La Ley 1.626/2000 prohíbe a los funcionarios públicos intervenir directamente en la obtención de concesiones del Estado o de cualquier privilegio para favorecerse a sí mismos o a terceros.

• Por Lourdes Pintos
• lourdes.pintos@gruponacion.com.py

Ronald Ariel Díaz, esposo de Delia Noemí Guerrero, asesora jurídica de la Direc­ción Nacional de Correos del Paraguay, fue beneficiado con un millonario contrato para la prestación de servicios de transporte de valores para la institución, sin haberse hecho un concurso para su contratación.

Si bien es cierto que la Ley 2.051 “De Contrataciones Públicas” excluye del lla­mado a licitación las contra­taciones de transporte de correo internacional y las de transporte interno de correo, el artículo 21, inciso f, solo menciona a estos dos servi­cios, no así a la contratación del servicio de transporte de valores, como sucede en este caso específico.

Además, la Ley 1.626/2000 “De la Función Pública”, en su Artículo 60, inciso h, clara­mente prohíbe al funcionario público “intervenir directa­mente, por interpósita per­sona o por actos simulados, en la obtención de conce­siones del Estado o de cual­quier privilegio por parte del mismo, que importe benefi­cio propio o de terceros”; en este caso, el beneficiado es el marido de Guerrero, la ase­sora jurídica del Correo. Por ende, se deduce que además de Díaz, otra de las principa­les beneficiadas es la propia funcionaria.

Según nuestras fuentes, Díaz habría empezado a trabajar para la institución desde el año pasado (2018) y los montos percibidos cada mes varían dependiendo del tra­bajo realizado, pero siem­pre están por encima de los G. 100.000.000. Por ejemplo, según las solicitudes de trans­ferencias de recursos, desde la cuenta del Correo a la cuenta de Díaz, en junio de este año (2019) se transfirieron G. 125.217.000; en el mes de julio G. 131.656.000; en tanto que en agosto el total trans­ferido fue de G. 105.570.000 y en el mes de setiembre G. 108.099.000.

Lo llamativo del caso es que el marido de la funcionaria es despachante de Aduanas y el nombre de fantasía que utiliza para sus negocios y que figura en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones (DNCP) es RD, Consultora Aduanera, cuyo RUC coincide con el pro­veedor al que se hicieron las millonarias transferencias.

Díaz tampoco contaría con ninguna empresa de trans­porte, sí con una playa de venta de vehículos y estos serían los mismos que están siendo utilizados para transportar los valores del ente público. El chofer es empleado de la playa, pero un funcionario del Correo cus­todiado con un agente poli­cial traslada el dinero, todos en el mismo móvil. Nuestra fuente sostiene que normal­mente los modelos utilizados son: Allion, Platz, Ist y Noa, es decir, ninguno cuenta con los requisitos de seguridad básicos para servicios de este tipo.

Desde la redacción de La Nación nos pusimos en con­tacto con el director general del Correo, Luis Fernando Servín, para consultarle res­pecto a esta denuncia, pero no respondió la llamada y el men­saje de Whatsapp dejó en visto.

También llamamos a Delia Guerrero, pero tampoco res­pondió. Insistimos con men­sajes de Whatsapp, pero blo­queó nuestra línea. Guerrero vio el mensaje en el que solo pedimos hacerle una consulta en su carácter de asesora jurí­dica del ente, sin mencionar el caso en particular. Bloqueó la línea y ya no pudimos obtener su respuesta.

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