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La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime el pasado 7 de noviembre un pedido de informe a la Contraloría de la República (CGR), para que en el plazo de 15 días remita el resultado final de la auditoría realizada a la gobernación de Guairá correspondiente al ejercicio fiscal del 2015 y 2016, manejada en aquel entonces por Rodolfo Friedmann Alfaro. Ya pasaron 4 meses del pedido y el contralor Enrique García ninguneó a los legisladores desentendiéndose de la solicitud.

El pedido de informe final a la Contraloría había sido impulsado el año pasado por el diputado colorado Fernando Ortellado, también incluye la realización de otra auditoría a los ejercicios fiscales 2014 y 2017 de la gobernación de Guairá. Dieron como plazo 90 días para que el órgano contralor remita el informe final del examen requerido. Sobre este punto, la CGR ya respondió y dice que la actividad de control requerida por la Cámara Baja está programada recién para el ejercicio fiscal del 2019.

Consultamos con el diputado Ortellado sobre la inacción del órgano contralor y manifestó que el ex gobernador “está protegido” por el Gobierno.

Cabe recordar que también existe otro pedido de informe del senador Enrique Riera, sobre el mismo caso, que tampoco tiene retorno por parte del ente de control.

Hace dos años que la Contraloría está dilatando la conclusión de la auditoría realizada a la gobernación de Guairá. En abril del 2017 terminaron un primer informe donde saltó una serie de irregularidades. A partir de allí debían notificar a Friedmann, pero no lo hicieron hasta un año después de conocerse el demoledor estudio.

En abril se cumplen dos años, pero la auditoría sigue en los cajones de la Contraloría.

En medio de todo esto, el contralor García justamente está a un paso de afrontar juicio político. Sobre el alto funcionario pesan sospechas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Coincidentemente, Friedmann, conocido por sus arranques anticorrupción, mantiene perfil bajo en este caso.

Entre las irregularidades detectadas se encuentra por ejemplo el “carnaval con combustible”, de la secretaría de Obras Públicas, a cargo del tío de Rodolfo Friedmann. Saltó carga que en un mismo día registró una provisión de 23.820 litros de gasoil común, de una sola vez. Sin embargo, entre las planillas de uso diario de combustibles de los equipos de obras viales de la gobernación, correspondientes al mes de setiembre del 2015, no se observó la utilización de maquinarias en fecha que se realizó la llamativa carga.

Evidentemente el modus operandi era efectivizar vales de combustibles. El tío llegó a consignar incluso un suministro de más de 11 mil litros del carburante en tiempo récord de 7 minutos, según el informe de la auditoría de los años 2015/2016.

En el 2016, Friedmann adjudicó un contrato de G. 15.452 millones a la empresa ESSA, por 1.367.520 raciones de almuerzo escolar. La mitad de las raciones, es decir, 683.760, debía ser distribuida en el citado periodo y el resto en el 2017. Según el informe de la CGR, solo entregaron 480.611 raciones del almuerzo escolar y quedó un faltante de 203.149 raciones por valor de G. 2.295 millones.

Otra de las irregularidades detectadas y que hasta hora no fueron aclaradas es la transferencia del ex gobernador de unos G. 3.699 millones a una comisión de nombre Fomento y Desarrollo Urbano para la realización de varias obras en el departamento. Sin embargo, el presidente de la asociación, Carlos Verdecchia, no sabe cómo se usó el dinero, según declaró al equipo auditor.

El presidente de la asociación manifestó también que actuaron de pasamano. Recibieron el cheque, endosaron y entregaron a la contratista EDR Construcciones, empresa del señor Eduardo Agustín Duarte, quien junto con su padre, Agustín Duarte, fueron los proveedores estrella de Friedmann, quienes se alzaban con todas las licitaciones durante su gestión.

El caso presidente de la “Comisión Antilavado”, Friedmann fue denunciado por los pobladores de Villarrica. Se formalizó incluso una denuncia por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito, en diciembre del año pasado. Sin embargo, la investigación que está a cargo de la fiscala Liliana Alcaraz, prácticamente está congelada.