La Contraloría General de la República (CGR) detectó pagos por más de G. 3.000 millones en concepto de jornales, financiados con fondos genuinos y de royalties, con varias deficiencias en los documentos de respaldo.
Un rosario de irregularidades se confirma en el concluyente informe de auditoría a la Municipalidad de Villa Hayes, que consta de 21 observaciones. Algunas que, inclusive, podrían ser derivadas a la Fiscalía, por lo que el panorama para el intendente Esteban Ríos Ayala se puede tornar oscuro.
El ente de control halló pagos de G. 1.416 millones en concepto de jornales en el segundo semestre del ejercicio fiscal 2018 y del 1 de enero al 31 de julio del 2019 por importe de G. 1.722 millones, financiados con fondos genuinos y de royalties, con deficiencias en los documentos de respaldo.
De acuerdo al informe de auditoría, en los legajos verificados no se observaron, en algunos casos, planilla de asistencia y resolución que autoriza el contrato y el pago, contratos sin fotocopia de cédula de identidad, entre otras deficiencias.
En su descargo, el municipio argumentó que los documentos no visualizados por el equipo auditor se encuentran archivados en otras carpetas.
La Contraloría consideró insatisfactorio el descargo y añadió en su informe que la documentación remitida por el municipio no esclarece los puntos observados. Justamente, esta observación es una de las que serán analizadas por la Dirección de Auditoría Forense, dependiente de la CGR, para determinar si corresponde o no el llenado del formulario de indicios de hechos punibles contra el patrimonio.
DESVÍO
Otra observación del ente de control indica que la administración de Ríos Ayala realizó transferencias entre cuentas (intercuentas) por G. 2.765 millones desde las cuentas de Fonacide, royalties y bonos a la cuenta de recursos propios.
Estas operaciones de transferencia se efectuaron en los meses de julio y agosto del 2018 y febrero, marzo, junio y julio del 2019. Este tipo de prácticas van a contramano de las disposiciones legales, teniendo en cuenta que cada proyecto o programa debe ser financiado con los recursos asignados respectivamente para el fin con el que fueron recibidos.
El municipio alegó en su descargo que las transferencias fueron realizadas “a efectos de cubrir compromisos con distintos proveedores ante la falta de recursos” y añadió que todas las transferencias fueron posteriormente devueltas por su importe íntegro.
De acuerdo al ente de control, ciertas erogaciones están siendo cubiertas con los fondos disponibles en el momento con dichas transferencias, para luego corregir la situación, o sea la devolución a la cuenta de origen, cuando se cuente con los recursos pertinentes.
El informe final de la auditoría también refiere que Ríos Ayala, como ordenador de gastos, realizó nombramientos y contratos de familiares en contravención a Ley N° 5295/14 “Que prohíbe el Nepotismo en la Función Pública”.