de compra.

Todo estaba fríamente cal­culado y los tiempos ajusta­dos a favor de las empresas de los Ferreira. El 17 de abril llegó al país el avión que traía insumos para los proveedo­res de Salud. Tras darse por notificadas de las órdenes de compra recién el 13 de abril, las firmas ganaron tiempo hasta el 20 para entregar la primera tanda de insumos.

En los contratos se estable­ció la primera entrega de insumos correspondiente al 30% de la cantidad adju­dicada, en un plazo de 7 días a partir de la recepción por parte de los proveedores de la orden de compra. La demora de Salud en la emi­sión de las órdenes de com­pra salvó de millonarias mul­tas a estas firmas.

Camas hospitalarias que el proveedor ofertó a sobrepre­cio, mascarillas y trajes de protección fueron rechaza­dos por el ministerio por no cumplir con las especifica­ciones requeridas y no con­tar con registros sanitarios. Los proveedores tenían un plazo de 24 horas para reem­plazar los insumos rechaza­dos, pero no lo hicieron y el 4 de mayo, Salud notifica a las firmas el inicio de rescisión de contrato.

El 21 de abril se rechazan mascarillas quirúrgicas y trajes de protección. El 23 de abril, otra partida de trajes de protección, y el 27 de abril camas hospitalarias. Desde el principio, estas empresas tuvieron el factor tiempo a su favor. La dilatación en el ini­cio de la rescisión de contrato se consideró como un salva­taje para dar tiempo a estas empresas, que estaban a la espera de la llegada de otros aviones con insumos.

Incluso, el ministro Mazzo­leni en una conferencia de prensa en fecha 29 de abril defendió las compras. Pre­sentaron renuncia en Salud los directores de la UOC, de Administración y Finanzas y de Vigilancia Sanitaria.

En este punto vale mencio­nar una investigación del periodista Jorge Torres, que reveló que la empresa Insumos Médicos, de los Ferreira, introduce al país medicamentos oncológicos provenientes de la India en forma ilegal y sin control. También importa fármacos para pacientes quirúrgicos procedentes de China sin la debida autorización.

La Contraloría inició una auditoría y el Ejecutivo con­formó una comisión de con­trol de compras por covid-19 y designó al frente al minis­tro de la Senad, Arnaldo Giuzzio.

Entre el 11 y 12 de mayo arri­baron al país otros dos avio­nes cargueros y el 18 de mayo, las empresas de los Ferreira entregaron a Salud otra par­tida de insumos correspon­diente a la primera tanda del 30% que debían proveer. Se hablaba entonces de una res­cisión parcial y no total con estas firmas, pero esto iba a cambiar con un informe de la Contraloría.

El ente de control sacó un demoledor informe tras verificar el proceso de com­pra de Salud. Concluyó que la adquisición “se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas”. Igual­mente, la comisión encabe­zada por Giuzzio confirmó irregularidades. Tras esto, el ministro Mazzoleni deci­dió cancelar los contratos, anunció sumarios y la eje­cución de pólizas.

Una pregunta periodística sobre la intromisión de gas­tados personajes del entorno del Presidente generó una respuesta reveladora por parte del viceministro de Salud, Julio Rolón.

Rolón corroboró el secreto a voces sobre los influyen­tes en la licitación. Confirmó que Raúl Silva de Yacyretá y el ex presidente de la Dinac, Édgar “Beto” Melgarejo, fue­ron los promotores, interme­diarios de la compra. Hasta hicieron de gestores en la venida del avión carguero.

• El 31 de marzo envían las invitaciones que fueron en su mayoría para el holding de empresas de la familia de Justo Ferreira.
• El 1 de abril a las 9:30 ya estaban evaluando las ofertas y se mencionan invitaciones mayoritariamente remitidas a firmas del clan Ferreira.
• El 3 de abril a las 9:01 entra al despacho del ministro capitán Julio Mazzoleni el dictamen favorable para que la máxima autoridad firme la resolución de adjudicación por vía de la excepción. El dictamen está firmado por el Dr. Gustavo Caballero y el Dr. Gustavo Irala.
• Ese mismo día, 3 de abril, a las 11:02 la resolución de adjudicación firmada por el ministro capitán ya tenía sello de recibido en administración y 20 minutos después ya tuvo retorno a la oficina de Contrataciones del ministerio. Es decir, en menos de dos horas de haber ingresado el dictamen de los abogados al despacho de Mazzoleni, la resolución ya estaba adjudicada y minutos después siguiendo su curso administrativo para el contrato.
• El mismo día, 3 de abril, se firmó contrato con las firmas Eurotec SA e Insumos Médicos SA. Aparece como contratante el cuestionado director de Insumos Estratégicos, Nery Emilio Rodríguez Bazzano, el mismo que después de la acelerada adjudicación y contratación congeló los pedidos de los artículos y así blindó de multas a los proveedores.

