La presidenta de Petropar, Patricia Samudio, desoyendo lo que establece un decreto presidencial que obliga a las instituciones del Estado a depositar sus recursos en el Banco Nacional de Fomento (BNF), decidió en forma unilateral transferir millonarios recursos en dólares a bancos privados. Casualmente, uno de estos es el GNB PGY, que recibió transferencias por cerca de US$ 20 millones en concepto de depósito por parte de la petrolera estatal, esta entidad también opera con la empresa Triqueta SA, propiedad de José Costa Perdomo, esposo de Samudio, y al que la firma debe unos G. 2 mil millones.

• POR JORGE TORRES ROMERO

A tan solo días de haber asumido la presidencia de Petropar, Patricia Samudio ordenó la transferencia de los fondos de la petrolera estatal que estaban depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a varias entidades bancarias privadas.

Samudio ordenó mover un total de US$ 43 millones a bancos privados, fondos que estaban depositados en el BNF de un total de US$ 123 millones. Los restantes US$ 80 millones siguen en el BNF. Uno de los bancos en los que se desvió la mayor cantidad de dinero, cerca de US$ 20 millones, es el banco GNB PGY, una de las entidades bancarias con la que opera la empresa Triqueta SA, cuyo principal accio­nista es José Costa Perdomo, actual esposo de la pre­sidenta de Petro­par y en donde la empresa fami­liar debe cerca de G. 2 mil millones.

Según el Decreto N° 5.402 de fecha 10 de junio del 2016, por el cual se reglamenta el artículo 210 de la Ley N° 5.554/2016 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2016” se establece que “todos los recursos institucio­nales de los organismos y entidades del Estado deberán ser depo­sitados, de manera gradual, en cuentas habilitadas o cajas de ahorro u otro instrumento financiero en el Banco Nacio­nal de Fomento...”.

La titular de Petropar ignoró este decreto presidencial, que sigue vigente, y ordenó la transferencia de recur­sos que estaban en el BNF a enti­dades bancarias privadas.

Las cuentas corrientes que figuran a nombre de Petropar en los demás bancos se van incrementado por los depó­sitos de los clientes, pero des­pués la institución está obli­gada a transferir al BNF.

Solo está permitido enviar dinero a otro banco como Itaú o BBVA cuando se debe asumir una factura del exte­rior. Es decir, la transfe­rencia de los fondos a bancos privados que realizó Samudio (US$ 43 millones) solo tenía justificación si iba a pagar a un proveedor internacional. En el caso del depósito de los US$ 20 millones a GNB no tiene justificación alguna, ya que dicha transferencia se realizó ya hace más de un mes y no fue para pagar a nin­gún proveedor internacional.

La empresa Triqueta SA, pro­piedad del esposo de Patricia Samudio, actualmente admi­nistra estaciones de servicios. Se dedica a la compra y venta de combustible, por ejemplo, operaba una estación Puma ubicada en Villa Elisa.

La empresa familiar de la titu­lar de Petropar tiene actual­mente una millonaria deuda. Por un lado, solo con el sistema financiero por valor de G. 26 mil millones, mientras que tam­bién acumula deudas con dis­tribuidoras de combustibles, entre las que figuran Copetrol, Monte Alegre, Gasur, Barcos y Rodados y otros.

El hecho llamativo en la deci­sión de Samudio de transfe­rir los recursos de Petropar, que estaban depositados en el BNF a bancos privados, se da en que coincidentemente los bancos como GNB, Regio­nal e Itapúa son los principa­les acreedores de la empresa Triqueta SA.

El caso de la venta de combus­tible de Petropar a bajo pre­cio a la empresa Monte Alegre SA, propiedad de la familia de Conrado Hoeckle, asesor económico “ad honorem” del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también genera mucha suspicacia.

