Las actas de conformación de las sociedades anónimas de las empresas invitadas por el Ministerio de Salud a participar de una contratación por la vía de la excepción confirman que están todas vinculadas al empresario Justo Ferreira, quien montó un holding de empresas con el único fin de proveerle al Estado. Ferreira está vinculado a un grupo de empresarios imputados por estafa y asociación criminal. El reciente contrato para el clan Ferreira fue de G. 85 mil millones (US$ 13,5 millones) a través de una compra directa, que según dos cámaras de proveedores se “cocinó” a puertas cerradas.
- POR JORGE TORRES ROMERO
Por notas del 31 de marzo de este año, el Departamento de Procesos Complementarios y Excepciones del Ministerio de Salud invitó a las firmas Metaway SA, La Casa del Médico SA, Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Medical Pharma SA, para la presentación de ofertas en el marco de la contratación por la vía de la excepción N° 36/2020 para la Adquisición Urgente de Insumos y Camas para la COVID-19.
Llamativamente, se trataría de empresas proveedoras que forman parte de un mismo holding perteneciente al mismo clan familiar dirigido por Justo Rubén Ferreira, quien opera con sus hijos Patricia Beatriz y Marcelo Ferreira Pascottini. En el caso de Metaway SA, figura en el registro de proveedores del Estado a nombre de Justo Rubén Ferreira Servín; mientras que la firma Imedic, por su parte, tiene como miembros de su directorio a Patricia Beatriz Ferreira Pascottini como presidenta; Nidia Godoy Ojeda, como directora titular; Nelly Lorena Sosa López, como directora suplente; Claudia Patricia Segovia Gayoso, como síndico titular, y Noemí Carolina Palacios como síndico suplente.
A su vez, la empresa Eurotec SA, otra de las adjudicadas, tiene como presidente a Marcelo Ferreira Pascottini; como director titular a Sixto Arnaldo Valdez Giménez; como director suplente, Santiago Meza Céspedes; como síndico titular, Gladys Mabel Scarpellini, y como suplente a Enrique Sergio López Antonelli.
La firma Eurotec estaría vinculada a empresa Woking SA que preside Carlos Alberto Borrell, junto con Vanessa Grisel Borrell Candia. Esta misma proveedora aparece como accionista mayoritaria de Medical Pharma, según se observa en los registros públicos de la sociedad anónima. Todas estas empresas que están conectadas entre sí son las que se reparten los contratos de adquisición de insumos y equipos médicos en el marco de la pandemia. La situación incluso ya fue denunciada por las cámaras empresariales que aglutina a los importadores y representantes de estos productos.
Tanto Imedic como Eurotec fueron beneficiadas con el contrato del llamado por la vía de la excepción N° 36/2020 para la provisión de Insumos y Camas para la COVID-19 por un monto total aproximado de G. 85.220 millones (unos US$ 13,5 millones, al cambio actual). Insumos Médicos SA (Imedic) fue adjudicada por un monto total de G. 47.952.500.000 y Eurotec SA, favorecida con un contrato de G. 37.268.000.000.
IRREGULARIDADES EMPAÑAN COMPRA
Lo llamativo de la adjudicación realizada para el clan Ferreira es que, para efectuar dicha adquisición, la cartera de Salud no efectuó ningún llamado ni convocó a todas las empresas que podían ofertar los productos requeridos, sino que benefició directamente a dos empresas que, según los datos, estarían vinculadas entre sí.
Si bien la Ley 6.524 promulgada el 1 de abril pasado le otorgaba esta prerrogativa, lo correcto hubiera sido que el Gobierno, a través del MSPyBS, en todo momento lleve adelante procesos de compra justos, con condiciones claras e igualitarias a fin de dar oportunidad a todas aquellas empresas que estén en posibilidad de competir de forma ética y transparente. Las irregularidades denunciadas podrían incluso traer aparejadas la nulidad del proceso, teniendo en cuenta que, en ninguno de los documentos que obran en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), se hace referencia a que se haya invitado a las empresas que usualmente suelen proveer al Estado en el rubro de la salud. Si bien es un llamado por vía de la excepción, fundado en urgencia impostergable, igualmente hay que recordar que el artículo 4 de la Ley 2051/03, obliga a las convocantes a proveer “…toda la información relacionada con la actividad de contratación pública, específicamente sobre los programas anuales de contratación, sobre los trámites y requisitos que deban satisfacerse las convocatorias (…)”. En casos como este –de urgencia impostergable– en que los llamados no son publicados en el SICP, es en que el principio de la publicidad y transparencia, debería ser aún más celosamente precautelado.
RECLAMO DE PROVEEDORES
La Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa) y la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio (Cappen) cuestionaron duramente las compras públicas realizadas por la vía de la excepción.
Por medio de una carta remitida al ministro Julio Mazzoleni, en fecha 15 de abril pasado, los citados gremios manifestaron su repudio por la forma de realizar las adquisiciones en un momento grave para nuestra nación, con la única intención de beneficiar a unos cuantos oferentes en detrimento de la salud y de la población del país. Asimismo, pidieron a las autoridades no poner en duda la reputación institucional a través de actos que, sin alejarse de las formalidades de la ley, revisten un carácter dudoso en la aplicación de normas y principios que rigen las Contrataciones Públicas en el Paraguay.
Ambas cámaras reafirman el compromiso de sostener, observar y promover de manera permanente una elevada conducta de integridad ética y de competencia comercial de todas las partes interesadas.