POR JORGE TORRES ROMERO

La reciente contratación de los equipamientos para el suministro, instalación y ampliación de la red nacional de fibra óptica, efectuada por el Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y la Comunicación (Mitic) por un valor de US$ 12 millones, se basó en una supuesta “dependencia” tec­nológica que, sin embargo, carece de fundamentos téc­nicos, según expresan oferen­tes que debieron resignar su participación en el llamado.

De acuerdo a la denuncia efec­tuada en su momento por la firma Bullers SA, el pliego de bases y condiciones de la licitación convocada por el Mitic contenía requerimien­tos que no resultan, desde nin­gún punto de vista, técnica­mente indispensables, y que, en contrapartida, limitaban la libre concurrencia al cons­tituir las mismas trabas a la igualdad ya mentada, puesto que, eventualmente favorece­ría a una marca que “coinci­dentemente” era la única que podría cumplir con los reque­rimientos establecidos, ello en detrimento a otras firmas que, de igual modo, pueden garan­tizar calidad en la prestación del servicio e inclusive precios más convenientes.

En definitiva, la supuesta “dependencia tecnológica”, en realidad no existe y por otros motivos técnicos y eco­nómicos el Mitic intentó jus­tificar la millonaria compra, alegando incluso la necesidad de contar “en la brevedad posi­ble” con dichos equipamien­tos tecnológicos.

Todo esto hace suponer en realidad que el llamado a lici­tación pública bajo la moda­lidad subasta a la baja elec­trónica fue toda una farsa. Puesto que desde un prin­cipio se hubieran ahorrado todos los contratiempos que suponen una convocatoria si se efectuaba una compra directa arguyendo la “depen­dencia tecnológica”, teniendo en cuenta que se exigía la pro­visión de bienes específica­mente de la marca Huawei.

En efecto, en las Especifica­ciones Técnicas del llamado, textualmente se menciona que “Copaco actualmente cuenta con una red óptica nacional DWDM que une los puntos de Asunción – Cnel. Oviedo – Ciudad del Este y Encarnación, de igual manera, posee un enlace de Asunción a Mayor Infante Rivarola. Para todos los equipos son de marca Hua­wei, modelo O5N6800. Se requiere ampliación, actua­lización de los sitios actua­les de tal manera a soportar una capa eléctrica que pro­vea múltiples accesos cross-conectados y transportados por la capa óptica ya desple­gada, de tal manera a redu­cir el impacto en servicios y en la inversión de manera efi­ciente”.

Sin embargo, según expli­caron los denunciantes, la completa compatibilidad, la calidad y el rendimiento se pueden alcanzar con cual­quier otra marca, siempre y cuando se establezcan crite­rios adecuados de integración, lo cual no debería ser exclusi­vidad de una sola marca.

En cuanto a la capacitación del personal y que los mis­mos conozcan todos los por­menores del funcionamiento de los equipos actuales, es algo lógico, pero “de ninguna manera representa una ven­taja ni se puede garantizar que implique una disminu­ción de costos operativos con respecto a otras tecnologías”, insistieron.

En este caso, se requiere actualización de los equipos existentes, la cual responde a nuevas funcionalidades y nuevos equipos. “Es inconce­bible la manifestación de que el personal está previamente capacitado, pues no existe nin­guna certeza de que la actuali­zación de los equipos permita a los funcionarios operar los equipos en las mismas con­diciones como se encuentran actualmente”, agregaron.

En definitiva, la justificación del Mitic para la compra carece de argumentos técnicos y por tan solo dos ítems que repre­sentan menos del 2% del pro­yecto, se terminó por adjudi­car el 100% a una sola marca, en este caso Huawei.

El primer desembolso de US$ 2,4 millones, según las documentaciones del llamado se concretó final­mente el pasado 16 de enero del 2019. La licitación fue adjudicada el pasado 18 de diciembre del 2018, según Resolución Mitic N° 069 a la empresa Celexx SA, por un monto total de G. 71.820 millones, unos US$ 12 millo­nes. La otra oferente, SSD SRL, había ofertado el sumi­nistro por G. 71.840 millo­nes. La adjudicación se dio a conocer el mismo día en que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) comunicó la finali­zación del proceso de inves­tigación y el desistimiento de la protesta promovida por la firma Bullers SA.