Días antes de definirse la suba del precio del combustible, la empresa de Hoeckle retira 7,5 millones de litros de gasoil Tipo III de Petropar a un pre­cio de G. 4.363 el litro y dos días después se concretó la suba para el consumidor final en G. 5.230 el litro. Solo en una operación por la varia­ción de precio, Monte Ale­gre ganó US$ 1 millón, sin contar el margen de ganan­cia por la venta del combusti­ble. Encima accedió a la com­pra pese a tener una deuda de G. 31 mil millones con la petrolera estatal, además de un plazo de 15 días para pagar por el combustible retirado.

La coincidencia es que Tri­queta SA, empresa del esposo de la presidenta de Petropar, debe también millones a la empresa de Conrado Hoeckle por compra de combustible.

El senador colorado Antonio Barrios mencionó que es un insulto a la ciudadanía lo que ocurre en Petropar, que persigue a sus operadores, pero beneficia a los asesores del presidente Mario Abdo Benítez.

En conversación con la 970 AM, según publicó el diario HOY Digi­tal, el legislador Antonio Barrios dijo que es una barbaridad y una afrenta lo que está pasando en Petropar por defender intereses particulares antes que los del pueblo.

“Es una barbaridad el tema de Petropar. Existe un escandaloso pro­cedimiento y tratamiento del rubro combustible. Saltó el escándalo y se viralizó. Estamos sorprendidos que ocurra esto en una institución que la administración de Horacio Cartes dejó ordenada y con más de 160 estaciones propias, que hoy están en descontento”, precisó.

Dijo que esta situación es una afrenta a la ciudadanía, la cual se ve afectada de alguna u otra manera por el mal manejo de la adminis­tración de la actual titular Patricia Samudio. Barrios detalló que le informaron que Samudio tiene una deuda que ronda los G. 25 mil millones con varias firmas, entre ellas Monte Alegre-Imperial, que pertenece al asesor presidencial “ad honorem” Conrado Hoeckle, quien fue el beneficiado por la presidenta de Petropar. “Hay una mezcla de todo porque ella vino del sector privado y probablemente responde a otros intereses”, resaltó.

La titular de Petróleos Para­guayos (Petropar), Patricia Samudio, intentó desmentir que exista amiguismo en la empresa estatal, ya que con­firmó que antes de subir el precio del combustible ven­dió a precio más bajo un lote de 7,5 millones de litros a Monte Alegre SA, empresa que pertenece a la familia del asesor presidencial “ad honorem” Conrado Hoeckle.

Samudio confirmó que la firma Monte Alegre SA com­pró la mayor cantidad de combustible (7,5 millones de litros), pero alegó que todos los distribuidores tuvieron la oportunidad de surtirse antes de la suba de los com­bustibles, según publicó el diario HOY Digital.

Aseguró que en el mes de setiembre la empresa esta­tal también vendió a Ecop 6 millones de litros, a Puma 4 millones de litros y a BR 3 millones de litros.

“Le vendimos a Monte Ale­gre, BR, Puma y a otras dis­tribuidoras chiquititas. A los que no se les vendía era por facturas vencidas”, explicó.

La titular de Petropar señaló, en una entrevista con radio Monumental, que se trata de un negocio normal que siem­pre se ejecuta. “Lo que se trata de hacer es engañar a la ciudadanía. Petropar vende todos los meses a las empre­sas distribuidoras. Como un mes antes yo anuncié que íba­mos a subir los precios. Avi­samos a todos los operadores y el sábado antes de la suba abrimos los portones de la planta a los operadores. Ven­dimos al precio portón y no le negamos a nadie”, indicó.

Dijo que no hay información privilegiada para los que formen parte del círculo del presidente Mario Abdo Bení­tez, siendo que nadie sabía la fecha exacta del incremento del precio. “Cuando se tendrá una suba (de los precios) se les avisa a todos los operadores para stockearse; es un pro­cedimiento normal de venta y abrimos”, explicó.

Así también insistió en que no había marcha atrás en el incremento concre­tado y que además no fue sorpresivo para los com­pradores.