Salud apunta ahora a la ejecución de póliza para recuperar anticipos que pagó a proveedores por insumos médicos.

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El Ministerio de Salud Pública y Bienes­tar Social (MSPyBS) finalmente anunció la res­cisión total de los contratos con las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA, luego de conocerse el con­tundente informe de la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR) que terminó por sepultar sus compras. El ministro Julio Mazzoleni hizo pública su decisión ayer en conferencia de prensa, además anunció la instruc­ción de sumarios y la ejecu­ción de pólizas.

“La rescisión es unilate­ral y se va a basar precisa­mente en los informes de los organismos contralores. Lo vamos a hacer ejecutando la póliza y con la estrategia que determine la Asesoría Jurídica”, expresó el titular de Salud.

El informe conclusivo de la CGR fue fulminante y en él se confirma una serie de irregularidades en el pro­ceso de adquisición de insu­mos médicos por covid-19, en el que fueron favorecidas empresas del clan Ferreira.

Insumos Médicos SA, de Patricia Ferreira, tiene un contrato que asciende a la suma de G. 47.952 millo­nes, y Eurotec, de Marcelo Ferreira, un contrato por valor de G. 37.268 millones. Los hermanos Ferreira, hijos del empresario Justo Ferreira, quien tiene varias otras empresas que factu­ran al Estado, se hicieron con contratos que totalizan G. 85.220 millones.

La cartera de Salud llegó a pagar anticipos a ambas empresas que sumaron G. 17.000 millones. El ministro manifestó al respecto que el paso inicial es la ejecución de pólizas. Patria SA de Seguros y Reaseguros es la firma que emitió pólizas por el valor total de los anticipos. Ade­más, el ministerio puede eje­cutar la póliza de seguro por incumplimiento de contrato y recibir un resarcimiento de G. 8.522 millones.

Mazzoleni anunció también la instrucción de sumarios para deslindar responsa­bilidades. En ese sentido mencionó que el ministe­rio cuenta con un Depar­tamento de Investigación y una Dirección de Antico­rrupción, que determina­rán las personas que deben ser sumariadas. La Contra­loría realizó 13 observacio­nes que salpican con serios indicios de corrupción a la administración del ministro Mazzoleni.

El ente de control señala que el proceso de adquisición de insumos médicos llevado a cabo por el ministerio “se encuentra viciado de irregu­laridades en todas sus eta­pas”. Luego de conocerse este informe que consta de 41 páginas la cartera sanitaria reculó y anunció la rescisión total de los contratos cuando primeramente consideraba solo la rescisión parcial.

El director de Contratacio­nes Públicas, Pablo Seitz, manifestó que aguardan la resolución formal de parte del ministerio sobre la res­cisión de contratos para ini­ciar procesos sumariales a los proveedores. “El primer paso que va a tomar la DNCP respecto a la consecuencia de la rescisión de contratos se va a dar cuando el minis­terio comunique formal­mente dicha rescisión (…). A partir de ahí, la DNCP ini­ciaría procesos sumariales para aplicar eventualmente sanciones a los proveedores que hayan incumplido con­trato”, indicó Seitz a radio Universo 970 AM.

Otro duro informe referente a las adquisiciones de Salud es de la comisión de control de compras por covid-19.

Esta comisión, presidida por el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, también sacó un informe sobre las compras de Salud, que con­firma numerosas irregula­ridades. El ministro Giuzzio contó que, según registros de Aduanas, mascarillas KN95 llegaron de origen en tres cajas, consignando distintos fabricantes y sin marca, no obstante, fueron entregadas al parque sani­tario del ministerio, en una caja similar, pero con la marca HK.

Asimismo, los trajes de pro­tección biológica no conta­ban con registro sanitario; también la comisión observó que los paquetes y etiquetas de los que llegaron al aero­puerto diferían de los que fueron entregados en el par­que sanitario. Los protecto­res faciales fueron despacha­dos y entregados a Salud sin marca, a pesar de que el con­trato exigía de la marca HK. Son algunas de las irregu­laridades detectadas por la comisión.

Giuzzio señaló que el minis­terio a cargo de Julio Maz­zoleni debe ser sumamente duro ante la responsabilidad penal y civil, atendiendo a las irregularidades en el pro­ceso de licitación en el que fueron favorecidas empresas de una misma familia.