Un documental realizado por dos fotógrafos paraguayos que muestra parte de la experiencia de las ollas populares organizadas durante la pandemia de COVID-19 logró ser seleccionado por la National Geographic Society.
“Tetã Japepo” se denomina el proyecto fotográfico sobre las ollas populares solidarias de Paraguay que llegó a ser seleccionado por la National Geographic Society. El trabajo fue elaborado en conjunto por Baro Brizuela y Juana Barreto, dos fotógrafos paraguayos que, a través de las imágenes que lograron captar, reflejaron la realidad detrás de las ollas populares.
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Brizuela comentó a Radio Uno que esta recopilación es fruto del seguimiento que hicieron al trabajo de la Articulación Bañadense de Ollas Populares, conformado por varias mujeres quienes durante la etapa más dura de la pandemia organizaron distintas iniciativas para dar de comer a cientos de familias.
La idea fue dejar un registro sobre esta noble labor y exhibir la realidad que vivían estas personas, además de generar un debate sobre la situación que se vivió, mencionó.
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El trabajo fue presentado en noviembre del año pasado a la National Geographic que había realizado una convocatoria a nivel mundial dirigida a periodistas, fotógrafos y audiovisualistas, con el fin de conocer cómo enfrentaron la pandemia en sus respectivos países. Ya en diciembre, recibieron la noticia de que el documental había sido seleccionado de manera oficial, siendo motivo de alegría para ambos autores.
“Es una historia que merecía ser contada y que se conozca no solo acá en Paraguay sino en todo el mundo”, expresó Brizuela. El documental y las fotografías compiladas como parte de este proyecto pueden visualizarse en la página tetajapepo.com.
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Investigan en el Este posibles negociados de Prieto en provisión de alimentos
Un equipo de tres fiscales de la Unidad de Delitos Económicos de la capital, integrado por Marlene González, Néstor Coronel y Luz Guerrero, realizó esta mañana tres allanamientos de sitios vinculados a la investigación de posibles negociados en la provisión de alimentos en pandemia y también en la perforación de pozos artesianos.
Se trata de causas abiertas contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Una de las intervenciones fue en el barrio San Roque, de Ciudad del Este, en Paraná Perforaciones y una despensa que se encuentra al lado de la citada empresa. Los fiscales Luz Guerrero y Néstor Coronel estuvieron en esos sitios.
La intervención realizada “guarda relación con kit de alimentos de subcomisiones que habrían hecho ayuda a familias de escasos recursos, en la época de la pandemia”, dijo el fiscal Néstor Coronel, durante uno de los allanamientos a la despensa.
Agregó que, “con estas diligencias estamos levantando elementos que vayan construyendo las hipótesis fácticas que tenemos dentro de la investigación”.
“Lo que vinimos a buscar son facturas, recibos de pagos, documentaciones de hechos que se habrían tornado irregulares y que puedan ser entendidos como tal o, para descartar cualquier situación que pueda ameritar una investigación penalmente relevante”, manifestó el fiscal Coronel, confirmando que llevan documentos.
También estuvieron en Paraná Perforaciones en la investigación de entrega de aportes municipales entregados a subcomisiones de apoyo para la construcción de pozos artesianos.
En Presidente Franco, la fiscal Marlene González, allanó un local de la empresa FASV Import Export, que guarda relación con supuestos negociados en aportes de dinero a subcomisiones de apoyo para entrega de alimentos para ollas populares.
De este lugar no se llevaron nada y la propietaria María Fátima Sartorio fue quien recibió a los intervinientes. Dijo que nunca participó de provisiones para ollas populares. El caso tiene que ver con la denuncia realizada por la Contraloría Ciudadana y entre los documentos de prueba está una factura de FASV Import Export.
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Siete meses sin ollas populares: organizaciones exigen entrega de provisiones para comedores
Representantes de organizaciones que tienen a su cargo la administración de comedores comunitarios realizaron una manifestación frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para reclamar que hace siete meses no reciben provisiones para las ollas populares.
En esta ocasión se movilizaron referentes de varias articulaciones de Asunción, Central y Paraguarí además de algunas comunidades indígenas para solicitar la entrega de los insumos necesarios para la elaboración de la comida que beneficia a centenares de personas en situación de vulnerabilidad.
“Hace siete meses que venimos sin recibir insumos y acá estamos no solamente de la articulación de ollas populares, estamos de la red por los derechos de la alimentación que está Conamuri, la comunidad indígena de Yukuty, Carayaó, Patria Nueva, son varias organizaciones las que estamos acá”, señaló María Denis, de la articulación de ollas populares al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
No saben qué pasó del presupuesto
La mujer se quejó que no haya una información precisa desde la institución sobre la falta de entrega de los kits de alimentos. “En realidad no nos dicen nada, ellos no nos notifican nada, no nos cuentan nada. No sabemos qué pasa con el presupuesto este año, no sabemos absolutamente nada”, lamentó. Ante los insistentes reclamos solo reciben evasivas y las reuniones no han prosperado entre las partes, conforme expresó.
