La Cámara de Senadores volverá a incluir en la sesión ordinaria del jueves, el proyecto que propone elevar las penas carcelarias por invasión de propiedad privada.
En la reunión de la Mesa Directiva realizada este lunes, se elaboró el orden del día de la próxima sesión ordinaria. Entre los puntos resaltantes figura el proyecto de ley por el cual se modifica la tipificación de las invasiones, actualmente catalogadas como delitos y que con la propuesta se convierten en crímenes.
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Además de la tipificación, también propone elevar las penas carcelarias: hasta seis años y hasta 10 en caso de que se produzca un daño patrimonial. Actualmente las penas son de hasta dos años o multa. Este planteamiento ya había sido incluido el jueves pasado, sin embargo, el pleno decidió postergar el estudio por ocho días.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Limitada expresa su apoyo total al planteamiento. En la misma línea se pronunció la parcialidad Aché de Puerto Barra-Tapy, Alto Paraná.
Otro proyecto en común es el que modifica el artículo 98 de la Ley del Estatuto Agrario, en donde se estipula la suspensión de cualquier tipo de subsidio del estado a personas que estén procesadas por invasión de inmueble ajeno. La Junta Municipal de Santa Rita declaró de interés distrital el tratamiento de ambos proyectos.
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Peña consensuará con senadores de Honor Colorado la reforma del Servicio Civil
El presidente de la República, Santiago Peña, y los senadores del movimiento Honor Colorado se reunirán este jueves, a las 17:00, para abordar el proyecto de ley “De la función pública y de la carrera del Servicio Civil”. La propuesta forma parte de las principales reformas impulsadas por el gobierno del economista y apunta a la jerarquización del funcionario público.
“Hoy al término de la sesión extraordinaria del Senado, tendremos una reunión de bancada para las 17:00 con el presidente para escuchar sus orientaciones sobre este proyecto”, indicó el senador Derlis Maidana, titular de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo.
Dijo que el citado órgano asesor prevé la realización de una audiencia pública “para que los gremios vengan a ratificar su conformidad o su desacuerdo con algunos puntos del proyecto de ley. Veremos si tratamos la reforma antes de fin de año, realizaremos pedidos de informes, pero básicamente hay un acuerdo importante”.
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La iniciativa en sus articulados hace mención a lo que tiene que ver con el ámbito de su aplicación, estabilidad laboral, evaluación de desempeño, derechos colectivos, carrera del servicio civil y contrato de empleo público.
El documento final fue presentado el pasado 16 de setiembre por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos al Congreso Nacional tras una serie de diálogos con representantes de diversos sectores como gremios, centrales de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, empresarial, entre otros.
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Senadores echados no tienen posibilidades “jurídicas y electorales” de retornar al PLRA
El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, defendió la constitucionalidad de la convención realizada el pasado 3 de marzo, ocasión en la que se decidió la expulsión de cuatro senadores de la principal agrupación opositora. Agregó que el proceso fue desarrollado respetando el estatuto bajo formalidades y rigores, razón por la cual descarta el retorno de los congresistas.
“Intención creo que evidentemente la tienen (retornar al partido), pero con los informes jurídicos que nos pasan los apoderados del PLRA, de como están las acciones impulsadas por ellos ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, no creemos que tal posibilidad sea real. La sanción al final fue política por sus inconductas, pero en lo jurídico y electoral tampoco vemos posibilidades de que puedan ser reincorporados”, indicó a la 1020 AM.
Las afirmaciones de Fleitas surgen ante las constantes manifestaciones de los legisladores Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera y Édgar López, quienes aseguran que retornarán a la agrupación política. Los parlamentarios fueron expulsados por un lapso de 20 años, además de la prohibición de utilizar cualquier distintivo, como símbolos, colores y polcas referente al PLRA.
“En todos estos años se han dado situaciones similares de sanciones a los correligionarios que se han alejado de la línea del partido, del estatuto y la Constitución Nacional, han sido sancionados por la convención, pero el caso de estos senadores fue la primera vez en que se han realizado los actos previos con las formalidades y los rigores que necesita una situación como esta, de notificarlos y darles la posibilidad de la legítima defensa”, sostuvo.
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El exgobernador de Cordillera afirmó que: “La convención fue totalmente documentada y bien realizada. Los informes también señalan que ellos cometieron errores en las presentaciones de sus acciones ante la Justicia Electoral como por ejemplo han presentado sus solicitudes de reincorporación sin patrocinio de sus abogados”.
Dentro de los motivos para apartarlos del Partido Liberal argumentaron que los tres senadores acompañaron la pérdida de investidura de la exlegisladora Kattya González. Esto, además de la adherencia de los ahora expulsados a determinados proyectos de ley como la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
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Cañicultores quedaron conformes con modificaciones a proyecto de biocombustibles
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley “de fomento al consumo de alcohol absoluto y alcohol carburante”. Las correcciones realizadas a la iniciativa fueron satisfactorias para los cañicultores, quienes desconvocaron las movilizaciones que tuvieron lugar en varios puntos del país.
“Ellos están de acuerdo y quedaron muy contentos. Estuve con ellos esta tarde y ya están volviendo a sus casas, creo que el diálogo reinó hoy y es lo que todos queremos para seguir trabajando. Estuvimos hablando con algunos senadores que participaron de la reunión explicándoles y queremos que ellos aprueben así como remitió la Cámara de Diputados”, dijo el gobernador de Guairá, César Sosa.