La Contraloría General de la República confirmó todas las irregularidades que salieron a la luz y destrozó el argumento de urgencia que alegaron los funcionarios involucrados para la acelerada adjudicación a los Ferreira.

El ministro capitán había rea­lizado el 29 de abril pasado una conferencia de prensa en la que salió a defender la serie de cuestionamientos, entre ellos la alevosa sobrefactu­ración en el caso de la com­pra de camas hospitalarias. Sin embargo, 22 días después tuvo que realizar otra confe­rencia para comunicar la res­cisión total del contrato con los Ferreira a raíz de que el ente contralor cuestionó duramente el proceso lici­tatorio y concluyó que está viciado de irregularidades en todas sus etapas.

Claramente, la Contraloría le dijo al Ministerio de Salud que la forma en que lleva­ron el proceso licitatorio no se fundamenta en la urgen­cia impostergable. Ya que se dilataron la emisión de órde­nes de compra, hecho que no concuerda con la emergencia sanitaria argumentada.

En 44 páginas, la Contralo­ría difundió un informe que confirmó la serie de irregu­laridades que las denuncias periodísticas vienen aler­tando desde hace más de un mes y medio. El análisis rati­fica que se jugó con el tiempo y se lesionó el sistema de Salud que se había activado por la pandemia del covid-19.

Se bastardeó el proceso lici­tatorio obviando el registro sanitario, presentación de muestras, que era motivo de descalificación; limitaron la información sobre anticipo incorporado por el camino en la licitación, etc.

Los aviones cargueros generaron una gran expectativa ciudadana y más en el personal de blanco porque los insumos médicos eran parte de la dotación esperada para fortalecer el sistema sanitario contra el invisible y temido covid-19.

Los insumos que llegaron generaron otra decepción. Mercaderías de baja calidad, sin registro sanitario ni espe­cificaciones técnicas requeri­das estallaron de nuevo en las manos del ministro Mazzo­leni, quien tuvo que rechazar la primera y la segunda entre­gas defectuosas por parte de los proveedores.

Sin piedad, las camas hospi­talarias sin cumplir con la calidad requerida fueron ven­didas por los Ferreira a precio quintuplicado, según revela­ron los despachos de impor­tación. Se había importado a G. 670 mil pero se facturó a G. 4.250.000 cada cama, pese a ello el ministro Mazzoleni dijo que no hay sobrefactu­ración.

En medio del proceso de entrega, otro hecho llamativo generó escándalo en torno a las camas hospitalarias. Días después del arribo del avión carguero, vecinos del barrio San Vicente alertaron de la llegada de grandes camio­nes con camas para hospital que fueron guardadas en un depósito de la zona.

Aquí se descubrió que la dueña del depósito donde se guardaron las camas era María Nathalia Samaniego, sobrina de la senadora Lilian Samaniego. La joven había emitido un comunicado diciendo que alquila dicho depósito a la firma New Logistic SA, sin embargo, la firma es otra perteneciente a Justo Ferreira y su hija Patri­cia Ferreira.

Este hecho hiló otras cone­xiones de la familia de la legisladora con los Ferreira. Resulta ser que María Laura Samaniego, hermana de María Nathalia, opera en lici­taciones con firmas de Justo Ferreira, además de compar­tir depósito de insumos, etc.

Pero el hecho más fuerte fue el destape de una transfe­rencia de casi US$ 1 millón que realizó la empresa de los Ferreira a la firma Centro Médico Amanecer, propie­dad de la sobrina de la sena­dora. Hasta ahora la familia de la política no explica el concepto de la transferencia.