La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el informe final de la revisión a la adquisición de insumos médicos del Ministerio de Salud por COVID-19, en el que concluye que “se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas”.
“Se observa el proceder de la Dirección Administrativa, la Unidad Operativa de Contratación y el Comité de Evaluación de Ofertas, que tuvieron intervención en las diferentes etapas del procedimiento de contratación y, consecuentemente, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, deberá adoptar las medidas correctivas (…)”, dice parte del informe que cuenta con 13 contundentes observaciones.
El ente de control señala que el Ministerio de Salud, al adoptar la decisión de proceder mediante una contratación por excepción, invocando urgencia impostergable, indica que requería la provisión de los insumos y camas hospitalarias en forma inmediata. Sin embargo, al establecer un anticipo en el pliego de bases y condiciones desvirtúa la causal de urgencia.
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“(…) el anticipo es otorgado para cubrir los costos iniciales del proveedor, esto sugiere que no se tendrá la provisión inmediata de los productos a ser adquiridos”, añade el documento.
Menciona además que, en la etapa de apertura de ofertas, no se observa en el acta la falta de presentación de muestras de los productos ofrecidos y, en la etapa de evaluación de las ofertas, no fueron analizados requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones que se refieren a las especificaciones técnicas.
En la licitación por G. 85.220 millones fueron adjudicadas las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA. Son empresas de una misma familia que acapara contratos con el Estado.
Insumos Médicos SA, de Patricia Ferreira, se quedó con un contrato que asciende a la suma de G. 47.952 millones y Eurotec, de Marcelo Ferreira, con un contrato de G. 37.268 millones. Salud rescindió de forma parcial los contratos con ambas firmas por no proveer la totalidad de insumos comprometidos.
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