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En diciembre del año pasado, la Junta Municipal de Quyqu­yhó aprobó por Resolución Nº 50 el pedido de interven­ción de la comuna, adminis­trada desde abril del 2018 por Patricia Corvalán, pareja del ex intendente de la misma ciudad y actual diputado, Esteban Samaniego, ante indicios de hechos de corrup­ción. Los ediles que piden la rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos de la municipalidad sufren represalias y no perciben sus respectivas dietas desde hace más de un año.

Según la auditoría que realizó la Consultora Saliec en enero del 2018, impulsada por los concejales municipales y por la jefa comunal interina de aquel entonces, Isidora Bení­tez (PLRA), no se documentó la utilización de los recursos por unos G. 10.000 millones de la administración Samaniego. Tanto el ex intendente como Corvalán son aliados políticos del investigado por corrupción en Paraguarí y presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas.

Entre las anormalidades que denuncian figuran, por ejem­plo, el desembolso por un tin­glado polideportivo que en realidad nunca se construyó, además de destinar millones de los recursos de Fonacide a cuenta de sus familiares, un docente y un policía. Asimismo, cuestionan la falta de presenta­ción de la ejecución presupues­taria del ejercicio 2017.

“Lo de nuestra dieta queda en segundo plano, es cierto, no cobramos desde diciembre del 2017, pero lo que quere­mos de verdad saber es qué se hizo con la plata”, manifestó la concejala Isidora Benítez. Por su parte, la presidenta de la Junta Municipal, Natividad Morel, señaló que existen gra­ves indicios de corrupción que deben ser aclarados de manera urgente. El presupuesto anual que recibe la Municipalidad de Quyquyhó es de G. 3.700 millones.

Patricia Corvalán, quien reemplaza a su pareja desde hace casi un año, fue acusada por parte de los concejales de planillera, ya que asiste cada 15 días a la comuna. Vive en Asunción y tampoco rinde cuentas a nadie de lo que hace de la plata de la municipalidad desde abril, según explicó la concejala Benítez.

Este hecho de planillerismo se confirmó cuando el 19 de diciembre del 2018, la fiscala Marlene González realizó un allanamiento en la Municipa­lidad de Quyquyhó y Corvalán brilló por su ausencia y nadie supo responder dónde estaba la jefa comunal. Llevaron en aquel entonces documentos y aparatos informáticos.

El pedido de intervención fue aprobado por los concejales colorados Adriano Duarte y Clementina Fernández, la edil liberal Isidora Bení­tez como también Natividad Morel y Dailys Claudelina Pereira, ambas del Unace (estos representantes son los que no cobran desde el 2017 la suma de G. 500.000 al mes).

Se abstuvo de votar por la propuesta de intervención la concejala Bernarda Domeck (ANR), mientras que no asistieron a la sesión y tam­poco justificaron su ausen­cia los concejales colorados Bernardo Cabrera, Gerardo Correa y Carlos Solís. Estos últimos sí perciben sus dietas con normalidad por obedecer la línea partidaria de la repre­sentante de Colorado Añetete, Patricia Corvalán.

El diputado Esteban Sama­niego, quien fue denunciado en marzo del año pasado por los concejales por millonario faltante durante su adminis­tración como intendente de Quyquyhó, es ahora integrante de la comisión de la Cámara de Diputados que investiga a municipalidades y resuelve intervenciones en casos de sos­pechas de corrupción.

Colegas suyos habían mani­festado que por ética debería renunciar a la comisión que integra.