En una audiencia de aceptación de cargos presentaron las 29 cajas halladas en la vivienda del ciudadano alemán procesado por pornografía infantil, a fin de elaborar una pericia técnica y determinar si hay más elementos que sustenten la investigación.
La fiscal María Irene Alvarez, encargada de la investigación de pornografía infantil, explicó que en la audiencia de aceptación de cargo pretende poner a disposición del juzgado los elementos recabados durante un allanamiento realizado a la propiedad del ciudadano alemán, con quien vivía la niña desaparecida en Emboscada.
“Es para el estudio y análisis técnico de las evidencias incautadas, para determinar si dentro de las cajas hay otros elementos que puedan servir de sustento a la investigación de pornografía en niños y adolescentes”, comentó la fiscal en comunicación con Gen.
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El plazo para la presentación del requerimiento conclusivo en esta investigación va hasta el 23 de julio, por lo que ya quedan pocas.
El abogado Max Narváez dice estar muy tranquilo y a la vez ansioso que esta causa sea elevada a juicio oral, día que para él “será una fiesta”, ya que demostrará que el Ministerio Público no tiene forma de sustentar su acusación.
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Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy
Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
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Procesan a un hombre por amenaza a niños y violación de la patria potestad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Suman los casos de amenazas proferidas contra menores de edad en medio de peleas y batallas judiciales por violencia familiar. La fiscal Analía Rodríguez imputó a un hombre por coacción grave y violación de la patria potestad, luego de amenazar con arrojarse al río junto a los tres hijos menores de su pareja. El procesado está detenido, a disposición de la Justicia.
El antecedente del caso indica que, el pasado partes 19 de noviembre de 2024, a las 20:00 aproximadamente, el imputado llegó en su motocicleta hasta la vivienda de su concubina, en el km 9 Acaray, de Ciudad del Este. Al no encontrar a la mujer, decidió llevar a los tres menores, con edades de 2 a 6 años.
Previamente, se comunicó por teléfono con la madre de los niños, a quien le dijo en guaraní: “ndéiko ejúta” (vos vas a venir), y recibió una negativa por parte de ella, quien le explicó que no había cobrado aún su salario.
Ante esto, el hombre reaccionó violentamente haciendo una amenaza: “bueno, ya que no me respetas, vas a saber, agueraháta la mita kuéra ha ajepoíta ype hendive kuéra” (voy a llevar a los niños y me tiraré al agua con ellos).
Tras cortar la llamada, la madre intentó nuevamente comunicarse con él, pero fue atendida por una persona desconocida, quien le indicó que solo había prestado su celular al hombre.
Luego, la mujer recibió un mensaje de su hijastro, a través de WhatsApp, quien le informó que su concubino se encontraba a bordo de su motocicleta con los tres niños y que les había reiterado la misma amenaza. Ayer fue localizado y detenido por agentes policiales en la vía pública del km 10 Monday.
Los tres niños fueron rescatados en buen estado de salud. Fueron inspeccionados por un médico forense y asistidos por una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, para la contención psicológica respectiva. La fiscal Analía Rodríguez solicitó al Juzgado de Garantías convertir en prisión la detención del procesado, considerando la gravedad de sus actos.
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Abuso sexual: pillan a hombre con arresto domiciliario tomando cerveza en un shopping
Una persona que fue beneficiada con arresto domiciliario en el marco de un proceso penal por supuesto hecho punible de abuso sexual en niños estaba tomando cerveza en un conocido Shopping, ubicado en la ciudad de San Lorenzo.
De acuerdo al video que circuló por redes sociales, se observa un hombre sentado en el patio de comidas del centro comercial cuando viene una mujer y comienza a denunciar el caso de abuso sexual y por ende el sujeto que estaba con una gorra de inmediato se retiró del sitio.
La persona que denunció este hecho irregular sería la hermana de la víctima del abuso por lo que las autoridades judiciales deben intervenir en el caso. La familia exige que el hombre sea enviado a prisión, y que la Fiscalía tome las medidas contra el mismo.
En este tipo de casos, la Justicia debe revocar la prisión domiciliaria del denunciado y se debe decretar la prisión preventiva, atendiendo que el mismo habría violado una de las disposiciones que el juzgado de Garantía le impuso para ser beneficiado con el arresto domiciliario.
En caso de que se haga lugar a este pedido, el imputado tendrá que volver a la cárcel de Tacumbú a la resulta del presente proceso penal.
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Régimen cerrado es clave para dar estabilidad al sistema penitenciario, afirman
Actualmente son dos los centros penitenciarios en los que está habilitado el régimen cerrado, ellos son el penal Martín Mendoza de Emboscada y el de Minga Guazú, a donde se destinan a las personas privadas de libertad con alto perfil criminológico y guardan reclusión en celdas individuales, sin contacto con los demás.
“El régimen cerrado especial es necesario para mantener o tratar de mantener la calma y demostrar el interés del Estado porque cambien las cosas dentro del sistema penitenciario que tan golpeado estuvo dentro de los últimos tiempos”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.
Mencionó que a casi un año de la implementación de este régimen, varios representantes legales han accionado apuntando a que sus clientes pasen al régimen ordinario, pero de acuerdo al entendimiento del Poder Judicial, este sistema especial se adecua a las normas vigentes y es necesario para el ordenamiento penitenciario.
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“En el régimen cerrado especial hay una capacidad para 82 personas de alto perfil, son celdas individuales, está destinado para aquellos con altas condenas o ligados al crimen organizado, personas que no se adecuan al sistema ordinario o que dentro del mismo son líderes dentro de esa penitenciaría y tienen a un grupo importante alrededor”, detalló.
El viceministro señaló que las personas de alto perfil no demuestran una predisposición a cumplir con los reglamentos de un centro penitenciario, por lo que son destinados a dicho régimen hasta que ellos mismos puedan tener las características para formar parte del régimen ordinario. Benítez indicó que se realizan evaluaciones por el organismo criminológico para determinar si son aptos o no para cambiar de régimen.
“Creo que para cualquier persona sería duro, más todavía para ellos que hacían lo que querían, seguían con sus operaciones desde las penitenciarías, estas personas nunca demostraron interés en dejar de cometer hechos punibles”, recalcó. Cabe destacar que la capacidad de reclusos de los dos centros es para 1.237 personas y cuentan en total con ocho pabellones.