Además, surgen sospechas de que la adjudicación fue direccionada, considerando que fueron beneficiadas dos empresas vinculadas a una misma familia.

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En el tiempo récord de 72 horas, el Ministe­rio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) liquidó la adjudicación de compra por vía de la excep­ción de insumos médicos por valor de G. 85.220 millo­nes, en el marco de la emer­gencia por la COVID -19. El monto equivale a unos US$ 13,5 millones.

En los documentos figura que el llamado fue efectuado el 31 de marzo del 2020, la apertura de sobres fue al día siguiente a las 8:30 y 48 horas después, es decir el 3 de abril, el ministro Julio Mazzoleni Insfrán firma la resolución de la millonaria adjudicación.

La celeridad del proceso hasta resultaría eficiente, si no salta­ran hechos llamativos como la limitada cantidad de invitados enfocada a dos grandes contra­tistas y una pequeña empresa, cuyas referencias de contrata­ción tenían probabilidades casi nulas para calificar. De ahí la sospecha de que la adjudica­ción fue direccionada a favor de Eurotec SA e Insumos Médi­cos SA, dos empresas con nom­bres diferentes pero vincula­das a una misma familia.

El apuro al parecer no rige para todos los llamados, en el marco de la misma emergencia de la COVID-19. El MSPyBS rea­lizó la apertura de sobres de la licitación 39/20 el 7 de abril pasado, pero hasta ahora no se adjudicó, según el portal de Contrataciones Públicas.

Los hijos del empresario Justo Ferreira están al frente de ambas firmas beneficiadas. En Eurotec SA aparece Mar­celo Rubén Ferreira Pascot­tini y en Insumos Médicos SA la otra hija de nombre Patricia Beatriz Ferreira Pascottini.

Eurotec SA se adjudicó un con­trato por valor de G. 37.268 millones, mientras que el porcentaje mayor de G. 47.952 millones fue para Insumos Médicos SA.

Las dos empresas beneficiadas con la veloz compra de Salud Pública están salpicadas en el esquema de estafa y lesión de confianza que involucró a altos gerentes de laboratorios pri­vados acusados por la Fiscalía de haber causado millonarios perjuicios a las empresas para las que trabajaban.

Según los trascendidos, el nombre de Justo Ferreira se vincula al de Roque Dago­gliano y Carlos Borrell en el 2019, luego de que ambos fueran denunciados por las empresas en las que trabaja­ban, Scavone Hnos. y Éticos, respectivamente.

El modus operandi que la Fiscalía detectó y que tomó estado público en los últi­mos meses es que ambas personas vendían medica­mentos costosos a precios muy inferiores a varias fir­mas ligadas a ellos, para que las mismas se presenten a licitaciones públicas y sean adjudicadas por ofertar un precio inferior en compara­ción al ofrecido por el fabri­cante del medicamento.

Roque Dagogliano fue impu­tado por el fiscal Yoan Paul López por el hecho punible de lesión de confianza. Según la imputación, el ex gerente reci­bió mandatos específicos para que se presente a toda licita­ción o llamado relacionados a productos elaborados por la firma.

Dagogliano era parte activa y principal de un grupo de personas que estructuró y dirigió empresas del mismo rubro que la farmacéutica, a quienes favoreció en perjui­cio de su propia mandante. Precisamente, dentro de este grupo de empresas se encuentran Bilac SA, Euro­tec SA e Insumos Médicos SA.

El daño que había sido denun­ciado es de unos G. 15.000 millones.

Un hecho llamativo es que al pie del compromiso con las empresas, en la sección de Condiciones Espe­ciales del Contrato (CEC), se aplica el pago de un anticipo del 20% del valor total adjudicado, a partir de una nota que la contratista presente dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del contrato. Aunque también estipula que la convocante podrá hacer el desembolso dentro de los 60 días a partir de la solicitud del prestatario, llama la atención del caso considerando que en los llamados en espera de adjudicación niegan esta facilidad a los oferentes.

Un dato no menor de la citada compra es también el precio de las mascarillas, insumo de la discordia en otra institución en este momento.

Eurotec vendió 6 millones de mascarillas quirúrgicas a G. 3.410 a Salud Pública en esta acelerada licita­ción. El precio pasaría desapercibido y hasta resulta justo si es que en otra apertura de ofertas realizada 6 días después no se presentaran a costos menores.

Lo más alevoso aún es que Eurotec cotizó una semana después a G. 3.080 cada mascarilla, hubo empre­sas que incluso ofertaron a G. 2.950, según documentos a los que pudimos acceder. Multiplicada la diferencia en el precio por las 6 millones de unidades compradas, salta que pudo haber un ahorro de G. 2.760 millones para el Estado paraguayo.