La Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa) y la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio (Cappem) expresaron su repudio a la manera en que favorecieron a dos empresas proveedoras de una misma familia en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
Remitieron ayer dos notas al ministro Julio Mazzoleni para expresar la postura sobre la Licitación 36/2020 de G. 85.220 millones en la que sólo se invitó a dos firmas de dudosos antecedentes. Solicitan la respuesta a las ofertas presentadas en otro proceso iniciado hace casi 10 días con número 39/2020, además de reglas claras en las licitaciones.
“Como representantes de casi la totalidad de las empresas dedicadas al rubro manifestamos nuestro repudio en la forma de realizar las compras públicas en un momento grave para nuestra nación, con la única intención de beneficiar a unos cuantos oferentes en detrimento de la salud y de la población del país”, reza parte de una de las misivas dirigidas al jefe de Salud Pública.
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En la nota también requieren al Gobierno procesos de compra justos y en condiciones igualitarias para las empresas.
La nota fue remitida luego de estallar el caso de una millonaria adjudicación supuestamente dirigida a favor de las firmas Eurotec SA e Insumos Médicos SA, en las que aparecen los hermanos Patricia Ferreira y Marcelo Ferreira, hijos del empresario Justo Ferreira.
Cabe recordar que las empresas favorecidas aparecen salpicadas en un esquema de estafa y lesión de confianza que involucró a altos gerentes de laboratorios privados, acusados por la Fiscalía de haber causado millonarios perjuicios a las empresas para las que trabajaban.
La adjudicación a los hermanos Ferreira se había realizado de forma veloz y la invitación para el proceso prácticamente estuvo dirigida solo a ellos. Se estipuló un jugoso anticipo en el contrato, mientras que en la Licitación 39/20, en espera de adjudicación hace 10 días, el Ministerio de Salud niega el beneficio de otorgar anticipo a los oferentes.
Sobre el proceso estancado, los gremialistas manifiestan su preocupación por la falta de respuesta de la cartera sanitaria, “cuando el compromiso verbal asumido por la institución fue en un plazo de 24 horas por la situación de urgencia instalada”. Subrayan también que las compañías han priorizado las ventas para el Ministerio de Salud y se encuentran a la espera de una comunicación para disponer del stock actual con el que cuentan.
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