La Cámara de Senadores volvió a posponer el tratamiento de los proyectos relacionados a sanciones más severas por la invasión de propiedad privada. Esta vez por 22 días. A pedido de la senadora Lilian Samaniego, el pleno de la Cámara Alta aprobó la postergación de los tres proyectos que contemplan penas más drásticas por la invasión de inmuebles ajenos.
Uno de ellos es el que modifica el artículo 142 de la Ley N° 1.160/97, Código Penal y su modificatoria Ley N° 3.440/2008″, presentado por los Senadores Antonio Barrios y Sergio Godoy. El que, individualmente o en concierto con otras personas, sin consentimiento del titular, ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años.
Lea más: Sismo de magnitud 7,1 con epicentro en Acapulco sacudió al centro de México
Cuando la invasión en el sentido del inciso anterior se realizará con el objeto de instalarse en él o con daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena será privativa de libertad de hasta diez años.
Otro proyecto postergado es el que modifica el artículo 142 de la Ley 3.440/2008, Que modificó el artículo 142 de la Ley N° 1.160/1997″ ódigo Penal”, presentado por los senadores Enrique Riera, Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen.
Aquí se modifica la tipificación de las invasiones, actualmente catalogadas como delitos, que con la propuesta se convierten en crímenes.Además, se dispone elevar las penas carcelarias: hasta seis años y hasta 10 en caso de que se produzca un daño patrimonial. Actualmente son de hasta dos años o multa.
Lea más: ¡Ven, siéntate y vuela!
Finalmente, el proyecto que modifica el artículo 98 de la Ley N° 1863/2002, que establece el Estatuto Agrario”, presentado por los Senadores Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen, Sergio Godoy.
El planteamiento suspende los subsidios a las personas sobre quienes pese una o más imputaciones por parte del Ministerio Público por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno, y hasta la completa desvinculación del proceso que se sigue al afectado a través de cualquier salida procesal prevista en la legislación vigente.