Actualmente el Código Penal establece penas privativas de libertad de hasta 30 años y otros diez en concepto de garantía, totalizándose 40 años como pena máxima en Paraguay.
Sin embargo, hoy se trató en Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar los artículos 38 y 126 del Código Penal para aumentar las penas.
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El plan inicial es de 70 años. Aseguran que el secuestro en el país y en el mundo constituye una violación a la libertad individual que socava los derechos humanos.
El artículo 38 se refiere a la duración mínima que es de seis meses. En el 126 se plantea incrementar de 15 a 50 años a la persona que con la intención de obtener para sí un beneficio patrimonial privara a otro de su libertad.
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Sentencia de 28 años de prisión
El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regional de Capitán Bado, representó al Ministerio Público en el juicio oral en el que Elvio Ramón Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado a 28 años de pena privativa de libertad por la comisión del hecho punible de feminicidio. El hombre tenía prohibición de acercarse a la víctima por una denuncia de violencia familiar.
Según los antecedentes de la causa, Quiñónez mató a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capitán Bado. El hombre había llegado a la vivienda de la mujer efectuando varios disparos que impactaron en la víctima que resultó con heridas. Ella ingresó a la casa para refugiarse, luego perdió fuerzas y cayó al suelo, donde falleció.
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Rebeldes secuestran en Colombia a dos investigadores de la Fiscalía
Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades este sábado.
Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcionarios junto a “una acompañante” el viernes, en una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Las dos mujeres y el hombre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín este sábado.
Según los disidentes los investigadores “fueron sorprendidos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición además de dispositivos electrónicos para recopilar información”.
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“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condiciones de seguridad para su liberación”, añadió la organización que rechazó entregar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un histórico pacto de paz.
La Fiscalía condenó “vehementemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas. El gobierno de Gustavo Petro intenta negociar de nuevo las paz con los disidentes desde hace más de un año en medio de dificultades para llegar a acuerdos.
Una serie de ataques contra civiles y la fuerza pública en medio de una tregua pactada a finales del año pasado colmaron la paciencia del presidente.
Los diálogos empezaron a diluirse el 17 de marzo, cuando el gobierno decretó el fin del cese al fuego bilateral en tres departamentos del suroeste del país tras el asesinato de una líder indígena por parte de los rebeldes.
El martes apartó de los diálogos al comandante rebelde alias Iván Mordisco, en un esfuerzo por salvar la política de “paz total” con la que busca desactivar el conflicto de seis décadas por medio del diálogo con los principales grupos armados.
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En 2022 la inteligencia militar calculaba el pie de fuerza del EMC en unos 3.500 combatientes. La organización controla rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Colombia vive un conflicto armado de seis décadas que ha dejado 9.5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
Fuente: AFP
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CDE: un hombre secuestra a su expareja y la obliga a transferir millonaria suma
Este jueves, una mujer fue secuestrada por varias horas por su expareja en Ciudad del Este, quien la obligó a pagar más de G. 20 millones para que sea liberada. Tras pagar la fuerte suma de dinero la víctima recuperó su libertad y el hombre fue detenido por los agentes de la Policía Nacional.
Según el reporte policial, el hecho se reportó esta tarde luego de que la mujer identificada como Ivonne Franco, de nacionalidad brasileña, fue obligada a subir a su automóvil y llevada por el hombre identificado como Gustavo Alfonzo. Mientras estaba en el rodado ella discutió con el hombre y esto fue comunicado al hijo de la mujer que dio aviso a la comisaría.
Horas más tarde, la misma fue liberada y afirmó que tuvo que realizar una transferencia de G. 23 millones, de los 30 millones que pedía el hombre para dejarla en paz. Hace unas semanas la mujer rompió su relación con esta persona, pero no aceptaba la ruptura. “El caso posiblemente será caratulado como secuestro y violencia familiar”, afirmó el comisario Mariano Sosa, en C9N.
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Agregó que se trata de un hecho grave, porque al convertirse en un secuestro y sumada a la violencia se atenta contra la vida de la víctima. “Ella fue alzada en su vivienda y su hijo fue quien comunicó sobre el caso. La mujer estuvo secuestrada por casi dos horas y el secuestrador pidió que no estuviéramos en zona de la vivienda para liberarla”, refirió.
Afirmó que ellos se retiraron y finalmente el hombre volvió a la vivienda con la mujer, cuando ya estaban dentro de la misma lograron capturar al hombre. “La mujer está bastante asustada atendiendo a la situación”, confirmó. El detenido permanece detenido y ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.
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Líder del clan Rotela seguirá en prisión hasta el 2046
El Ministerio Público logró este jueves unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.
De acuerdo al informe emitido por la institución fiscal, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046. Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.
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Ante las diligencias realizadas por el Ministerio Público, representado por la agente fiscal de Ejecución, Celia Beckelman; la jueza de Ejecución Penal, Sandra Kirchhofer, aplicó los alcances de la “pena unitaria”, sumando las sentencias definitivas por los hechos punibles atribuidos y acusados al líder criminal Armando Javier Rotela Ayala.
La condena de 19 años de cárcel fue por posesión y tráfico de drogas aplicada por un Tribunal de Sentencia en fecha 17 de marzo del 2020. En tanto, la condena de 8 años de cárcel por posesión y comercialización de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego fue aplicada por un Tribunal de Paraguarí, el 7 de enero del 2021.
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