Tras el terrible derrumbe que se registró en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, donde perdieron la vida una abuela junto a su nieta, un concejal denunció que el municipio “hace la vista gorda” a los controles que se deben realizar previamente a la construcción. Instó a la junta a realizar una revisión de todos los edificios de la localidad.

Según el concejal Eduardo Florentín, la situación es crítica en la ciudad de Encarnación y se debe realizar controles a todos los edificios de la zona, ya sea que estén en proceso de construcción o ya estén recibiendo a turistas. Resaltó que este derrumbe fue criminal, porque se perdieron la vida de dos personas.

“Es evidente que cada uno construye lo que quiere en Encarnación porque el ejecutivo de la municipalidad hace la vista gorda al control. Estamos dolidos con lo ocurrido, pero esto tiene que servir para identificar a los responsables y que no vuelva a ocurrir. Esta es una irresponsabilidad del propietario y del constructor”, declaró Florentín, en entrevista con la 780 AM.

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Refirió que la firma constructora fue autorizada para construir un edificio de cinco pisos y que ya habían llegado al noveno. Aclaró que la situación iba a ser más grave si se terminaba y habilitaba para recibir a personas en temporada alta, que sería en época de verano cuando recibe a una importante cantidad de turistas del país y la región.

“Acá hay varios responsables directos, es un acto criminal lo que ocurrió y creo que es momento de impulsar desde la junta una revisión total de los edificios de la ciudad. Hoy seguro más de uno está preocupado si vive en un departamento de altura en Encarnación porque se evidencia que no se controla al que construye. Pudo haber sido más grave si se habilitaba así y estábamos en temporada alta”, indicó.

El edificio en construcción que colapsó el miércoles por la noche en el barrio San Roque de Encarnación, arrojando dos víctimas fatales, presentaba fallas en el diseño. Según el plano, presentado y aprobado por la municipalidad local, fue proyectado para cinco pisos, pero se habrían construido 9 lozas.

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Una grave denuncia se registró en la Municipalidad de Caaguazú, bajo la administración del intendente liberal José “Papu” Ríos, que, de acuerdo a medios locales, se trataría de un esquema de estafa que llevó al supuesto desvío de fondos de G. 400 millones de las arcas municipales. La denuncia apunta a funcionarios de la comuna, presuntos allegados al intendente Ríos, sobre el cobro en caja de inmuebles y posterior anulación de la operación para no dejar registro del cobro.

“Los concejales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de la Municipalidad de Caaguazú nos dirigimos a la ciudadanía en relación a la reciente denuncia pública que ha tenido eco en la prensa local, en la cual se señala el supuesto desvío de fondos provenientes de pagos por la compra de inmuebles municipales”, expresa un comunicado emitido por un grupo de concejales municipales, que solicita una profunda investigación del caso.

Para garantizar la transparencia de la administración pública, los representantes comunales instan a la ciudadanía local que haya realizado pagos por la adquisición de solares municipales a “acercarse a sus contadores para verificar la validez de las facturas expedidas por la Municipalidad y la correcta acreditación de sus pagos en el sistema Marangatu”.

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También solicitan la colaboración de los ciudadanos en el proceso para aclarar cualquier irregularidad, y “asegurar que los recursos municipales sean gestionando de manera honesta y eficiente”. Además, expresan el compromiso para garantizar los intereses de la comunidad y la adopción de medidas para garantizar la integridad en la gestión de los bienes públicos.

“Solicitamos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos denunciados y establecer las responsabilidades correspondientes. No toleramos actos de corrupción, ni prácticas que atenten contra el patrimonio municipal y el bienestar de nuestra comunidad. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el desarrollo de Caaguazú”, finaliza el comunicado de la bancada de la ANR de la Junta Municipal caaguaceña.

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La Policía Nacional de San Pedro del Paraná logró detener a un hombre que era buscado por un horrendo crimen que ocurrió en Buenos Aires, Argentina y será extraditado en las próximas horas. Además, realizaron dos allanamientos en búsqueda de otras dos personas que estarían involucradas en el crimen y que se presume que también están en el departamento de Itapúa.