Lo aprobado este martes por la Cámara Baja establece que para el 2025, las naftas menores a 97 octanos deberán contener un mínimo del 30 % de alcohol anhidro, porcentaje que se incrementará al 32 % una vez alcanzado el 2030. Cabe mencionar que la versión aprobada por el Senado contemplaba un contenido mínimo del 35 % de alcohol anhidro para el 2030.
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“Creo que con esas modificaciones se va a producir más alcohol, la mezcla va a subir al 30 %, lo que quiere decir que vamos a tener 15 millones de litros más que producir tanto alcohol de caña como de maíz y eso es lo que queremos, mercado para que todos los productos puedan comercializarse y seguir avanzando a lo largo del país”, explicó el jefe departamental a La Nación/Nación Media.
El gobernador destacó la apertura tanto de los productores como del presidente y vicepresidente de la República, Santiago Peña y Pedro Alliana respectivamente, del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, entre otras autoridades que permitió que se llegue a un consenso respecto a esta iniciativa.
“Agradezco mucho al ministro Javier Giménez por escuchar, por atender a los productores, creo que ese es el camino que deben seguir las autoridades y estamos contentos de que se haya podido llegar a un acuerdo y se haya podido levantar las movilizaciones que hacían los productores. La predisposición del presidente y vicepresidente fue una gran garantía para los cañicultores”, aseguró.
Otras modificaciones
La iniciativa dispone que el Ministerio de Industria y Comercio podrá disminuir o aumentar el porcentaje, en caso de que las condiciones climáticas u otros factores afecten considerablemente la oferta del alcohol.
También contempla que los organismos del Estado deberán adquirir vehículos livianos y utilitarios con tecnología flex fuel o E85 (Etanol 85 %) hasta alcanzar en el año 2028, la transformación de al menos el 50 % (cincuenta por ciento) de su parque automotor. El proyecto fue remitido nuevamente al Senado para su estudio.
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Cañicultura: ministro recomienda no fijar por ley un cupo de preferencia definitivo
Un grupo de cañicultores se moviliza en Asunción para exigir la aprobación del proyecto que modifica la ley 5444/2015 de fomento de consumo del alcohol absoluto y alcohol carburante, que pretende establecer un cupo preferencia a la caña de azúcar en la producción de alcohol; sin embargo, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, explicó el contexto, la problemática y las posibles alternativas para sacar adelante la producción de caña de azúcar.
Ante todo, enfatizó en que el MIC hará cumplir la ley vigente en cuanto a la preferencia, pero señaló que la modificación pretendida no tiene en cuenta todos los factores, y que pretende limitar a a la cartera de Estado. “Los cañicultores están reclamando que en el ministerio se establezca un mínimo de cupo de compra al alcohol que ellos producen a base de la caña de azúcar. Ya existe una ley que establece en un artículo una suerte de preferencia, pero no establece porcentajes exactos ni mecanismo para que el MIC defina esa preferencia”, expresó Giménez en conversación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Falta productividad
Giménez comentó que la actividad de la cañicultura está atravesando por momento no tan bueno, debido a que el rendimiento que tiene Paraguay en la producción de caña de azúcar no es adecuado. “La principal problemática radica en la falta de mayor inversión en tecnología que pueda elevar la productividad”, dijo.
Por dar un ejemplo, el ministro indicó que un cañicultor de Brasil cosecha el doble que uno paraguayo, lo cual es una realidad y ante esta situación es que no pueden competir con la producción local de etanol a base del maíz, que sí es un rubro más dotado de tecnología y altos rendimientos. Respecto al proyecto de ley que busca la modificación, ya con media sanción en el Senado, explicó que pretende delimitar esa preferencia y los mecanismos, pero inició una disputa entre el alcohol con base caña de azúcar y el alcohol base maíz.
El ministro comentó que justamente se pretende cumplir la ley de darle preferencia a la caña de azúcar, mediante una resolución ministerial, adaptando a las situaciones pues cada año es diferente, además del factor precio, calidad, zafra. Mientras que el proyecto de ley intenta limitar a la cartera la potestad de establecer por cuenta propia tales preferencias.
Regla de libre mercado
Giménez expuso un posible escenario que, si como se pretende con el proyecto de establecer un cupo del 50 %, pero que operen pocas empresas y el precio se dispare. Esto conllevará a obligar a Petropar a comprar alcohol a un precio muy distorsionado, más alto, y finalmente se traducirá en el consumidor final.,“Hay que tener mucho cuidado con estos proyectos de ley, porque está la regla de libre mercado, y si bien nosotros apoyamos incentivos a la industria y ciertos sectores, hay que hacerlo con cuidado. Vamos a hacer cumplir la ley de la preferencia, pero se debe agregar otros factores”, remarcó.
En este sentido, el titular del MIC señaló que se debe trabajar conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, de modo a propiciar las condiciones en cuanto a lo relacionado a la asistencia para que los cañicultores ganen mayor eficiencia en la producción. Se necesita de políticas que doten de tecnología, maquinarias, abonos para que eleven su producción en el campo.
Una alternativa a todo este contexto, podría ser la apertura de mercado, ya que la producción actual de etanol tanto de caña de azúcar como de maíz, duplica la necesidad de mezcla de estos biocombustibles con el combustible fósil que usa Paraguay. Entonces, una salida es la exportación, pero se debe trabajar en todo ya que son varios factores.