“El ministro Tadeo Rojas hasta hoy día desde que asumió jamás nos ha recibido como organización. Los que nos han recibido siempre fueron los técnicos, la viceministra de Desarrollo Social, el viceministro de Economía y Finanzas, pero ellos no tienen respuesta alguna para nuestra problemática”, indicó.
La dirigente social aclaró que nunca recibieron dinero en efectivo como parte de la ayuda estatal sino que netamente alimentos no perecederos cuyo kit contiene 14 ítems. Las mercaderías incluyen paquetes de arroz, harina, poroto, locro, entre otros, aunque criticó que “todos de malísima calidad”. “Siempre hemos recibido insumos de mala calidad y no en cantidad”, afirmó.
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Prieto dio plata para ollas populares a leales ligados con disco-constructora
Funcionarios leales a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, no solo aparecen ligados a una discoteca que facturó por construcciones a la comuna esteña, sino que también recibieron fondos municipales para la supuesta realización de ollas populares durante los meses más complicados de la pandemia. Llamativamente, declaraban realizar las entregas en el mismo día que recibían los fondos.
- Unidad de Investigación Nación Media
- investigacion@nacionmedia.com
Denuncia número 39 contra Miguel Prieto Vallejo, intendente de Ciudad del Este, quien sigue sumando causas en su contra por la comisión de supuestos hechos irregulares al frente de la comuna esteña.
Ayer, representantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este entregaron en Fiscalía una denuncia por los supuestos hechos de asociación criminal, producción de documentos no auténticos y otros hechos.
La denuncia señala que se detectó “la conformación de subcomisiones vecinales para solicitar la suma de G. 311.580.000″, siendo estas comisiones integradas por un solo grupo familiar.
En particular, hacen referencia a dos subcomisiones encabezadas por la pareja Lumma Magdalena Silva Battochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales funcionarios de la comuna esteña.
Quiroga Cañete es director de vivienda de la municipalidad, mientras que Silva Battochi cumple funciones en esa misma dirección. La funcionaria aparece ligada también a la firma SCDE SA, empresa constructora que recibió millonarios contratos con la comuna pero que antes era una discoteca en el Alto Paraná.
COMISIONES CREADAS EN PARALELO
Quiroga Cañete aparecía como presidente de la comisión de apoyo a voluntarios de ollas populares de Ciudad del Este, mientras que Silva Battochi aparece encabezando la subcomisión de apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este.
El 10 de junio de 2020, ambas comisiones solicitaron su reconocimiento ante la comuna esteña, lo que consiguieron en apenas unas horas. Ese mismo día, ambas solicitaron el desembolso de dinero, supuestamente para realizar ollas populares y otro tipo de apoyos a los sectores menos favorecidos de la capital del Alto Paraná. En ese entonces, Paraguay afrontaba los meses más duros del confinamiento por la pandemia de coronavirus.
El 30 de diciembre de 2020, el entonces director de Desarrollo Social, el actual concejal Sebastián Martínez, solicitó se inicie el proceso de pago a ambas comisiones, utilizando rubros excluidos de la ley 2051 (de Contrataciones Públicas).
TODO EN UN MISMO DÍA
La subcomisión de apoyo a ollas populares, presidida por Quiroga Cañete, recibió G. 155 millones. Para justificar la recepción de ese dinero se presentó una única factura de la firma FASV Import Expor de María Fátima Sartorio Vanni. Casualmente, la factura tenía ya fecha del 30 de diciembre de 2020.
La factura menciona la entrega de 1.700 kg de carne (no se especifica qué tipo), cantidad 3.000 bidones de aceita de 900 ml, 3.000 paquetes de fideos de 5 kg, cantidad 3.000 paquetes de arroz de 5 kg, no se mencionan las marcas. No se anexó al expediente donde fueron entregados los insumos adquiridos, como fueron distribuidos dichos insumos entre los organizadores de ollas populares. Es decir, el pedido de desembolso y el pago se realizaron en cuestión de menos de 24 horas.
DELIVERY SUPERRÁPIDO
Por su parte, la subcomisión de apoyo a voluntarios organizados de Ciudad del Este, encabezada por Silva Battochi, recibió G. 156 millones. Al igual que la otra subcomisión, el pedido de desembolso se realizó el 30 de diciembre de 2020. Ese mismo día recibieron los fondos y ese mismo día realizaron pagos –supuestamente– a la firma FASV Import Expor.
La empresa, beneficiada por ambas subcomisiones, declaró que realizó 7.215 raciones de comidas por valor de G. 12.000. Sin embargo, este destino se hizo figurar recién en la factura de la empresa y no aparecía en la solicitud de la comisión.
UN MISMO ENTORNO FAMILIAR
De acuerdo a los documentos que acompañan la denuncia, las subcomisiones no solo estaban ligadas por sus respectivos presidentes, sino que todo se movía en un entorno familiar cercano.