Según el reporte policial Iván Giménez González, fue detenido en la vía pública en el distrito de San Pedro del Paraná. Este contaba con una orden de detención y extradición por estar vinculado a un caso de homicidio ocurrido en una vivienda en la ciudad de Recoleta. En el lugar una mujer fue encontrada muerta, atada de manos y pies, con una bolsa de plástico en la cabeza.

“Ahora se encuentra detenido en la comisaría primera y está a cargo del Juzgado que está realizando los trámites para la extradición. El detenido será extraditado a la Argentina y seguimos buscando a su hermana y a la pareja de esta, que estarían involucrados en el crimen”, detalló el comisario Javier Jiménez, en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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La detención del hombre se realizó mediante el operativo conjunto “Finis Unita” encabezado por el departamento de Antisecuestro y Antiextorsión, departamento de Interpol y el Ministerio Público. Posterior a la detención se realizaron una serie de allanamientos donde se incautaron de varios elementos que estaban relacionados con el crimen. El procedimiento fue dirigido por la agente fiscal Rocío Valdez y supervisado por el subcomisario Erwin Cáceres.

En el primer allanamiento, realizado a las 21:00 en la zona rural de Jagua Kua’i, se incautaron de una camioneta Renault Duster de color gris, documentos y un teléfono celular. Luego a las 23:44 horas, se realizó otro procedimiento en la casa de la familia de Iván donde se incautaron de ropa deportiva, una mochila negra y dinero en efectivo en diversas monedas.

El 7 de marzo de 2025, el marido de Magalí Levy, de 28 años, la encontró maniatada con una bolsa de plástico en la cabeza y ya sin signos de vida. La mujer fue asesinada luego de que dejó a sus dos hijos en la escuela y regresó a su casa, donde se encontró con los delincuentes quienes acabaron con su vida. Se presume que el hecho se reportó en medio de un robo domiciliario por lo que el caso es investigado como un homicidio en ocasión de robo.

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El cuerpo de un hombre identificado como Ricardo Martínez (44), que habría sido asesinado, fue encontrado frente al Hospital Regional de Encarnación. Se presume que el sujeto fue víctima de un ataque con arma blanca en la vía pública e intentó pedir auxilio, pero ya no pudo llegar hasta el sector de urgencias del centro asistencial, para ser asistido.

El hallazgo se produjo el sábado por la mañana y los intervinientes reportaron que el fallecido presentaba heridas en el tórax. Se dio a conocer un video de circuito cerrado donde se ve que el señor discute con una pareja y luego el desconocido le asesta varias cuchilladas en el costado del lado izquierdo. El herido se dirigía hacia el hospital en un intento de pedir que lo asistan, pero ya no resistió y cayó muerto en las inmediaciones del centro asistencial.

La Policía ya procedió a la detención de un hombre identificado como Miguel Antonio Delgado Torres (47) y una mujer de nombre Yesica Paola Sanabria Montiel (34) como responsables del hecho de homicidio. El presunto autor ya registra antecedentes por lesión corporal con arma blanca del año 1999 y un hecho de hurto del 2017. Así también la mujer tiene antecedentes por violencia familiar. Se incautó el cuchillo con el cual le ocasionaron la muerte al hombre.

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Según el informe policial, la aprehensión fue posible gracias a las imágenes facilitadas por un laboratorio de la zona y además se contó con apoyo de efectivos de la Comisaría 40° San Isidro, quienes localizaron a los sospechosos en la vía pública. Se menciona que la mujer incluso contaba con orden de captura por sus antecedentes judiciales.

Los detenidos fueron trasladados hasta la sede de la comisaría jurisdiccional para el procedimiento de rigor. Tomó intervención en el caso la agente fiscal Griselda González, quien dispuso que la mujer sea trasladada hasta la sede de la Comisaría 116° de mujeres, en tanto su acompañante permanecerá en la sede de la Comisaría 4° Barrio Potiy, ambos a disposición de la citada unidad fiscal.

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