La denuncia sobre irre­gularidades en adqui­siciones del Ministe­rio de Salud que recibió la Dirección Nacional de Con­trataciones Públicas (DNCP) es terminante y acentúa todavía más las sospechas de direccionamiento a favor de dos firmas vinculadas a una misma familia.

El ente regulador de las com­pras públicas ya inició una investigación de oficio al saltar el caso. El 3 de abril pasado, en un tiempo récord de 72 horas, la cartera sanitaria adjudicó la compra por vía de la excep­ción de insumos médicos, en el marco de la emergencia sanita­ria por valor de G. 85.220 millo­nes (US$ 13,5 millones).

El llamado se realizó el 31 de marzo, la apertura de sobres al día siguiente a las 8:30 y 48 horas después, es decir, el 3 de abril, el ministro Julio Maz­zoleni Insfrán firma la reso­lución de la millonaria com­pra de “insumos y camas para COVID-19”, según consta en el portal de la DNCP. El apuro dejó de lado a proveedores del rubro que no estaban entera­dos de la veloz adjudicación, según manifestaron mediante una nota remitida a la máxima autoridad sanitaria.

La denuncia cuestiona que la invitación de la licitación se redujera a Eurotec SA e Insu­mos Médicos SA empresas que representan los herma­nos Marcelo Rubén Ferreira Pascottini y Patricia Beatriz Ferreira Pascottini. Como una suerte de cumplido se incluyó a la firma Altas Tecnologías SA, una pequeña empresa, cuyas referencias de contratación tenían probabilidades casi nulas frente a las otras dos.

En el informe enviado a la DNCP se refiere que ni en el acta de apertura de ofertas, ni en ninguno de los documentos publicados en el portal de Con­trataciones Públicas se men­ciona que se haya cursado invi­tación a empresas del rubro.

En el portal de la DNCP las firmas representadas por los hermanos Ferreira fijan ofi­cina comercial en una misma dirección, hasta tienen mismo número de teléfono.

Los afortunados adjudicados son hijos del empresario Justo Ferreira, cuyo nombre se vin­cula al de Roque Dagogliano y Carlos Borrell en el 2019, luego de que ambos fueran denun­ciados por las empresas en las que trabajaban, Scavone Hnos. y Éticos, respectivamente.

Dagogliano fue imputado por el fiscal Yoan Paul López por el hecho punible de lesión de confianza. El mismo era parte activa y principal de un grupo de personas que estructuró y dirigió empresas del mismo rubro que la farmacéutica, a quienes favoreció en perjuicio de su propia mandante. Preci­samente, dentro de este grupo de empresas se encuentran Bilac SA, Eurotec SA e Insu­mos Médicos SA.

El contrato con Eurotec SA es por valor de G. 37.268 millo­nes, mientras que el de Insu­mos Médicos SA asciende a la suma de G. 47.952 millones. La Cámara de Representan­tes e Importadores de Produc­tos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cri­pfa) y la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laborato­rio (Cappem) también se diri­gieron al ministro Mazzoleni repudiando la manera en que favorecieron a las dos empresas.

La denuncia además hace hin­capié en el precio pagado por mascarillas, en el contrato con Eurotec SA. En el marco de este llamado a contratación (el 1 de abril), Eurotec ha ofertado “mascarillas quirúrgicas” a G. 3.410 y tan solo 6 días después (el 7 de abril) ofertó el mismo ítem a G. 3.080.

Si bien no varía mucho el pre­cio unitario, si se multiplica los G. 330 de diferencia entre una y otra cotización por 6.000.000 de unidades (canti­dad adquirida en este llamado), se tiene una diferencia de G. 1.980.000.000 más caro.

De acuerdo a la denuncia, por dicha diferencia podrían adqui­rirse la totalidad de los protec­tores faciales u oculares adju­dicados en el mismo contrato, e igual se tendría un rema­nente. Un dato no menor es que en este llamado se ha ofertado más caro el mismo producto, por más de que prevé anticipo financiero inclusive.

Otro punto llamativo que consta en la denuncia es que en el Sis­tema de Información de las Con­trataciones Públicas (SICP) no se estipulaba el pago de anticipo. Sin embargo, en las Condiciones Especiales del Contrato, anexas al compromiso suscrito, se esta­bleció la entrega de un generoso anticipo equivalente al 20% del valor adjudicado.