Juan Quiroga Cañete era presidente de la subcomisión de apoyo a voluntarios de ollas populares. Como tesorera aparecía Mirta Elizabeth Batochi, su suegra, y madre de Lumma Magdalena Silva Battochi, quien a su vez era presidenta de la subcomisión de apoyo a voluntarios organizados, donde tenía como vicepresidente a Denis Rodrigo Quiroga Cañete, su cuñado y hermano de Juan Quiroga.
Laura Beatriz Cañete, también hermana de Juan Quiroga, aparecía como prosecretaria de la comisión encabezada por Silva Battochi (su cuñada).
“CONSTRUCTORA”
Esta no es la única denuncia en la que aparece mencionada Lumma Silva Battochi. Ella y una hermanastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021.
En 2021, la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.
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Detectan “graves saqueos” y documentos de contenido falso en gestión de Prieto
Con la firma de diez personas, la Contraloría Ciudadana presentó esta mañana ante el Ministerio Público una nueva denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos. Es la acción número 39 contra el jefe comunal esteño.
La unidad No. 11 a cargo de la fiscal Julia González es la que salió sorteada, pero si se repite lo ocurrido con las denuncias anteriores, pasará a la Unidad Especializada contra Delitos Económicos de Asunción.
“Una vez que accedimos a los expedientes de las subcomisiones que supuestamente trabajaron en pandemia para repartir víveres y proveer insumos para ollas populares, hemos detectado graves saqueos y producción de documentos de contenido falso, porque ninguno de los insumos, ninguna de las ollas populares recibió esos alimentos”, manifestó el abogado Víctor Enriquez, patrocinante de la acción.
La causa planteada se centra en un esquema en la que documentaciones de supuestos aportes a dos subcomisiones de ollas populares fueron fraguadas, porque todas tenían la misma fecha, sin que se hayan cumplido con los procedimientos legales correspondientes.
“No podemos adivinar, pero como somos técnicos y entre nosotros hay varios entendidos en la materia, material y físicamente es imposible que la municipalidad haya entregado los cheques, que las subcomisiones hayan averiguado los precios en diferentes lugares como indica la ley y hayan adjudicado la compra a la empresa FASV, de Fátima Sartorio, a la media mañana y a la tarde ya están almorzando. En una misma fecha se hizo todo”, refirió el abogado Enriquez. Remarcó que “los alimentos no se entregaron”.
La denuncia detalla que las dos subcomisiones involucradas están presididas por Juan Esteban Quiroga en una y por su esposa Lumma Silva Batochi en la otra, además de familiares de los mismos en ambas organizaciones. Las dos personas son mencionadas como funcionarios municipales.
Los denunciantes sostienen que, además del jefe comunal, “Sebastián Martínez Insfrán es el cabecilla de todo esto, todas las documentaciones fraguadas, fotos de abril de 2020 que él mismo firmó, vuelve a agregar en la rendición de cuenta de su secretaría de acción social en diciembre de 2020″, sostuvo Víctor Enriquez, tras ser presentado el escrito a la fiscalía.
Martínez Insfrán fue director de desarrollo social de la comuna en ese tiempo y hoy es concejal municipal por el movimiento de “Yo Creo”. Enriquez dijo que están investigando si Juan Esteban Quiroga no es primo del citado concejal.
“El solicitante de recursos es Sebastián Martínez y los supuestos voluntarios que celebraron en una misma fecha, con una misma caligrafía, dos actas, solicitud de aportes, resolución de aportes, cheques, factura emitida por FASV, todo secuencialmente organizado” manifestó.
“Por eso decimos que existe una organización criminal jerárquicamente organizada que responde a Miguel Prieto, Sebastián Martínez, funcionarios de la municipalidad y los que vendieron sus facturas”, apuntó Enriquez.
Finalizó diciendo que “en diciembre de 2020 ya no había ollas populares, ya se habían levantado todas las restricciones, es un fraude”.
Quiroga se presentó ante la Fiscalía
El denunciado por la Contraloría Ciudadana como uno de los supuestos integrantes del esquema dirigido desde la comuna de Ciudad del Este, Juan Esteban Quiroga, se presentó a la fiscalía de Ciudad del Este y se acercó al abogado Víctor Enriquez a preguntar sobre la denuncia.
Consultado por La Nación/Nación Media, dijo que fue a interiorizarse de la denuncia y negó que esté involucrado en un esquema de fraude.
Indicó que él y su esposa ya no son funcionarios municipales y confirmó que fueron integrantes de las subcomisiones de apoyo, pero que todo está documentado.
“Como era pandemia, no se podía salir de la casa, no se podía conformar las comisiones, entonces se hicieron en el transcurso del año y se pagaron al final del año, eso es lo que se hizo, prácticamente se trabajó adelantado y se pagó después”, refirió Quiroga.
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